Los autónomos del campo retoman las movilizaciones para reclamar más protección a los negocios locales

Los agricultores y ganaderos españoles y franceses han retomado a las movilizaciones para denunciar que el acuerdo que alcanzaron con el Gobierno aún deja importantes cabos sueltos para solucionar su situación. Cerca de 2.000 personas y 200 tractores se han unido para protestar frente a la competencia desleal en el sector y la necesidad de dar prioridad a la producción local frente a las importaciones, así como una todavía mayor flexibilización de la Política Agraria Común (PAC) y una mayor protección para la ganadería extensiva, como trasladó a este medio Pere Roqué, el presidente de ASAJA Lleida.

Después de las manifestaciones sucedidas durante febrero por todo el país, las de este lunes se concentraron en Cataluña y País Vasco. Los cortes afectarán principalmente a puntos fronterizos, situados desde La Jonquera hasta Irún, pasando por Puigcerdà, Coll d’Ares, Bossòst, Canfranc, así como Le Boulou, y el puerto del Portalet y el Somport. 

Como explicó Roqué, la movilización durará 24 horas -hasta este martes a las 10:00 horas-, y no descartan más movilizaciones si no se llega a un nuevo acuerdo. En este caso, los manifestantes consideran que aún las medidas para luchar contra la competencia desleal son insuficientes.

Los autónomos del campo reclaman la protección de sus producciones frente a las de fuera de la UE

Como explicó Roqué a este medio, una de las principales demandas pasa por obtener mayor protección de la ganadería extensiva. Por ello, reclaman “mayores medidas de protección de la ganadería extensiva por los diferentes ataques, tanto de osos como de lobos”. 

También la PAC continuó siendo parte de las reclamaciones de estas movilizaciones. Los trámites de la Política Agraria Común requieren de flexibilización y simplificación para poder reducir el coste que supone a los ganaderos y agricultores y que, además, obstaculizan el cumplimiento de objetivos medioambientales, motivo por el que habría sido una de las mayores demandas también en las anteriores movilizaciones. Según Roqué, todavía hace falta una mayor simplificación, siendo este uno de los motivos por los que habría sido necesario ampliar el plazo de solicitudes hasta el próximo 15 de junio.

Para ello, propusieron una pausa regulatoria que permita una revisión de la carga administrativa que deben soportar los agricultores, con el fin de reducir esos costes y simplificar procedimientos. 

Además, como apuntó el presidente de Asaja Lleida, las diferencias que se hacen con respecto de las importaciones de naciones terceras no parecen comprensibles, y lamentó que se les exija tanta burocracia frente a los requisitos que asume esta competencia en el mercado. “La burocracia que se nos exige a nosotros, por ejemplo, para producir un kilo de fruta, no se pide a los productores de terceros países. Y todavía se les permite tratar con productos fitosanitarios que aquí hace más de treinta años que están prohibidos. Después, este producto acaba entrando dentro de los lineales de los mercados de toda España y de Europa”. 

En ese sentido, las importaciones son el caballo de batalla de los agricultores. La competencia desleal del mercado continúa en el centro de las protestas debido a las diferentes reglas que se aplican a productos de la UE y de zonas exteriores. Competir con las mercancías que provienen de estos países terceros entraña importantes dificultades para los autónomos del campo, quienes también han tenido que afrontar importantes incrementos en sus costes -en torno al 40% en el último año-, especialmente en el caso de los fertilizantes y el gasóleo. 

También, como enfatizó Roqué, esta subida de costes se da en un contexto en el que las pequeñas y medianas explotaciones vienen sufriendo esa "falta de precios justos”, que habrían motivado que las organizaciones solicitaran en febrero la puesta en marcha de las cláusulas espejo. 

Si bien, como se solicitó en las movilizaciones previas, se han intensificado las inspecciones para mejorar los precios justos del campo y se ha comenzado a sancionar a las empresas que obligan a los agricultores y ganaderos a producir a pérdidas -en contra de la Ley de la Cadena Alimentaria-, de momento, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) solo ha impuesto 239 sanciones desde la entrada en vigor de la ley. 

En este sentido, la próxima legislatura del Parlamento Europeo se postula como un momento esencial para el campo, con la negociación del Marco Financiero Plurianual y el futuro del Pacto Verde Europeo, así como de la política comercial de la UE con países terceros y las cláusulas espejo, o las cuestiones que plantean las organizaciones sobre el relevo generacional. 

Los transportistas aseguran que los bloqueos por las manifestaciones del campo volverán a causar pérdidas en su sector

Por su parte, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) lamentó que el transporte de mercancías por carretera se convierta de nuevo en el “gran perjudicado de las protestas de los agricultores".

Según la patronal, al continuar con estas acciones “se están rebasando los límites”, más aún, “cuando son las empresas y autónomos del sector quienes hacen llegar sus producción”,  y recuerdan las “fuertes pérdidas económicas” que ya sufrieron con las anteriores protestas.

Por otro lado, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) también lamentó los cortes en las carreteras, que afectan a la AP-8 en Guripúzcoa, AP-7, la N-152 y la C-38 en Girona y la N-330 en Huesca, por las que solo podrán circular, en principio, los vehículos ligeros de hasta 3,5 toneladas.

Según transmitió la asociación en otro comunicado, debido a las movilizaciones, el transporte tendrá que enfrentarse a retrasos, paralizaciones, pérdidas de mercancías, pérdidas económicas, o caos en la gestión de los tiempos de los conductores. Según afirmaron, las empresas de transporte, además, no se ven “indemnizadas por este tipo de situaciones en la frontera con Francia”.