Los inspectores proponen reformar impuestos locales que generan "inseguridad jurídica" a los autónomos
Los Inspectores de Hacienda Local presentaron el pasado jueves y viernes su libro blanco para una reforma fiscal "integral" de los tributos municipales, como pueden ser la conocida plusvalía, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), la tasa de basuras y hasta el Impuesto de Tracción sobre Vehículos a Motor, más conocido como Impuesto de circulación.
Los autónomos son uno de los colectivos que más soportan los impuestos municipales, no sólo a la hora de pagar la conocida tasa de basuras por sus negocios, sino también el IBI de los locales que tienen muchas veces en propiedad y especialmente la plusvalía a la hora de venderlos. Según denunciaron los propios inspectores y distintos expertos consultados por este diario, los tributos municipales generan una importante litigiosidad por "la inseguridad jurídica" con la que están regulados: todos estos impuestos están recogidos en una sola norma -la de Haciendas locales- que tiene que regular el conjunto de los tributos de gestión local y municipal.
La inseguridad jurídica afecta a los ayuntamientos que se ven en la obligación de interpretar la ley pero especialmente a los autónomos y demás contribuyentes, "que han tenido que recurrir constantemente a los juzgados para aclarar la aplicación de algunos impuestos que estaban aplicándose mal, como la polémica plusvalía. Esto no sólo supone grandes costes procesales, sino que además es un riesgo porque el juez puede fallar tanto a favor como en contra, como ocurrió con la plusvalía. Al no haber una ley clara, la interpretación es muy amplia y el resultado impredecible", explicó José María Salcedo, abogado del despacho Salcedo Tax Litigation.
Tanto es así que, según los inspectores locales estos impuestos municipales como la plusvalía o el IBI se regulan en apenas cinco o seis artículos cada uno, llegando al extremo de la nueva tasa de basuras, que tendrán que regular por primera vez todos los ayuntamientos en base a un solo artículo. Por el contrario, sólo el Impuesto de Sociedades ya está regulado en más de 300 artículos.
Plusvalía e IBI, los impuestos municipales que más litigiosidad generan entre los autónomos
Según los inspectores de Hacienda, la escueta regulación de los impuestos locales da lugar a una inseguridad jurídica que afecta a todos: los ayuntamientos, los inspectores y, por supuesto, los contribuyentes.
Esto se vio especialmente con la polémica generada a partir de 2021 con el impuesto de plusvalía. Los tribunales entendieron en aquel momento que la base para el cálculo se estaba aplicando mal y que, por lo tanto, los autónomos y demás contribuyentes estaban pagando más impuestos de los que deberían.
La sentencia en octubre de 2021 del Tribunal Constitucional anulando el diseño de este tributo vino precedida de otras sentencias del máximo intérprete de la Carta Magna en 2019 y 2017. Tras ello, el Gobierno publicó el Real Decreto-Ley de 8 de noviembre del mismo año por el que se formula la nueva arquitectura del IIVTNU, que "solo ha creado nuevas incertidumbres. . A ello hay que sumar los problemas de la nueva regulación: la estimación directa de la base imponible del impuesto plantea numerosos interrogantes, es de gestión compleja y no resuelve la manera de valorar los inmuebles", explicaron los inspectores
Del mismo modo, según los expertos, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles es uno de los que más reclamaciones genera. Cada ayuntamiento establece su propio método en base a algunos parámetros generales para calcular la revalorización del valor de los inmuebles.
Otros impuestos municipales como el de circulación que también generan inseguridad
La plusvalía y el IBI no son los únicos impuestos que generan inseguridad jurídica en su aplicación. Según los inspectores, el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica -IVTM, más conocido como impuesto de circulación- ha protagonizado en los últimos meses una oleada de sentencias por la existencia de ‘paraísos fiscales’ desde hace más de 20 años: deslocalizaciones ficticias e ilegales de vehículos de grandes ciudades a municipios periféricos para abonar una cuantía menor
Finalmente, los inspectores advierten de los problemas que va a generar la novedosa ‘Tasa de Basuras’, que va a ser de obligatoria aplicación para todos los municipios por vez primera en la historia en materia de tasas. Este tributo se encuentra regulado en un único artículo y según los expertos, de no ser reformada, la tasa de basuras supondrá un "grave quebranto para las arcas públicas al abocar a los entes locales a un desarrollo reglamentario sujeto a la extraordinaria inseguridad jurídica que sufre un tributo que sufragará un gasto próximo a los 3.000 millones de euros anuales en España".
El problema es que esta tasa debe cubrir lo que genera cada persona física y jurídica en basura, el coste de la recogida y reciclaje pero también del gasto en mantenimiento del vertedero y otros como el suministro eléctrico. A esto se suma además que se establece que no puede superar el coste del servicio pero tampoco ser deficitaria.
Cada ayuntamiento tiene que calcular todos estos costes sin una referencia clara, por lo que el importe podría ser muy distinto dependiendo de la zona en la que resida el contribuyente.
