Los agentes inmobiliarios alertan de que el alquiler está dejando de ser rentable para los propietarios
La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) explicó a este diario que ya se ha producido una caída de más del 30% de la oferta de alquiler de vivienda residencial desde la implantación de la Ley de Derecho a la Vivienda, con la fuga de los arrendadores a otros sectores, limitando oportunidades en el mercado de trabajo para el colectivo y generando amplias repercusiones en los arrendatarios. Según la asociación, la instauración de la medida y la puesta en marcha del índice de precios del alquiler para topar las rentas está generando "un mayor temor entre los propietarios”.
Hasta ahora, según aseguró FAI, que ha realizado un estudio sobre el impacto de la nueva Ley de Vivienda -aprobada en mayo del año pasado- “se evidencia la fuga” en los datos, y prevén que a largo plazo genere una reducción mayor de la oferta. Los resultados mostraron que más del 20% de los propietarios ha trasladado su vivienda al mercado de alquiler temporal o turístico y un 13% lo ha hecho al de compraventa.
Debido a los resultados, los autónomos de este sector demandaron un plan de choque entre Gobierno y las comunidades autónomas para frenar la escalada de precios del alquiler y esta pérdida de los propietarios.
Desde la asociación, además, niegan que parte de la problemática que afronta el sector esté relacionada con dificultades para negociar el pago de las comisiones con los propietarios -en lugar de los inquilinos-, y que incluyen el mes de alquiler que las oficinas o los agentes suelen cobrar por honorarios, si bien “condenan las malas prácticas que aún se estén llevando a cabo en el sector”.
Los autónomos del sector inmobiliario denuncian una caída de más del 30% de la oferta
En España hay más de 50.000 autónomos dedicados a las actividades inmobiliarias, según datos del INE. Los agentes e inmobiliarias que se representados en FAI, la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, integrada en la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) desde 2023.
Recientemente, su presidente, José María Alfaro, publicó en un comunicado que la nueva Ley de Derecho a la Vivienda está produciendo estragos en el sector. Según denunció, se requiere de una revisión de la Ley de Vivienda “con medidas eficaces que no contraigan la oferta y puedan aplicarse en todas las comunidades autónomas por igual”, apuntando que las medidas que trajo la ley no se ciñen “al comportamiento real del mercado”.
Un estudio realizado por la asociación ha lanzado datos desalentadores para el colectivo. Como trasladó FAI a este medio, desde la entrada en vigor de la ley, el 21,67% de los propietarios ha trasladado su vivienda al mercado de alquiler temporal o turístico y un 13,07% lo ha hecho al de compraventa, lo que supone la pérdida de tres de cada diez ofertas que se ven en el mercado de alquiler.
Una situación que achacan, en parte, a que el 90% de los casos se trata de pequeños propietarios. Desde la asociación, temen un estallido de la burbuja de alquiler, por lo que demandan una revisión de la ley con “medidas incentivadoras y que no generen temor en los arrendadores”. Medidas que podrían pasar por coordinar todos los gobiernos autonómicos para intercambiar y aunar criterios, dado que son los que conocen las necesidades de sus propios territorios.
A su vez, lamentan los efectos de la pérdida de oferta para los arrendatarios, un resultado contraproducente generado por la huida de los arrendadores fuera del mercado de alquiler de vivienda habitual, consecuencias que atribuyen a la precipitación en la puesta en marcha de la ley y “al desconocimiento de la dinámica interna del mercado”.
Aunque, al respecto, la asociación confía en que el Gobierno pretenda facilitar, como como comunicó la ministra Isabel Rodríguez el pasado diciembre, una propuesta de respuesta común entre todos los agentes implicados, para atajar la situación, y que permita a los inquilinos acceder dignamente a una vivienda.
FAI condena las malas prácticas en el sector relacionadas con el cobro de las comisiones a los inquilinos
Desde la asociación, además, han condenado las malas prácticas en el sector aduciendo que “hay que cumplir la ley”. Un mensaje que llega días después de que Consumo avisara que va a sancionar a aquellas inmobiliarias y agentes que traten de cobrar la comisión de venta a los inquilinos. Esta práctica podría incurrir en sanciones calificadas como “graves” por el ministerio, con multas que van desde los 10.000 a los 100.000 euros.
Sin embargo, FAI advirtió que, si bien este cambio legislativo supone una importante novedad, las dificultades que afrontan en el sector están más relacionadas con la caída que está sufriendo la oferta, y que los autónomos no les han trasladado que estén teniendo complicaciones para negociar el pago de las comisiones con los propietarios.
Según detallaron fuentes de Consumo a este diario, en el pago de comisiones se incluye el mes de alquiler por honorarios -más 21% de IVA- que las oficinas o los agentes suelen cobrar, y que desde el punto de vista de la legislación nacional de consumo, “podría considerarse una infracción por introducir en el contrato una cláusula abusiva y, por tanto, nula”, concluyeron.
