Los economistas afirman que las medidas para frenar la crisis en Portugal son mejores que en España
En un momento en que se están tramitando los Presupuestos Generales del Estado tanto en España como en Portugal, los economistas de ambos países han constatado algunos contrastes entre las medidas adoptadas por uno y otro gobierno para paliar la escalada inflacionista, así como las grandes diferencias en política fiscal y en cuanto a perspectivas de inflación, gastos y deuda pública.
Según Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas (CGE) de España, "nuestros vecinos portugueses están blindándose de cara a un próximo endurecimiento de las reglas fiscales por parte de la UE –previendo reducir sustancialmente el déficit y la deuda, fundamentalmente por la disminución de importantes partidas de gasto–, a la vez que están activando medidas valientes para paliar los efectos de la inflación –incluyendo a los pensionistas en el pacto de rentas– y para aliviar la pérdida de poder adquisitivo de las familias –deflactando las tarifas en renta–, a la vez que está implementado incentivos fiscales para atraer capital e inversiones".
Sin embargo, continuó Pich, en nuestro país el escenario es bien diferente, con una previsión de déficit y deuda elevados para 2023; un pacto de rentas que parece no llegar nunca –y del que ya han quedado excluidas las pensiones–; y con una negativa del Gobierno a deflactar el IRPF, a lo que hay que sumar la creación de nuevas tasas –a la banca, a las eléctricas, a las grandes fortunas– que pueden desincentivar la inversión, manteniendo además impuestos obsoletos como el de patrimonio".
Las organizaciones de economistas de España y de Portugal, el Consejo General de Economistas de España y la Ordem dos Economistas de Portugal han celebrado hoy el IX Seminario Ibérico de Economistas, en un acto en el que se ha dado cita un número importante de profesionales de ambos países y en el que se ha tratado la especial coyuntura económica y energética por la que atraviesan ambos países en el entorno europeo. El acto ha constituido un marco de reflexión y análisis sobre el panorama general de ambas economías ahora que están en trámite de aprobación los presupuestos generales de los dos países. Asimismo, se ha abordado el papel de las Instituciones Fiscales Independientes (IFIs) de la Unión Europea, así como el desarrollo de las comunicaciones intrapeninsulares y con el resto de Europa, en general, y en el actual panorama de crisis energética.
Medidas económicas de España vs. medidas económicas de Portugal
Esta edición del seminario coincide con el proceso de tramitación de los Presupuestos Generales de uno y otro país, ocasión que se ha aprovechado para repasar las medidas contenidas en unos y otros, así como para obtener una visión general de las economías ibéricas en un momento especialmente delicado de escalada inflacionista a nivel global y encarecimiento energético.
En este sentido, durante la sesión se ha puesto en valor el esfuerzo realizado en los presupuestos generales portugueses para intentar contener el déficit –del 1,3% del PIB en 2022 a una previsión de alrededor del 0,7% del PIB para 2023– y la deuda pública –del 115% del PIB en 2022 a un 110% del PIB para el año que viene–, así como las medidas que ha implementado el país vecino con objeto de paliar los efectos de la inflación –pacto de rentas que contempla un aumento salarial del 5,1% anual y una subida de las pensiones en torno al 4% de media–, y de aliviar la pérdida de poder adquisitivo de las familias –deflactando todos los tramos de renta en el mismo porcentaje que está previsto que aumenten los salarios (5,1%)–. Los economistas asistentes al seminario también han valorado positivamente algunos de los incentivos que se han establecido en Portugal para atraer capital e inversiones, como el programa de residencia no habitual (NHR), que ofrece exenciones de impuestos sobre los ingresos durante los primeros diez años de estancia
Unas medidas que, según los representantes del Consejo General de Economistas (CGE) –el presidente del CGE, Valentín Pich, y el director de Relaciones Internacionales del CGE, José María Casado– y del Instituto de Estudios Económicos (IEE) –el director del IEE, Gregorio Izquierdo–, “contrastan con las incluidas en el proyecto de Presupuestos Generales español, con una previsión de déficit para 2023 de alrededor de un 4% y una deuda que muy probablemente pase del 115%, lo que nos puede colocar en una situación muy comprometida en el medio plazo”.
No obstante, los economistas españoles sí alabaron ciertas medidas de los presupuestos españoles, entre ellas, las partidas para financiar políticas destinadas al comercio, el turismo y las pymes –que introducen un aumento del 5,5% respecto de 2022–, así como el incremento del gasto en infraestructuras que se triplica para 2023, por su incidencia para la generación de empleo y el fortalecimiento del tejido productivo de España.
A este respecto, el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, ha puesto en valor el proyecto de presupuestos portugués por su apuesta para la contención del déficit y la deuda pública de ese país, así como por el desarrollo de medidas sociales de ayuda a empresas y particulares. Según Valentín Pich, “nuestros vecinos portugueses están blindándose de cara a un próximo endurecimiento de las reglas fiscales por parte de la UE –previendo reducir sustancialmente el déficit y la deuda, fundamentalmente por la disminución de importantes partidas de gasto–, a la vez que están activando medidas valientes para paliar los efectos de la inflación –mediante un pacto de rentas que incluye a pensionistas y funcionarios– y para aliviar la pérdida de poder adquisitivo de las familias –deflactando las tarifas del impuesto sobre la renta–, e implementado incentivos fiscales para a atraer capital e inversiones”. “Sin embargo –ha señalado el presidente del los economistas españoles–, en nuestro país el escenario es bien diferente, con una previsión de déficit y deuda elevados; un pacto de rentas que parece no llegar nunca –y del que ya han quedado excluidas las pensiones–; y con una negativa del Gobierno a deflactar el IRPF; a lo que hay que sumar la creación de nuevas tasas –a la banca, a las eléctricas, a las grandes fortunas– que pueden desincentivar la inversión, manteniendo además impuestos obsoletos como el de patrimonio”.
Para el presidente del Consejo Gneral de Economistas, “hemos de tener en cuenta que en nuestros PGE se contempla una aumento de 32.000 millones de gasto estructural, que se pretende atender fundamentalmente gracias a un aumento de la recaudación, recaudación esta que es claramente coyuntural, ya que se ha debido sobre todo a la subida de precios, lo que sumado al imprevisible sobrecoste por el incremento de los intereses de la duda podría disparar nuestro déficit muy por encima de lo previsto, lo que nos dejaría en una muy difícil situación cuando en 2024 vuelvan las reglas de disciplina fiscal y tengamos que rendir cuentas”.
La cuestión energética
Otro de los asuntos que ha centrado esta novena edición del Seminario Ibérico de Economistas ha sido la crisis energética motivada la guerra en Ucrania y las políticas adoptadas por Europa para minimizar todo lo posible la dependencia del gas ruso buscando la diversificación del suministro de energía. Así, según se ha puesto de manifiesto, en un año –de enero de 2021 a enero de 2022– el transporte transoceánico de Gas Natural Licuado proveniente de otros proveedores aumentó un 64,4%. A este respecto, el director del seminario y director de Relaciones Internacionales del Consejo General de Economistas de España, José María Casado ha indicado que “ante este cambio de tendencia, tanto España como Portugal tienen importantes retos por delante. España concentra un tercio de la capacidad regasificadora de Europa y Portugal tiene una posición geográfica privilegiada para la descarga del gas natural licuado”. “La necesidad de intensificar las conexiones de electricidad y gas de la península con el resto de Europa se hace ahora más patente que nunca”, ha recalcado Casado.
En este sentido, durante el seminario los economistas de España y de Portugal han subrayado la importancia que para la península ibérica puede tener el Plan Repower EU que contempla inversiones de 210.000 M€ con el objetivo, entre otros, de fomentar las interconexiones energéticas entre estados miembros para compensar los desequilibrios entre déficits y superávits de los Estados, y estableciendo precios de intercambio razonables, lo que a juicio de los economistas beneficiaría a gran parte de los sectores productivos y a particulares de ambos países, y paliaría los efectos “isla energética” de baja interconexión de la península con Europa.
Corredores Atlántico y Mediterráneo
En cuanto al estado de los corredores de transporte Atlántico y Mediterráneo, durante la sesión se ha hecho hincapié en la importancia para las economías lusa y española de ambas vías de conexión con el resto de Europa. Un objetivo sobre el que ha puesto el foco Europa dentro de su Mecanismo Conectar Europa y que prevé ayudas europeas para ambos corredores entre 2021 y 2027.
En este sentido, los intervinientes han puesto en valor la dotación de más de 3.000 millones de euros para ambos corredores, a dividir entre uno y otro en partidas similares, contemplada en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de España. Asimismo, referido a la posibilidad de unir los corredores Atlántico y Mediterráneo, los expertos han coincidido que ello incrementaría la capacidad competitiva de las empresas lusas y españolas, así como su potencial exportador con el espacio económico europeo. Una posibilidad que, a su juicio, ven por ahora remota.
