Topar el precio de los alimentos básicos como propone Díaz arruinaría a los autónomos de las tiendas de barrio

La vicepresidenta del Gobierno y responsable del área de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha agendado varias reuniones con las asociaciones representativas de los grandes supermercados para acordar la puesta en marcha de un precio máximo de venta en los principales productos de consumo básico. La intención de la vicepresidenta y ministra de Trabajo sería fijar una cesta de la compra "básica" topando hasta 30 artículos durante los próximos meses para paliar los efectos de la inflación. Una medida que preocupa en distintos ámbitos, especialmente el pequeño comercio, a los supermercados de barrio que ya están asumiendo grandes sobrecostes y que tendrían también que bajar precios para no perder a sus clientes.

El anuncio no ha tardado en desatar polémicas, ya que este tope no sólo supondría un límite a la ley de la oferta y la demanda, sino que además podría amenazar la supervivencia de "miles" de autónomos y pequeños comerciantes al frente de tiendas de alimentación, según denunció la Confederación Española del Comercio (CEC). Es cierto que la medida que está barajando el Ministerio de Trabajo iría sólo dirigida a las grandes superficies. Sin embargo, los comerciantes creen que, de ponerse en marcha, obligaría a los autónomos y comercios de proximidad a bajar sus precios para equipararlos a los de los supermercados. Éstos tienen poder para negociar con los intermediarios tarifas muy bajas por lo que, si se aprobara un precio fijo para ciertos alimentos, sus márgenes tendrían más capacidad para aguantar. No es el caso del pequeño supermercado de barrio que compra los productos básicos a mayor coste porque no puede ofrecer volumen de venta. Si quisiera mantener la clientela y poner sus precios al mismo nivel que los grandes supermercados, sus márgenes se reducirían muy considerablemente.

El Gobierno tiene claro que los precios de las materias primas, la electricidad  o los carburantes van a seguir aumentando este otoño. Para evitar que las empresas repercutan estos sobrecostes en la cesta de la compra, pretende poner un máximo "en el precio de 20 o 30 productos básicos", según explicó Díaz. Estos artículos aún no están especificados, pero previsiblemente sean algunos como huevos, leche, carnes o frutas. Topar estos precios, aunque sólo sea en las grandes superficies, también afectaría a los fruteros, panaderos, carniceros, pescaderos o dueños de ultramarinos, porque tendrían que tomar una difícil decisión: dejar marchar a muchos de sus clientes o rebajar sus precios, reduciendo todavía más sus beneficios.

Miles de autónomos verían amenazada su supervivencia si se topara el precio de la cesta de la compra

La idea de la vicepresidenta sería que en el inicio del curso político se consiguiera algo similar en la alimentación al actual tope del gas. Sin embargo, según explicaron desde la CEC, de salir adelante, "esta iniciativa atentaría directamente contra el comercio de proximidad al ejercer un efecto llamada sobre las personas consumidoras para comprar en las grandes cadenas en detrimento del comercio de proximidad que no puede competir en márgenes ni asumir los costes".

Aunque la medida sólo fuera dirigida a grandes superficies, los pequeños comerciantes podrían verse afectados de dos maneras distintas. En primer lugar, la pérdida de clientela atraída por el anuncio del Gobierno y consciente de que en los supermercados pagará menos por los mismos productos que en la tienda de su barrio. En segundo lugar, la mayoría de autónomos se verían obligados a paliar esta pérdida de clientes reduciendo el precio de sus productos lo que produciría una considerable merma en sus márgenes. Mucho más que en las grandes superficies.

El problema, según la CEC, es que estos pequeños comercios no tienen el margen ni los recursos que sí tienen las grandes superficies - cuyos pedidos se hacen en grandes volúmenes-, para reducir los precios de los productos básicos.

Tendrían que reducir todavía más sus márgenes para no perder clientes

Los márgenes son de por sí el principal problema que amenaza la supervivencia de los comercios más pequeños. Estos negocios compran la mayoría de las veces los productos en volúmenes muy pequeños, por lo que tienen que adquirir el mismo artículo que un supermercado a un coste mucho mayor. Si a esto, se añadiera que las grandes superficies rebajaran todavía más los precios, los autónomos verían aún más mermadas sus ganancias para poderse poner a la altura de la competencia.

Según recordó la CEC, el comercio de proximidad está compuesto por "empresas familiares. Somos conocedoras de primera mano de la difícil situación que atraviesan muchos hogares españoles, por lo que llevamos rebajando márgenes y conteniendo precios desde hace meses, pero la solución para ayudar al consumidor no debe pasar en ningún caso por una medida que perjudique directamente al comercio de proximidad”, señaló Rafael Torres, presidente de la confederación.

El anuncio llega en el peor momento para el comercio por lo que afectaría al empleo

Este anuncio llega además en un momento especialmente complicado para el comercio de proximidad, que viene soportando durante meses el desorbitado aumento de sus costes fijos (costes energéticos, alquileres, etc.) y de sus costes variables ante el alza del precio de los productos. "Respetamos la competencia y libre mercado, pero entendemos que un acuerdo con las grandes distribuidoras supondría para los formatos más pequeños una pérdida de empleo enorme y pondría en riesgo la continuidad de miles de comercios", concluyeron desde la CEC.