Los autónomos viticultores acusan a las grandes bodegas de obligarles a "vendimiar a pérdidas"

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denunciado que los viticultores están sufriendo importantes pérdidas económicas, de hasta 1.200 euros por hectárea, debido a la confluencia de la baja producción con los bajos precios que pagan las grandes bodegas de referencia por la uva. La producción ha caído de media un 30%, debido principalmente a la sequía, lo que se suma al alza de los costes que han debido afrontar, al igual que otros sectores, por segundo año consecutivo. 

A pesar de la aprobación relativamente reciente de la Ley de la Cadena Alimentaria (2021), y, previamente, a la modificación del Real Decreto 5-2020, que estableció una regla para fijar los precios de los productos siempre teniendo en cuenta “el coste efectivo de producción”, algunas regiones de España productoras de uva acusan una caída de hasta el 30% en sus precios respecto al año pasado. COAG denunció que se debe a que las bodegas están comprando a un precio por debajo de los costes y "obligando a los trabajadores a vendimiar a pérdidas". La asociación ha solicitado a la Agencia de Información y Control Alimentario que actúe de oficio con inspecciones exhaustivas, así como una subida de 0,20 céntimos en el precio del kilo. 

Los agricultores afrontan pérdidas de hasta 1.200 euros por hectárea

Según trasladó a este medio Joaquín Vizcaíno, responsable del sector vitivinícola de COAG, “los viticultores están perdiendo en torno a 900 euros por hectárea en el caso de la uva blanca airén y 1.200 euros por la tinta tempranillo”. Tal y como explicó, esta bajada en las tablas de precios de las grandes bodegas, viene acentuada, además, por “la subida de los costes de producción que también afrontan los agricultores y la baja producción a causa de la sequía*”, lo que está propiciando estas enormes pérdidas en el sector. 

Hay que tener en cuenta que “más de 900.000 hectáreas en nuestro país pertenecen a la superficie plantada de viñedo”, lo que se traduce en “más potencial vitícola”, pero, sin embargo, “producimos menos que nuestros competidores, Francia e Italia”, aclaró Vizcaíno. El portavoz subrayó que la situación que padecen “no es justa”, y que la bajada de producción media que encadenan “mantiene unos altos costes, que el año pasado subieron un 35%”. 

A este escenario se suma los precios de las grandes bodegas de referencia. En palabras de Vizcaíno, “el año pasado ya trabajaron por debajo de los costes de producción”. Este año “no solo enfrentan la subida que se mantiene en los costes” sino también “la bajada de producción que este año se replica por la sequía, con lo que a la bajada del 30% de la producción media de este año hay que sumarle una pérdida del 20% que ya se produjo el año anterior. Los viticultores lamentan que ”el sector esté tan convulsionado”. La producción del 2023 es, además, “la más baja de los últimos diez años”. Según el portavoz, “las grandes pérdidas son consecuencia, además, de las exigencias de las grandes bodegas, a las que estamos vendiendo la uva a un precio por debajo de los costes”. 

Las grandes bodegas están comprando muy por debajo de lo que dicta la ley

Tal y como trasladaron desde COAG, los costes de producción para la uva se han elevado a 0,43€/kg para la variedad blanca airén y 0,52€/kg para la tinta tempranilla; unos precios muy por encima de lo que han presentado las grandes bodegas: 0,20€/kg para la blanca airén y 0,36€/kg para tinta tempranillo. En palabras de Vizcaíno, “es intolerable que las grandes bodegas se salten a la torera la ley”, y que hagan a los viticultores “ trabajar y vender a pérdidas”. 

Según detalló el portavoz, esta “economía de mercado permite que las bodegas pongan los precios”. Sin embargo, la Ley de la Cadena Alimenticia (2021) se instauró para que “las relaciones comerciales con los agricultores pudieran ser más justas”. Esta joven ley, que modificó el apartado referente a los precios en los contratos de compra-venta para incluir que se cubriesen los costes de producción, “todavía es muy reciente”, y son los agricultores “los que están peleándola desde abajo”. Los viticultores “esperan que, conforme haya jurisprudencia, se vaya instaurando”, apuntó el portavoz de COAG. 

Las bodegas, que sí están aplicando la subida de costes en los precios, “no están cumpliendo la Ley de la Cadena”. Tal y como informó el portavoz, “un kilo de uva, por término medio del país, está alrededor de los 0,50 céntimos”, con lo que los precios que están ofreciendo las bodegas “están muy por debajo”. Los viticultores reclaman “una subida de 0,20 céntimos en el precio del kilo”, para que, al menos, “se cumpla lo que marca la ley”, ya que bajo este escenario “es imposible sacar adelante uvas de calidad”.

Según transmitió el portavoz a este medio, “los elaboradores se quejan de que el cuello de botella es todavía mayor en la distribución, que es la que más engrosa los precios”. Y que, con esta situación del mercado actual, la subida de precios que ellos demandan, “no solo es legal, sino irrisoria en comparación a los precios finales. No es posible que el valor de la uva no sea ni el 10% del precio final del vino”, teniendo en cuenta que el valor medio de la botella de 75 cl “ronda alrededor de los 5 euros”.  Los viticultores lamentan que “lo único que les queda es luchar con la Ley de la Cadena” para “pedir que se respeten unos precios coherentes con la legislación”. 

Tal y como detalló Vizcaíno, “las consecuencias de todos estos factores son muy negativas”, y el campo de vid ha perdido “casi 10.000 hectáreas en un solo año”. En aquellas zonas en las que “no se cubren los costes”, es fácil que la consecuencia sea “arrancar el viñedo, ya que no es rentable”. Estos viñedos no se vuelven a plantar “para no seguir perdiendo dinero”, y el campo “se llena con otro cultivo o se deja en verde”. El portavoz valoró negativamente el hecho de que “un cultivo que se adapta perfectamente a la zona, que genera muchos puestos de trabajo y que es difícilmente sustituible en el mercado, desaparezca, con todos los beneficios que se generan a partir de su producción”, y denunció que las pérdidas “no son solo para los agricultores, sino para todos”.