CEOE critica las sanciones propuestas para los negocios que decidan no retornar a Cataluña
CEOE y la patronal catalana mostraron su oposición a las sanciones propuestas por Junts contra los negocios que decidan no regresar a Cataluña tras su salida durante el Procés.
La discusión sobre la propuesta de estímulos y penalizaciones para los negocios que prefirieron evitar los desórdenes y la incertidumbre ligados al procés y marcharse de Cataluña sigue siendo compleja. Mientras los partidos políticos y las asociaciones empresariales defienden sus posturas, queda por ver cómo se resolverán las tensiones sin atacar la libertad empresarial., afirmaron fuentes patronales.
Más de 8.000 empresas –la cifra varía sustancialmente según la fuente consultada– cambiaron su sede social durante el llamado Procés que se inició en Cataluña. Nadie las obligó a dejar la CCAA y, según expresaron desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), tampoco nadie puede obligarlas a regresar; ni con la zanahoria de los incentivos, ni con el palo de las sanciones.
En los últimos días, el panorama político y empresarial en España ha experimentado un giro significativo con la propuesta de estímulos y penalizaciones, a raíz del acuerdo entre el PSOE y Junts que busca impulsar el regreso de estas empresas. Todo ello ha generado un debate sobre las medidas a adoptar y sus implicaciones en el tejido empresarial al que no se ha abstenido de participar nadie; ni los que proponen alicientes para fomentar esa vuelta a casa, ni aquellos otros que lo consideran una obligación y hablan abiertamente de multas.
Lo cierto es que, desde el referéndum ilegal del 1 de octubre en 2017, algo más de 8.000 empresas han abandonado paulatinamente Cataluña, lo que ha significado unas pérdidas equivalentes a 56.000 millones de euros en ventas. Y aquí, de nuevo, hay bastante disparidad de cifras. En todo caso, este fenómeno ha afectado a los más diversos sectores, desde la banca hasta la industria alimentaria, y con nombres tan conocidos como Banco Sabadell, CaixaBank, Codorníu o Grupo Planeta, pero no se suele contar que la mayoría de los "fugados" son pymes y autónomos.
CEOE y la patronal catalana se oponen a sanciones para el regreso de las empresas
El asunto ha desatado un pulso entre diferentes sectores políticos y empresariales. Este debate refleja no sólo las tensiones actuales en la política nacional, sino también la complejidad de reconciliar intereses empresariales con la estabilidad territorial. Así, Junts, que ya había expresado su posición en contra, exigía condiciones adicionales para apoyar el decreto ómnibus, clave para la concesión de fondos europeos, que incluye modificaciones en materia de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, y que finalmente se ha aprobado tras la ausencia de Junts en el pleno).
La solicitud de sancionar a las empresas que abandonaron Cataluña en 2017 fue respaldada por Josep Rius, vicepresidente y portavoz de los conservadores catalanes. Este partido considera inaceptable que el decreto implementado por el Gobierno del PP, hace siete años, siga vigente, y lo catalogó como perjudicial para la economía catalana.
La insistencia de Junts en vincular el retorno de las empresas a sanciones específicas ha generado un fuerte contrapunto en el panorama político español, alimentando la discusión sobre la conveniencia de imponer castigos a empresas por decisiones empresariales tomadas en un contexto político particular.
Así, la CEOE ha expresado sus críticas a la propuesta, calificándola de "regulación en vena o comunismo". Su presidente, Antonio Garamendi, destacó la importancia de trabajar para que las empresas regresen a Cataluña, aunque insistió en que la estabilidad y la paz social son fundamentales para este retorno.
Este posicionamiento de la patronal refleja la preocupación del sector empresarial por evitar regulaciones excesivas que puedan percibirse como intervencionistas, y que podrían tener efectos negativos en la toma de decisiones empresariales a largo plazo.
También Foment del Treball se manifestó en contra de basar el retorno de las empresas en sanciones o incentivos. Josep Sánchez Llibre, presidente de la patronal catalana, rechazó la propuesta, calificándola como “una política económica inaceptable”. Llibre sostiene que la normalidad institucional “y la creación de un clima económico favorable son esenciales para favorecer el retorno de empresas”.
El delicado equilibrio entre la libertad y la legalidad
La respuesta del Gobierno de España ha sido cuidadosa. María Jesús Montero, vicepresidenta primera, subrayó que las empresas tienen libertad para instalarse donde consideren conveniente. Aunque se refuerza la vigilancia para evitar prácticas fiscales inadecuadas, enfatizó que el Gobierno “no puede poner trabas a la libertad de las empresas para decidir su ubicación”.
Y la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha destacado la imposibilidad de sancionar a empresas que decidan no regresar a Cataluña, defendiendo la libertad de mercado y respetando la decisión empresarial. Este equilibrio entre la libertad empresarial y la necesidad de evitar prácticas fiscales indebidas ilustra la delicada posición del Gobierno en medio de este debate, que promete no haber hecho más que empezar.
Incentivos: el ‘cebo’ para el regreso empresarial
El acuerdo establece la implementación de incentivos fiscales destinados a las empresas que opten por regresar o que hayan decidido mantener su sede en Cataluña a pesar de la agitación política. Esta estrategia pretende no sólo atraer de nuevo a las compañías que se marcharon, sino también consolidar la posición de aquellas que eligieron quedarse durante los momentos más turbulentos vividos desde 2017.
Estos incentivos fiscales podrían incluir reducciones en los impuestos corporativos, beneficios financieros adicionales o facilidades administrativas para agilizar el proceso de establecimiento o reincorporación. Sin embargo, la naturaleza específica de estos incentivos y su alcance aún no ha sido detallada completamente, dejando espacio para la especulación y el análisis detenido por parte de las empresas involucradas.
Lo mismo que sucede con las sanciones. ¿Hablamos de un enfoque extremo o de una medida necesaria? Por un lado, Junts propone multas para aquellas empresas que optaron por abandonar Cataluña durante el procés. Esta postura se fundamenta en la creencia de que el decreto aprobado por el gobierno de Mariano Rajoy en 2017, diseñado para facilitar la salida de las compañías, debería haber sido revertido mucho antes. Sobre este asunto, fuentes de CEOE señalaron a este diario que “estamos hablando de aire”.
En todo caso, las sanciones podrían tomar diversas formas, desde penalizaciones financieras hasta restricciones comerciales. Sin embargo, la falta de detalles específicos sobre las posibles sanciones genera incertidumbre, tanto en el ámbito empresarial como en el político. Porque, ¿cómo se determinarían las sanciones? ¿Serían estas proporcionales al tamaño de la empresa o a los beneficios obtenidos por la mudanza? Estas y otras interrogantes son cruciales para evaluar la viabilidad y equidad de esta propuesta.
