Los Inspectores piden limitar los aplazamientos del IVA a los que miles de autónomos se ven obligados a recurrir por la crisis

Los Inspectores de Hacienda creen que las medidas que animan al cumplimiento voluntario de las normas fiscales no están siendo eficaces para reducir el fraude fiscal. Por eso, creen que deberían implementarse algunas medidas y elevar las sanciones contra los defraudadores. Proponen, entre más de un centenar de iniciativas, limitar los aplazamientos en el pago de impuestos, el IVA por ejemplo, porque creen que no se está dando “un uso adecuado” y que está “encubriendo insolvencias”. En este momento, y más después de las sucesivas crisis que se han venido sucediendo desde la pandemia, miles de autónomos se han visto obligados a recurrir a los aplazamientos de impuestos, especialmente del IVA por no disponer de liquidez.

En un extenso documento, titulado Propuestas Contra el Fraude Fiscal y de Reforma de Las Administraciones Tributarias, han recopilado algunas de las medidas que han defendido durante los últimos años. Más de 120 medidas para corregir el fraude fiscal que inciden de una forma u otra sobre los trabajadores autónomos. Destacan en el documento las nuevas actuaciones para intensificar la lucha con el fraude fiscal mediante nuevos y mejorados sistema de detección; el fomento de los pagos con tarjeta; o nuevas sanciones para los defraudadores.

“Nuestra experiencia nos dice que hay contribuyentes que no están dispuestos a cambiar su conducta de forma voluntaria, por lo que ese tipo de medidas, siendo positivas, no resultan eficaces para terminar con ese tipo de fraudes. Por lo expuesto, el presente documento se centra en las materias vinculadas a la aplicación del sistema tributario, tanto en las medidas de lucha contra el fraude fiscal en general y los procedimientos administrativos o penales necesarios para ello” justifican la asociación del organismos inspector del Ministerio de Hacienda y Función Pública en el documento.

Algunas de las medidas que proponen los Inspectores que más afectan a los autónomos

El documento fue presentado durante la celebración del XXXI Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado y de las 123 medias para atajar el problema de fraude fiscal que sufre España, recopilamos algunas de las que más afectarían a los trabajadores autónomos:

Limitar los aplazamientos y fraccionamientos de pagos de impuestos

Actualmente, son muchos los autónomos que hacen uso de esta posibilidad de aplazar o fraccionar el pago de un impuesto, entre otros el IVA, por la falta de liquidez puntual para cumplir con la obligación. La coyuntura económica generada por la pandemia y agravada por la subida de los costes energéticos o la morosidad han incrementado el número de autónomos que se han visto obligados a solicitar un aplazamiento.

Sin embargo, los Inspectores de Hacienda creen que esto es un “recurso excepcional” sobre el que no se ha hecho un “uso adecuado” y, por tanto, quiere limitarlo para que no se permita “que se aplacen deudas que encubran insolvencias, ni el diferimiento excesivo de los procedimientos, que no contengan propuestas serias y dirigidas a intentar afrontar la deuda y solventar una situación de déficit transitorio”. Para ello, proponen restringir su uso reduciendo los límites, incrementado el volumen de información que se requerirá para acceder e, incluso, prohibiendo su uso si no se justifica correctamente.

Todo ello viene detallado en la Propuesta 42, para inadmitir directamente las solicitudes de aplicaciones por falta de documentos; también la 43 sobre la limitación de las garantías admisibles en el aplazamiento de deudas; y la 44 que fija los plazos mínimos y máximos de duración de los aplazamientos y fraccionamientos de pago.

Destaca especialmente, la propuesta 45 de centrada en ‘limitar y clarificar la posibilidad de aplazamientos de deuda por IVA’. Según creen desde IHE, la solución pasaría por exigir al trabajador por cuenta propia la justificación de la transitoriedad de la dificultad de pago (como por ejemplo acreditar un porcentaje de facturas no pagadas durante el período de liquidación declarado) y que concreten las pruebas y documentos a aportar. También que “cuando por su importe sea necesaria la constitución de garantía, exigir como únicas válidas para el aplazamiento de estas deudas, aval o certificado de seguro de caución”.

Refuerzo de las sanciones para los defraudadores

Desde IHE creen que debería reforzarse las actuaciones que se comenten contra los defraudadores. En concreto, plantean que se mejore y amplíe el censo de morosos que existe actualmente, de tal manera que más contribuyentes, entre ellos autónomos, cumplan los requisitos y puedan aparecer en el listado.

“Proponemos que se modifiquen las deudas incluidas para cada deudor del censo, incluyendo deudas por delitos fiscales o de contrabando, responsabilidades tributarias, o deudas no tributarias gestionadas por la AEAT” recoge el documento. También reclaman que se vuelvan a bajar los límites cuantitativos para la inclusión en el censo a 300.000 euros. Hace poco se pasó de 1 millón de euros a 600.000 euros el límite y se incrementó el número de autónomos y pequeños negocios que aparecían en el Listado de Morosos de Hacienda.

Que se incluyan nuevos datos en el censo como identidad de administradores y socios mayoritarios de entidades deudoras, acumulación de deudas de grupos societarios o familiares, o indicación de concursos, insolvencias declaradas, etc.. Y, por último, la implementación de severas restricciones a los deudores incluidos en el Censo de Morosos, como la revocación de su NIF, con los efectos legalmente previstos; la inhabilitación de gestores de entidades; o el uso de la información por AA. PP. gestoras de ayudas

Dentro de este paquete de medidas, está la Propuesta 37. Creación de un Registro de Contribuyentes en Situaciones Especiales. Se trata de la creación de un nuevo registro en el que se aglutinen todos aquellos defraudadores de la Administración pública. Es decir, los obligados defraudadores, los del censo de morosos, los condenados por delito contra la Hacienda Pública y Contrabando o los obligados tributarios con el NIF revocado. Todas la personas físicas o jurídicas que aparezcan en algunos de estos listados, sería recopilado en este Registro y su nombre estaría publicado en la Sede Electrónica de la AEAT.

Los Inspectores quiere seguir haciendo visitas sorpresa

Las visitas sorpresa de los inspectores de Hacienda es una medida que ha sido cuestionada por el Tribunal Constitucional, que defiende que no pueden entrar porque el negocio “tiene la consideración de domicilio a efectos de protección constitucional”. Sin embargo, los Inspectores de Hacienda quieren seguir realizando visitas a los negocios y piden que se mejore la regulación de este tipo de controles (propuesta 35).

Según explicaron, los inspectores no quieren entrar dentro del domicilio, sino simplemente acceder a la información. “La inspección no pide entrar en el domicilio para realizar un registro de documentación en papel o informática (para lo cual necesitaría autorización judicial o consentimiento del titular) sino la aportación de documentos concretos cuya existencia conoce y que son de obligada aportación o presentación a la inspección” recoge el documento. Razón por la que proponen que se le obligue a todos los autónomos y negocios a tener una habitación, a la que denominan tax room (habitación de impuestos), donde las actividades económicas guarden toda la información y a la que los inspectores puedan acceder sin ningún tipo de autorización

“Que se se establezca la obligación de todas las empresas de designar los lugares de conservación de determinada información con trascendencia tributaria, tax room, que han de ser de libre acceso a la Administración Tributaria: contabilidad, facturas que documenten ingresos, gastos deducibles o IVA soportado deducible (o sistemas de acceso a sus imágenes o a copias de las mismas), justificación de operaciones vinculadas y de operaciones con paraísos fiscales, justificantes de deducciones y bonificaciones fiscales, entre otros” como detalla la Propuesta 34.

Los autónomos tienen la obligación de aceptar el pago con tarjeta

Para los inspectores una de los mejores instrumentos para reducir el fraude fiscal es la reducción de los pagos en efectivo. En estos momentos, el uso de efectivo está limitado entre autónomos a 1.000 euros. Con ese hito, la IHE aboga porque se potencie el uso de pagos con tarjeta que dejan un rastro y facilita la labor de prevención y detección de fraude fiscal.

Los inspectores, en la Propuesta 5, van más allá y quieren que se obligue a todos los autónomos y negocios a aceptar los pagos que se realicen con tarjeta de crédito. “Debería establecerse un derecho de cualquier consumidor para pagar, a cualquier empresario o profesional con tarjeta de crédito; estando obligado, correlativamente, el empresario o profesional a aceptar el pago”. Esto iría unido una serie de nuevos mecanismos de control.

Dentro del fomento de la tarjeta de crédito que hacen los Inspectores, resalta la propuesta 22, que tiene el objetivo de implantar obligatoriamente su uso para todos aquellos profesionales (muchos de ellos transportistas autónomos) que hacen uso del gasóleo bonificado. “El pago mediante tarjeta reforzaría el control y trazabilidad de los suministros” apuntan en el documento.

Facilitar la relación de los autónomos con la Agencia Tributaria

En general, los Inspectores de Hacienda reconocen que la Agencia Tributaria tiene un problema de comunicación y proponen una serie de medidas para que los autónomos, quiénes están constantemente interactuando con la AEAT, tengan más facilidades. En este sentido, alaban la utilidad del Ticket-BAI en País Vasco, que es un sistema que permite a los autónomos enviar sus facturas a Hacienda de forma directa y proponen (en la propuesta número 9) su implantación en toda España.

También en la propuesta 12, platean que la AEAT ofrezca a los trabajadores por cuenta propia “un programa informático contable que facultase la presentación de las autoliquidaciones, la llevanza de la contabilidad de manera sencilla, la presentación de las declaraciones informativas, reduciendo los costes indirectos”.

Por último, dentro de este bloque, los Inspectores consideran que debería eliminarse el sistema de tributación de módulos