El resto sigue negociando las condiciones

Sólo siete CCAA han firmado el convenio con Hacienda que debe poner en marcha las ayudas directas para autónomos

Sólo siete de las 17 comunidades autónomas han devuelto firmado a Hacienda el convenio de las ayudas directas destinadas a los autónomos. La mayoría continúa negociando aspectos y condiciones. La administración avisa de que esto podría retrasar la concesión de los fondos. 

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Sólo siete CCAA han firmado el convenio con Hacienda que debe poner en marcha las ayudas directas para autónomos

Una semana después de que el Ministerio de Hacienda enviase a las comunidades autónomas el convenio que recoge los detalles de la colaboración entre el Gobierno central y los territorios para la concesión de las ayudas directas a autónomos y pequeños negocios, solo siete de ellas han devuelto el documento firmado a la Administración. Fuentes oficiales del Ministerio aseguraron que únicamente han recibido la aprobación de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, la Comunidad Valenciana, Asturias y Galicia.

La tardanza de las comunidades en enviar este convenio firmado a Hacienda se debe a que la mayoría aún está negociando puntos del documento con el Ejecutivo. Según los responsables de tramitar las ayudas en siete autonomías consultadas por este medio digital que aún no han enviado el documento firmado, "hay ciertos apartados como el del control semanal, deberían modificarse o plantearse de otra forma para facilitar su gestión". Otras están aún ampliando los sectores beneficiarios.

No obstante, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, "espera que a lo largo de estos días su departamento siga recibiendo los convenios firmados" y no concibe que haya alguna comunidad que lo deje sin suscribir. Lo que sí explicaron fuentes internas del ministerio es que "cuanto más tarden en enviarlo, más tarde se convocarán y, por tanto, se ralentizará inevitablemente la concesión de los fondos". Una vez que Hacienda reciba el documento firmado, el Ejecutivo cuenta con un plazo de diez días para transferirles la parte de los 7.000 millones de euros que les haya sido asignada para distribuir el dinero entre los negocios afectados por la crisis.

Estas siete comunidades autónomas que ya han firmado el convenio serán las primeras en recibir los recursos para ayudar a los autónomos de sus territorios: a la Comunidad de Madrid le corresponden 679.287 millones; a la Comunidad Valenciana, 647.081 millones; a Asturias, 107.765 millones; a Extremadura, 106.466 millones; a Castilla-La Mancha, 206.342 millones; a Castilla y León, 232.560 millones y Galicia, 234.470 millones de euros.

Muchas se quejan de los excesivos trámites para la concesión de ayudas

Algunas de las comunidades autónomas que aún no han enviado el documento firmado al Ejecutivo aseguran que siguen "negociando con el Gobierno algunos puntos con los que no están de acuerdo". Entre ellos, los más repetidos son la estricta burocracia para la tramitación de las ayudas, y las ampliación de los beneficiarios para incluir a los autónomos de los sectores que se habían quedado fuera de la convocatoria.

La ampliación de los sectores que pueden solicitar las ayudas directas era uno de los principales clamores tanto entre las organizaciones más representativas del colectivo como entre los propios trabajadores por cuenta propia. Por ello, el Gobierno central aprobó hace apenas una semana la modificación del Real Decreto-ley 5/2021 que permite a las comunidades autónomas, en base a las circunstancias particulares de su territorio, ampliar el número de autónomos que podrán acceder a las ayudas directas. Según la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, "se delegará en las CCAA la decisión de incorporar nuevos sectores afectados por la crisis de la pandemia a estas ayudas en las áreas que se hayan visto especialmente afectadas en su territorio".

La primera en hacerlo, aunque con dinero propio y sin esperar a los fondos del Gobierno, ha sido al Comunidad de Madrid, que abrirá el próximo 1 de mayo el plazo de solicitud que permitirá a los más de 25 CNAES excluidos del Real Decreto-ley del Ejecutivo, optar a ayudas a fondo perdido de entre 3.000 y 200.000 euros en función del tamaño y la afectación del negocio. La Comunidad va a sumar 220 millones de euros a las partidas del Gobierno para dar cabida a los trabajadores por cuenta propia cuyas actividades no estaban incluidas en las subvenciones estatales.

Exhaustivo control semanal de la documentación

El Gobierno delegó en las comunidades autónomas la concesión de las ayudas directas que aprobó a mediados del pasado mes de marzo. No obstante, el Ministerio de Hacienda ha establecido un estricto control sobre el reparto de estos recursos que no será fácil de cumplimentar para todas las CCAA. Los Gobiernos autonómicos deben cruzar sus datos semanalmente con la Agencia Tributaria para que dé su visto bueno y se pueda proceder a la concesión.

El intercambio de una información tan exhaustiva no es una tarea fácil para las comunidades. De hecho, varios de profesionales internos encargados de esta gestión  en los distintos territorios españoles señalaron a este diario digital que "recabar semanalmente esa cantidad de documentos supondrá mucho tiempo y podría colapsar las administraciones". Así lo expresó también el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, quien criticó el sistema puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda: "es un procedimiento muy antiguo e impropio de una Administración que presume de que va a digitalizar España". 

"La Agencia Tributaria tiene las competencias para habilitar una línea de control directa. Que seamos las CCAA las encargadas de enviar semanalmente la información de los solicitantes de las ayudas, y esperar como mínimo otros siete días para recibir la respuesta de Hacienda retrasará mucho las cosas", añadió Fernández-Lasquetty. Algo con lo que coincide la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), quienes aseguraron, además, que delegar en las CCAA el reparto de las ayudas "sólo ralentizará la concesión de las mismas", explicó su director ejecutivo, Ángel de la Fuente.

Por su parte, la consejera de Economía de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, explicó que "la clave para agilizar este intercambio de datos con Hacienda es la informatización de los datos. Las CCAA debemos digitalizar toda esta información a través de una plataforma electrónica en la que que los solicitantes vuelquen todos los datos que requiere el Ministerio. De esta forma, los cruces semanales de información con la Administración no requerirían una carga adicional en la gestión de estas ayudas".

Que sean ayudas finalistas aumenta los trámites

Uno de los requisitos recogidos en el Real Decreto-ley 5/2021 es que las ayudas directas aprobadas en el Gobierno tienen carácter finalista. Esto significa que al autónomo se le exige el cumplimiento de un determinado objetivo. Concretamente, y según el artículo 1.1, el dinero irá dirigido a "satisfacer la deuda y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos por los autónomos y empresas considerados elegibles.” 

Según la directora del trabajo autónomo de la Junta de Andalucía, Susana Romero, el hecho de que las ayudas sean finalistas las hace "poco ágiles e imposibles de automatizar. Tras abrir la convocatoria, quedará gestionar miles de solicitudes de beneficiarios, y millones de euros en fondos, y para que eso se lleve a cabo de forma efectiva deben ser ayudas directas, no finalistas", añadió.

Esa es también una de las peticiones más importantes que hizo la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), en el marco de sus diez propuestas de enmienda para que más autónomos puedan cobrar las subvenciones. Según ATA, que las ayudas dejen de ser finalistas no sólo daría más margen a los autónomos para utilizar el dinero en los fines que consideren oportunos, sino que también serviría para que las administraciones autonómicas puedan tramitar más fácilmente las ayudas. "No haría falta presentar recibos, acreditar determinados requisitos previos, pedir todas las facturas, mirar su orden, o comprobar de qué contrato provienen".