Los autónomos denuncian una grave discriminación en las desgravaciones de los planes de empleo públicos
El Gobierno pactó con PDeCAT elevar a 4.250 euros las desgravaciones por aportaciones a los futuros planes de pensiones de empleo por parte de los autónomos. Cifra un 50% inferior que la capacidad que tienen las sociedades y los asalariados para poder deducirse esta aportación, alcanzando los 10.000 euros. Desde el colectivo señalan directamente al Ejecutivo para equiparar las condiciones de los autónomos con el resto de contribuyentes.
“Para entender esta problemática hay que entender su funcionamiento. Existen dos pilares para complementar la pensión de los contribuyentes además de su cotización a la Seguridad Social: los Planes de Empleo y Planes Simplificados adscritos a fondo público y los planes de pensiones privados”, explicó Celia Ferrero, vicepresidenta de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA).
“En los Presupuesto Generales del Estado se limitó la aportación individual a 1.500 euros en las desgravaciones para evitar un trasvase de contribuyentes de los planes de pensiones privados a los públicos. Por lo que de base un autónomo ya no podía desgravarse esa cuantía en su declaración de la RENTA. Ahora bien, con estos planes que se ponen en marcha, el límite de aportación anual objeto de deducción que tiene un asalariado en RENTA son 8.500 euros más los 1.500 euros, es decir 10.000 euros”, añadió Ferrero.
“Estos 10.000 euros que pueden desgravarse los asalariados nace de los coeficientes de aportación a la Seguridad Social tanto del empresario empleador (un 31,2%) y del asalariado (un 7,5%); que aproximadamente da un 40% sobre la nómina”, prosiguió. “El problema en el caso del autónomo es que dicha proporción no existe. Han partido por la mitad el límite de aportación objeto hasta dejarlo en 4.250 euros. Cuando en realidad si vemos las aportaciones la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia sólo es un 10% inferior que la suma de los asalariados y los societarios. La proporción exacta, si queremos ajustarla al criterio que el Ejecutivo ha marcado sería 7.650 euros, no 4.250 euros”, concretó la vicepresidenta de ATA.
“El Gobierno no nos ha hecho caso con la excusa de que Hacienda no quería cuando antes si podían deducirse esa cantidad y así ahorran en desgravaciones. No tiene ningún sentido”, concluyó Ferrero. En este sentido, los autónomos suscritos a planes de empleo optarían a una deducción total de 5.750 euros anuales en el IRPF (sumándoles los 1.500 euros de los planes individuales). Un importe que se eleva a los 10.000 euros al año para los asalariados, que tienen tanto derecho a una deducción de 8.500 euros por los planes colectivos, como a otra de 1.5000 euros por los planes individuales. Es justamente en esta deducción dónde estaría el agravio comparativo para los autónomos.
Una “discriminación” para los autónomos
La fuerte diferencia en el tratamiento fiscal de los planes, en función de si el contribuyente es autónomo o es asalariado, ha llevado a la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) a rechazar la propuesta. Su vicepresidenta, Celia Ferrero, aseguró que los futuros “planes de empleo van a tener muy poco éxito y creemos que ni 100.000 trabajadores autónomos se van a adherir a los mismos”.
A su juicio, “existe una clara discriminación de los trabajadores por cuenta propia, con respecto a los trabajadores por cuenta ajena. Ya que las aportaciones que podrán hacer los autónomos serán casi la mitad de las que puedan hacer los asalariados. Y, por tanto, las deducciones fiscales a las que podrán optar los autónomos serán inferiores a las de los asalariados”.
En este punto, Ferrero criticó que no sólo hay una diferencia respecto al trato que se le da a los autónomos frente a los asalariados en el Proyecto de Ley, sino que también hay otro agravio comparativo si se compara con el tratamiento que reciben las empresas. “Los autónomos no tendremos las bonificaciones de la cuota empresarial que sí que tendrán las empresas que apuesten por que sus trabajadores participen o se adhieran a estos planes” comentó la vicepresidenta de la Federación.
Según la referencia del Consejo de Ministros de este martes, “el proyecto de ley también incorpora incentivos para las empresas, de forma que las contribuciones empresariales al plan de pensiones no cotizarán a la Seguridad Social, con un límite de 115 euros al mes por trabajador (1.380 euros al año), lo que supone un ahorro de casi 400 euros por trabajador”. Una medida con la que no contarán los autónomos, como criticó Ferrero.
