Los Inspectores de Hacienda piden aumentar la vigilancia sobre los trabajos que se realizan sin emitir factura

Los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) han pedido al Gobierno que se incrementen los esfuerzos para evitar la economía sumergida, cuyos niveles pueden haberse agravado con la pandemia. Desde hace años, se intenta cuantificar cuál es el coste de todas aquellas actividades que se realizan o productos que se venden sin emitir factura alguna. Una práctica fraudulenta que acaba perjudicando a los autónomos que sí cumplen con sus obligaciones fiscales. Se espera tener muy pronto más datos sobre el impacto de esta mala práctica sobre el PIB (Producto Interior Bruto).

Durante la celebración de XXXI Congreso, IHE presentó un documento en el cuál reclaman una serie de medidas al Gobierno que fueron enviadas a la Comisión de Expertos de Hacienda para la futura reforma fiscal. Entre otras muchas medidas se encuentra la petición de que se refuerce el estudio y el control sobre la economía sumergida. Especialmente, y como aluden en el documento, porque este tipo de fraude podría haber incrementado en los últimos años a causa de la crisis del COVID-19 que ha provocado la caída de ingresos de muchas actividades. El informe señala que, “conforme a las únicas referencias hasta ahora existentes, el nivel de economía sumergida y el fraude fiscal de nuestro país es elevado y superior al de los países de nuestro entorno. Y parece que la pandemia provocada por el Coovid-19 ha agravado el problema”.

Debido a estas previsiones de aumento de la economía sumergida, la IHE ha animado al Ejecutivo para que afronte "un salto realmente cualitativo en la mejora del cumplimiento fiscal en España” […] para ser “capaz de reducir los niveles de fraude fiscal y economía sumergida ahora existentes”. Proponen incrementar los niveles de estudio y control sobre esta economía al margen de la ley.

No es suficiente con lo hecho hasta ahora para frenar la economía sumergida

Con la aprobación, el pasado julio, de la Ley 11/2021 de medidas de prevención de la lucha contra el fraude, el Ejecutivo ya se comprometió a estudiar la economía sumergida. En la disposición adicional cuarta de la norma se recoge la intención de encargar a un grupo de “expertos independientes la elaboración de un análisis y evaluación oficial de la economía sumergida en el Estado español, del fraude fiscal y laboral y de la elusión fiscal, desagregado por territorios, sectores económicos e impuestos”. Pero para los Inspectores esto no es suficiente para conocer la magnitud del problema.

En su batería de medidas proponen incrementar la periodicidad y el alcance de ese informe “dado el poco éxito e implantación de anteriores informes”, justifica la asociación. Y apuestan porque “dicho estudio se realice periódicamente y enmarcado en el Plan Estadístico Nacional, y que informe de manera homogénea y oficial acerca del volumen de economía sumergida y el fraude fiscal en España, su distribución y, sus características”.

Los últimos datos de economía sumergida son de hace casi 10 años

En estos momentos, los últimos datos que se tienen sobre economía sumergida del país son de hace casi diez años. El Sindicato de Técnicos de Inspectores de Hacienda (Gestha) elaboró el informe ‘La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis', y calculó que la economía sumergida suponía el 24,6% del PIB, cifrándola en 253.000 millones de euros ocultos. Además, en el documento se exponía que el 70% del fraude pertenecía a las grandes empresas y fortunas. El resto se repartía entre pymes (17%), autónomos (8,6%) y retrasos de compraventas entre particulares (2,6%).

Posteriormente a ese estudio, organismos internacionales también publicaron otros datos, cuyas conclusiones fueron similares a las del estudio de Gestha. Así, un informe emitido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que España tenía una tasa de economía sumergida del 22,01% en 2015. Su informe Estadísticas resumidas de la economía sumergida de 158 países durante el período 1991 a 2015 señala que España ocupa la 46ª posición en el ranking ascendente de la economía sumergida con un 24,52 de promedio entre 1991 y 2015.

“Nosotros venimos exigiendo desde hace muchísimas décadas que se realicen estudios sobre la economía sumergida. Será cuando tengamos una estimación sobre el nivel de este fraude, cuándo podamos ver realmente el problema que tenemos y se podrán tomar decisiones y medidas para erradicarlo” explicó el secretario general del Sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo. Según comentó, el Gobierno o más concretamente la Agencia Tributaria, ha sido reacia a cuantificar este tipo de fraudes. “La Agencia Tributaria siempre se ha negado publicar o indagar sobre la economía sumergida. Y ha preferido centrar sus esfuerzos en la lucha contra el fraude fiscal. Pero no sabemos la eficacia de los planes de lucha contra la evasión, porque no sabemos si disminuye la economía sumergida. De ésta, sólo sabemos que hay una tendencia creciente, pero no se está calculando”.

De hecho, una de las dificultades que plantea un estudio profundo sobre la economía sumergida en España es que no hay una metodología común en Europa para cuantificarla. El secretario general de Gestha comentó que ha habido varios intentos a nivel europeo de “armonizar una metodología, pero no se ha conseguido llegar a un punto de encuentro, porque en función de la fórmula que se utilice hay Estados más o menos perjudicados, y ningún país quiere ser conocido por tener una alta tasa de economía sumergida”.

No emitir facturas o la ocultación de una venta 

Una de las prácticas más comunes de la economía sumergida es no emitir una factura. Es decir, se vende un producto o se realiza un servicio pero no se factura. “Es el fraude más común porque es el más simple. Consiste en ocultar a la Administración parte de las ventas de un negocio, especialmente de las que se pagan en efectivo” dijo el secretario general del Sindicato de Técnicos de Inspectores de Hacienda, José María Mollinedo.

Se trata de una práctica que acaba perjudicando a muchos autónomos ya que supone una competencia desleal para todos aquellos que cumplen sus obligaciones con Hacienda y Seguridad Social. Según Mollinedo a la Inspección de Hacienda le resulta muy sencillo identificar cuando una actividad no está emitido facturas o, como se dice coloquialmente, trabajando en B.

“La Agencia Tributaria lleva años investigando a los pequeños negocios que tienen esta forma de ocultar sus ventas no emitiendo una factura. Es una investigación a la que se dedica casi el 80% de los esfuerzos, porque son fáciles de descubrir porque no es una técnica muy elaborada” observó Mollinedo.

Según explicó, los inspectores son capaces de detectar cuándo un negocio está generando economía sumergida comparando su nivel de facturación con las ventas realizadas, por ejemplo, con tarjeta de crédito. “Especialmente cuando se comparan los datos con otras actividades del sector y se observa el comportamiento en otros negocios. Eso suele ser un indicador de que se está produciendo la ocultación de parte de las ventas” dijo. Mollinedo también añadió que el 90% de los casos investigados por ello acaban en liquidación.

La economía sumergida no está en los pequeños negocios

No obstante, para el experto el grueso de la economía sumergida no se genera sólo por la actividad de autónomos y pequeños negocios. Y aseguró que las investigaciones a pequeños negocios “tienen menos importancia a nivel cualitativo. Pero sí a nivel cuantitativo porque son muchos los autónomos a los que hay vigilar. Tarea a la que se destinan muchos recursos”.

Por eso, Mollinedo insistió en la importancia de la medida para limitar los pagos en efectivo aprobada en julio y que limita el uso del dinero a 1.000 euros. "Limitar el uso del dinero en efectivo, provoca tener un mayor control sobre los negocios que trabajan en B, lo que permite dejar de investigar a los autónomos, para centrar los esfuerzos en la economía sumergida que generan las grandes compañías" dijo el experto.