La Seguridad Social también tiene problemas en algunas bajas

Los graduados sociales alertan sobre el colapso en la tramitación de las jubilaciones de los autónomos

Los graduados sociales avisan del colapso que está sufriendo la Seguridad Social en algunos trámites, como la pensión de jubilación. Esta situación está provocando graves consecuencias para los autónomos y negocios.
Los graduados sociales alertan sobre el colapso para tramitar las jubilaciones de los autónomos.
Los graduados sociales alertan sobre el colapso para tramitar las jubilaciones de los autónomos.
Los graduados sociales alertan sobre el colapso en la tramitación de las jubilaciones de los autónomos

Los trámites necesarios para que los autónomos accedan a sus prestaciones por jubilación o incapacidad temporal están complicándose cada vez más debido al colapso de la Seguridad Social. Así lo reconocieron a este diario los graduados sociales, que identificaron estas gestiones como dos de las que más problemas están generando desde la pandemia.

Tal y como explicaron, el retraso en los trámites necesarios para acceder a las prestaciones por jubilación o para modificar una baja por incapacidad temporal por una permanente está generando graves problemas para los autónomos y negocios. En muchas ocasiones, los trabajadores por cuenta propia han llegado a permanecer varios meses sin ningún tipo de ingreso después de su retiro.

Se trata de una situación que comenzó a agravarse durante la pandemia, cuando se decidió el cierre de las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Tal y como confirmaron los expertos, el problema aún no se ha solucionado, más de tres años después, debido a que el Ministerio no ha solventado el sistema de gestión de citas ni ha estructurado correctamente las plantillas, en medio de una oleada de jubilaciones entre el funcionariado del ente público.

En este contexto, los graduados sociales aseguran que tienen que recurrir, en numerosas ocasiones, al favor personal de los directores provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de determinados funcionarios para resolver las gestiones de los autónomos y negocios.

Los retrasos sobre las pensiones y la incapacidad permanente están generando sobrecostes en los negocios y autónomos

  • Los retrasos en la gestión de la jubilación afectan en mayor medida a los autónomos

Tal y como resaltaron los graduados sociales a este diario, uno de los trámites que está generando mayores problemas en la Seguridad Social es la gestión de las prestaciones por jubilación. Especialmente, en el caso de los autónomos, que en ocasiones deben justificar con más información que los asalariados los datos necesarios para el cálculo de sus prestaciones.

En este sentido, María Antonia Oliva, presidenta del Consejo Autonómico de Graduados Sociales de la Comunidad Valenciana, reconoció a este medio que “hay muchos procesos que ya se han automatizado.” Sin embargo, “en el caso de los autónomos, donde hay que valorar ciertos datos más complejos, el proceso se está dilatando muchísimo.”

“Sobre todo, en los casos donde los trabajadores por cuenta propia han desarrollado su actividad en distintos regímenes -pluriactividad- o, de manera circunstancial, en el extranjero durante una fase de su trayectoria laboral”, añadió, en la misma línea, Eva Torrecilla, presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid.

Tal y como relató Eva Torrecilla, los retrasos en la gestión de la jubilación están llegando a alcanzar los cinco meses. Durante este tiempo, “las personas que se jubilan tienen que tirar de sus ahorros o pasarlo mal. Luego se reciben todos los atrasos, pero mientras tanto han tenido que estar subsistiendo sin salarios ni prestaciones”, explicó.

  • Los retrasos en la gestión de la incapacidad permanente están generando grandes sobrecostes a los negocios

Otra de las consecuencias que el colapso del INSS está generando en los negocios tiene que ver con el reconocimiento de las bajas por incapacidad permanente. Durante el tiempo en el que se dilate este proceso, las empresas siguen obligadas a pagar las cotizaciones a la Seguridad Social de sus asalariados que permanezcan de baja por incapacidad temporal.

“Los procesos que están automatizados, como la prestación por maternidad, se resuelven enseguida. El problema está cuando hay un pequeño problema con alguna solicitud. Están resolviendo en el límite del plazo, sobre todo en los casos de la incapacidad permanente. En algunos casos, el trabajador llega a estar dos años de baja por incapacidad temporal. Mientras el negocio sigue haciéndose cargo de las cotizaciones”, explicó María Antonia Oliva.

Además, la congestión en la Seguridad Social está propiciando, en algunos casos, que existan “muchas altas que se dan después de la revisión. Son gastos que está asumiendo la empresa, tanto por alargar el periodo de baja como porque después se reincorpora a un trabajador que no está en condiciones”, expresó la presidenta del Consejo Autonómico de Graduados Sociales de la Comunidad Valenciana.

La gestión de las citas y la escasa comunicación con la Seguridad Social son las principales causas del problema, según los graduados sociales

Para los graduados sociales, el origen de los graves retrasos que la Seguridad Social está experimentando en la gestión de algunos trámites se encuentra en la pandemia. Entonces, el Gobierno decidió cerrar al público las oficinas del INSS, y requerir una solicitud de cita previa para poder realizar cualquier tipo de diligencia con la Administración.

Sin embargo, tres años después, este sistema de citas, sumado a las jubilaciones de parte del funcionariado de la Seguridad Social, no ha mejorado en absoluto. “Tanto los beneficiarios como los profesionales no podemos consultar las dudas. Hay veces que tienes algunas que se podrían solucionar fácilmente, pero no obtenemos respuesta. Esto genera que no se presente correctamente el expediente, haya que hacer modificaciones y el proceso se dilate demasiado”, explicó a este diario María Antonia Oliva.

En el mismo sentido, la presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid valoró que las mayores dificultades se están encontrando en aquellas provincias con mayor número de trabajadores o de personas a punto de jubilarse. “La solución que están dando es que todo se contesta, pero en un plazo que no se sabe. En ocasiones, una simple duda o modificación se tarda cinco o seis meses en resolver”, afirmó.

Ante esta situación, Eva Torrecilla expresó la necesidad de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tome medidas para subsanar estos problemas. “Los directores provinciales saben lo que está pasando y tratan de ayudar en todo lo posible, lo que pasa es que los medios que tienen son los que son. No se termina de solucionar nada, porque la situación es la que es, y quien decide al final es el Ministerio, que lleva otro planteamiento diferente”, concluyó.