La CNMC pide al Gobierno que defina lo que es una startup o un proyecto innovador en la futura ley

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que el Gobierno debe realizar una serie de correcciones sobre la futura Ley de Startups antes de que ésta llegue al Congreso de los Diputados. En un informe, la entidad que preside Cani Fernández avala la puesta en marcha de la normativa para la recuperación de la economía española, pero también reconoce que se han detectado “aspectos susceptibles de comentarios” que considera necesarios corregir para evitar problemas de competencia en el futuro. Entre los que se encuentra concretar qué es un proyecto innovador, es decir, una startup y no dejarlo en manos de la subjetividad. Un apartado clave para muchos emprendedores pues de ello dependerá poder acceder a beneficios fiscales.

Así y a pocas semanas de que el Anteproyecto de Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes pase por el Consejo de Ministros en su camino al Parlamento, la CNMC ha realizado una serie de recomendaciones que considera relevantes realizar para evitar problemas en el futuro. Éstas comienzan con la reforma del mecanismo que establece la normativa para determinar cuándo un negocio es innovador o no.

Se trata de una cuestión clave para el funcionamiento de la norma en el futuro, pues de cumplir con este criterio los negocios podrán acogerse a una serie de beneficios fiscales (deducciones en el IRPF entre otras cuestiones) o, por el contrario, se verán excluidos, lo que podría generar desigualdades. Es por ello que, y para evitar futuros problemas en el mercado, la CNMC “recomienda precisar los criterios que evalúan el carácter innovador de las empresas, y se recuerda que su desarrollo reglamentario debe ser informado previamente por la CNMC”. Es decir, reclaman al Gobierno que vuelvan a enviarle el texto para su revisión, antes de llevarlo al Consejo de Ministros.

El problema de demostrar la innovación

El Anteproyecto de Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes consta de 28 artículos divididos en nueve títulos, así como cinco disposiciones adicionales, una derogatoria y once finales del texto de la futura Ley de Startup. Un amplio texto que comienza bien, con la definición de lo que considera que es una startup y cómo pueden demostrar que tienen un carácter innovador (artículo 4 del anteproyecto).

En base a esta normativa, se considerará que un negocio es innovador, y por lo tanto tendrá un trato fiscal más ventajosos, “cuando su finalidad sea resolver un problema o mejorar una situación existente mediante el desarrollo de productos, servicios o procesos nuevos o mejorados sustancialmente en comparación con el estado de la técnica y que lleven implícito un riesgo de fracaso tecnológico o industrial”. Sin embargo, y dicho lo dicho, el texto establece que los autónomos y emprendedores interesados deberán solicitar una especie de certificado a ENISA. Esta empresa pública de innovación será quien evalúe la actividad y en base a una serie de criterios, que aún no se han desarrollado, confirme su carácter innovador.

Para la CNMC, la evaluación del carácter innovador en manos de ENISA puede tener un “impacto muy trascendente”, por ello considera que “el componente subjetivo debe eliminarse o reducirse al máximo para ofrecer la mayor seguridad jurídica a las empresas y permitirles anticipar y adaptar sus desarrollos a los criterios marcados por la normativa” como recoge el informe de la Comisión.

Esta es la razón por la que advierte al Gobierno, concretamente al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que está a cargo de la elaboración de la Ley, que antes de emitir la orden por la cual se regirá ENISA como evaluador del carácter innovador de una empresa, debe informar “con carácter previo” a la Comisión, tal y como lo establece la Ley.

Una traba: un doble de sistema de control para las startups

Aparte de encontrar una falta de criterio en cuanto a la determinación del carácter innovador de una startup en el Anteproyecto de Ley, la CNMC también ha identificado una traba para los emprendedores. Y es un doble de sistema de control para verificar el carácter innovador. De tal forma que, como recoge el Anteproyecto, un negocio puede acudir a ENISA, o bien puede estar inscrita en el Registro Mercantil “haciéndose constar en el mismo tal condición” de innovación.

La Comisión “recomienda que la verificación y acreditación de la condición de empresa emergente innovadora se realice en una única instancia, de cara a introducir mayor eficiencia y agilidad en la tramitación procedimental”. Y añade que en el caso de que se quiera mantener el doble sistema de control, debería “identificarse con claridad los elementos que serán objeto de verificación por cada entidad, para evitar duplicidades" contempla el informe.

Analizar bien el tipo de ayudas a startups que se van a dar

La última de las recomendaciones de la Comisión al Gobierno con la futura Ley de Startups tiene que ver con los incentivos fiscales y las ayudas públicas que recoge el documento. Según explica la CNMC, el Anteproyecto aglutina unas serie de medidas que son de naturaleza fiscal y otras de fomento (ayudas económicas o subvenciones). A su juicio debería “reforzarse el análisis de impacto de las medidas que incluye el anteproyecto desde la óptica de ayudas de Estado”.

Es decir, la Comisión es más partidaria a que se pongan en marcha otro tipo de medidas que ayuden a los pequeños negocios innovadores, como préstamos, garantías o subvenciones, antes que bonificaciones, deducciones o cualquier otro tipo de iniciativa fiscal. Razón, por la que "recomienda evaluar las medidas ventajosas que contempla el Anteproyecto”.

Puede ayudar a la recuperación de la economía 

Pese a las críticas y correcciones, la entidad dirigida por Cani Fernández considera que el impacto de la puesta en marcha de la Ley de Startup puede ser positivo para la recuperación de la economía española tras la emergencia sanitaria. En el informe expone que “valora positivamente el objetivo perseguido en el Anteproyecto de reducir la brecha que presenta nuestra economía con respecto a los países más avanzados de la UE en términos de creación de ecosistemas atractivos y económicamente independientes que generen y desarrollen proyectos innovadores”.

Según explican, crear este marco normativo puede tener una “incidencia directa sobre la competencia en el mercado: por un lado, aumenta el número de potenciales oferentes y la probabilidad de que aparezcan nuevos competidores en mercados con menor grado de competencia; por otro, fomenta el desarrollo de nuevos productos y de estrategias innovadoras de producción o distribución de los productos existentes". Y concluyen que "la mayor competencia redunda no solo en beneficios directos para los consumidores, sino en beneficios de largo plazo para el conjunto de la economía, incidiendo positivamente en la productividad, la competitividad, y el empleo de calidad".

Además destaca que el Anteproyecto incluye algunas de las recomendaciones realizadas anteriormente por la CNMC, como que toda estrategia de intervención pública en el mercado a través de subvenciones pase por un estudio previo que analice su impacto. O también que se  preste apoyo y asesoramiento al emprendedor, propiciando una mejor toma de decisiones por parte de estos.