Abogados, procuradores y graduados sociales protestan porque el Gobierno no soluciona la huelga de Justicia
Los colegios de abogados, graduados sociales y procuradores de Madrid se han unido para protestar contra la inacción del Gobierno ante la huelga de funcionarios en la Administración de Justicia. Así se lo han comunicado a Pilar Llop, ministra de Justicia, a través de una carta a la que ha tenido acceso este diario en la que se repasan los graves perjuicios que estos profesionales –la mayoría de ellos, autónomos- están sufriendo por la paralización de los tribunales.
“Conscientes de sus denodados esfuerzos, le pedimos de forma urgente dar una solución al conflicto laboral que, a fecha de hoy, persiste con los funcionarios de Ia Administración de Justicia, la que está generando un profundo malestar social y unas pérdidas económicas incalculables a ciudadanos y profesionales”, afirmaron.
Según reclamaron los abogados, graduados sociales y procuradores, la solución a la huelga de funcionarios que lleva meses colapsando la Justicia pasa, “de modo inexorable, por un esfuerzo suplementario para activar la negociación que ponga fin al conflicto que padecemos. Somos conscientes de que siempre hay que ceder en aras de lograr una confluencia de intereses, lo que obliga a desarrollar una conducta especialmente activa para alcanzar dicho objetivo”, afirmaron los profesionales.
Los abogados, procuradores y graduados sociales denuncian las consecuencias de la paralización de la Justicia
La huelga de funcionarios de Justicia está multiplicando el trabajo de los autónomos, que en muchos casos no están cobrando por su trabajo debido a que mantienen acuerdos de comisión con sus clientes. “En las cuentas de consignación se están reteniendo miles de millones de euros debidos a la sociedad y a los profesionales”, afirmaron.
En este contexto, los abogados, procuradores y graduados sociales pidieron a la ministra de Justicia que tenga en cuenta “acordar entre los servicios mínimos establecidos aquellos que se refieran a la emisión de mandamientos judiciales y gestión de las cuentas de consignación.” Es decir, aquellas de las que dispone la Justicia para depositar las cantidades exigidas por los jueces.
“El perjuicio al justiciable es evidente y notorio, pero, si grande es éste, también lo es el daño causado a los profesionales, generando importantísimas pérdidas de tiempo -están llegando a doblar sus jornadas laborales habituales- y, en consecuencia, graves perjuicios económicos. Ni los profesionales jurídicos ni la sociedad a la que todos servimos con un espíritu constructivo común merecemos la prolongación de esta situación”, afirmaron en la carta remitida a Pilar Llop.
El colapso sigue afectando a la Seguridad Social, según los graduados sociales
En paralelo a la paralización de la Justicia, fruto de la huelga de funcionarios que lleva extendiéndose varios meses, los graduados sociales han constatado cómo, desde la llegada de la pandemia, la Seguridad Social también está sufriendo un colapso que dilata muchos de los trámites que los autónomos tienen que realizar con la Administración, a pesar de las medidas anunciadas por el Gobierno en los últimos meses.
Tal y como explicaron a este medio, el retraso en los trámites necesarios para acceder a las prestaciones por jubilación o para modificar una baja por incapacidad temporal por una permanente está generando graves problemas para los autónomos y negocios. En muchas ocasiones, los trabajadores por cuenta propia han llegado a permanecer varios meses sin ningún tipo de ingreso después de su retiro.
En este contexto, los graduados sociales aseguran que tienen que recurrir, en numerosas ocasiones, al favor personal de los directores provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de determinados funcionarios para resolver las gestiones de los autónomos y negocios.
