La Agencia Tributaria emitirá este año un informe sobre la economía sumergida en España

La actividad económica que se realiza al margen del sistema fiscal será objeto de análisis de la Agencia Tributaria en los próximos meses. El Gobierno se comprometió en el Componente 27 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a elaborar un estudio sobre el impacto de la economía sumergida y a realizar dos informes: uno que deberían presentar en el cuatro trimestre de 2022 y otro para el cuarto trimestre de 2023. Una tarea que recientemente ha recordado el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, y para la que ha señalado que necesitan contar con la participación de los trabajadores autónomos y pequeños negocios.

Durante la celebración de de las XX Jornadas Tributarias de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget), Gascón puso de trajo a colación el compromiso adquirido con Bruselas y la importancia de realizarlo. Según recoge la agencia de noticias Europa Press, el director de la AEAT en su discurso inaugural rememoró el acuerdo adquirido con la Comisión Europea y aseguró que quiere contar con los autónomos y pequeños negocios para cumplir con lo pactado. 

“Para su elaboración, la Agencia Tributaria se ha abierto a impulsar un proceso participativo, aprovechando el foro con asociaciones profesiones y también con pymes y autónomos, para recoger las opiniones de diferentes sectores sobre la ley y para incluir las carencias advertidas de la misma” recoge Europa Press en su información.

La importancia de analizar la economía sumergida

El compromiso adquirido por el Gobierno para estudiar la economía sumergida bebe de la Disposición adicional cuarta de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, normativa a la que hacía referencia Gascón. Esta ley recoge la intención del Estado de evaluar la economía sumergida del país a través de la realización de una serie de estudios y son los que precisamente cita el Componente 27.

En estos momentos, según los últimos datos del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) la economía sumergida alcanza en España los 270.000 millones de euros. Representan en torno al 25% del Producto Interior Bruto (PIB), señalaron, si bien no se tiene un conocimiento exacto sobre dónde y quién está generando esos niveles de economía sumergida. Se especula diferentes sectores de actividad y en ciertas zonas geográficas. De ahí, que la Administración Tributaria quiera elaborar un estudio para saber su verdadera dimensión.

En la normativa se le establecen dos tareas del Ejecutivo para estudiar la economía sumergida. La primera, que se “encargue a expertos independientes la elaboración de un análisis y evaluación oficial de la economía sumergida en el Estado español, del fraude fiscal y laboral y de la elusión fiscal, desagregado por territorios, sectores económicos e impuestos”.

Y la segunda, que el documento creado no quede en saco roto y, por ello, se establece la obligación de que el informe deba ser “presentado y debatido en las Cortes Generales y, dentro de su ámbito geográfico y competencial, si lo estiman oportuno, en los Parlamentos autonómicos, que podrán promover las medidas correctoras oportunas. Dichas medidas comprenderán las modificaciones organizativas, los medios humanos y materiales necesarios, y las fórmulas de coordinación y colaboración entre administraciones tributarias precisas para conseguir los objetivos anuales y plurianuales de reducción del fraude y la economía sumergida” según recoge la norma.

El objetivo de este segundo encargo es que los resultados y las conclusiones del documento puedan ser utilizadas para adaptar y crear planes de lucha específicos para atajar el problema de economía sumergida. “Los resultados de las medidas adoptadas serán fiscalizados periódicamente por las Cortes Generales a través de un modelo estándar que deberá contener información homogénea de los resultados para observar su evolución con el siguiente estudio oficial” señala la Ley 11/2021, de 9 de julio.

¿Debería ser un informe periódico?

En este punto, cabe señalar que la Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE) reclaman una periodicidad en la elaboración de este informe. En un documento presentado recientemente titulado Propuestas Contra el Fraude Fiscal y de Reforma de Las Administraciones Tributarias, aplauden la realización de este informe, si bien aseguran que para que tenga efecto en la lucha contra la economía sumergida “debe tener carácter periódico y enmarcarse en el Plan Estadístico Nacional”.

¿Se mantendrá el buen arranque de ingresos fiscales?

Otro de los aspectos que destacan del discurso que dio el director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, fue que el buen arranque de ingresos fiscales que había tenido la Administración fiscal durante el 2022. Gascón aseguró que los ingresos fiscales habían sido “buenos”, como recoge Europa Prees. No obstante, eso no quita los efectos que pueda producir a las arcas del Estado la Guerra de Ucrania y el director de la AEAT también habló de “incertidumbre”.

A Gascón le preocupa cómo el conflicto puede afectar a los ingresos fiscales: "esto obliga a que el sistema tributario se adapte a la situación” dijo en su intervención. Sus declaraciones se producen en un momento en el que, diferentes sectores de actividad, piden al Estado una rebaja de impuestos, debido especialmente a fuerte elevado incremento de los precios de los carburantes, de la luz y las materias primas.

La respuesta del Gobierno a la petición de los autónomos se sabrá en una semanas. Concretamente, se espera conocer en el Consejo de Ministros que se celebre el próximo 29 de marzo, cuando el Ejecutivo ha anunciado que informará sobre las medidas que tomará para bajar los precios de los combustibles y otros productos. Se ha establecido esta fecha porque es justo después de las cumbres que se han convocado en la Comisión Europea para discutir una actuación armonizada entre los distintos países

A falta de que se apruebe la esperada rebaja de impuestos, todo apunta a que podrían - y deberían- ser los carburantes, tanto el diésel como la gasolina, y algunos productos básicos como el aceite de girasol y las materias primas que utilizan agricultores y ganaderos. Algo que tiene todo el sentido que se produzca especialmente si como dice Gascón, los ingresos fiscales se han mantenido estables durante estos primeros meses del año.