Las enmiendas al Reglamento Europeo de Morosidad perjudicarán a los autónomos y pymes, según las organizaciones

El Parlamento Europeo votará este jueves las enmiendas al nuevo Reglamento Europeo de Morosidad, cuyo texto busca reducir el tiempo de pago máximo de un deudor hasta los 30 días, así como endurecer los intereses de demora que se abonan por retrasarse en el pago y conseguir que las administraciones supervisen la subcontratación, como ya contó este diario.

Sin embargo, una serie de enmiendas al texto original, presentadas por el Partido Popular Europeo (EPP) y Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), dirigidas a modificar las disposiciones relativas a los plazos de pago, plantean, según diferentes organizaciones, perjuicios para las pymes y los autónomos que contraten con las grandes empresas o la propia Administración. Algo que ha generado un intenso debate en el ámbito empresarial y político europeo.

Estos grupos políticos piden favorecer con sus enmiendas la libertad del pacto entre las partes. Según su perspectiva, las empresas deberían poder negociar los plazos de pago de manera voluntaria, sin una intervención regulatoria que limite su autonomía contractual. Argumentan que esta “libertad de pacto” permitiría adaptar los plazos de pago a las necesidades y circunstancias específicas de cada transacción comercial, fomentando así la flexibilidad y la eficiencia en el mercado.

Sin embargo y obviamente, estas propuestas desvirtuarían el sentido del reglamento que busca precisamente que las grandes empresas paguen en 30 dias a sus proveedores y no puedan excusarse en pactos que se negocian desde posiciones de fuerza.

La propuesta de la Comisión Europea limita el plazo máximo de pago en 30 días

La propuesta original de la Comisión Europea presenta una serie de medidas destinadas a fortalecer la protección de los acreedores en el ámbito empresarial:

• Plazos de pago máximos. La propuesta original establece un periodo máximo de pago de 30 días para acuerdos comerciales y contratos con la Administración, para garantizar que los proveedores reciban un pago oportuno por sus productos o servicios y mejore su liquidez y estabilidad financiera.
• Intereses de demora automáticos. Además, el nuevo reglamento prevé la aplicación de intereses en caso de retraso en los pago, que se calcularán utilizando el tipo de interés fijado por el Banco Central Europeo (BCE) más un recargo del 8%. Se trata de un incentivo adicional para cumplir con los plazos establecidos.
• Supervisión por parte de las autoridades competentes. El reglamento también incluye disposiciones para la supervisión y aplicación de estas medidas por parte de las autoridades competentes en cada Estado miembro, para proteger los derechos de los acreedores.

La regulación de los plazos de pago en las relaciones comerciales es de vital importancia para el correcto funcionamiento del tejido empresarial. En especial, para las pymes y los autónomos, actores económicos que suelen enfrentarse a desafíos significativos debido a los largos plazos de pago impuestos por las grandes o la Administración. Los retrasos en los pagos pueden generar problemas de liquidez, dificultades financieras e incluso amenazar su supervivencia como negocio.

La libertad de pacto perjudicaría a los autónomos y pequeños negocios

Entre los principales puntos de las enmiendas al proyecto original que se votan este jueves se encuentran:

• La posibilidad de alargar los plazos de pago. Una de las propuestas más destacadas es la introducción de la posibilidad de alargar los plazos de pago a más de 30 días, siempre y cuando se especifique en el contrato y el alargamiento no sea considerado “manifiestamente injusto” para el acreedor.
• La exclusión de la aplicación entre pymes y grandes empresas o la Administración. Otra de las enmiendas propuestas es la exclusión de la aplicación de ciertas disposiciones entre pymes y grandes empresas o la Administración Pública.
• Eliminación del control de pagos a subcontratistas en la contratación pública. Además, las enmiendas también proponen la eliminación del control de pagos a subcontratistas en la licitación pública.

Estas enmiendas han sido objeto de críticas por parte de diversas asociaciones empresariales, representantes de pymes y autónomos. Según consideraron, podrían debilitar la posición de estos en las relaciones comerciales, aumentando su vulnerabilidad frente a prácticas abusivas. Además del impacto negativo que estas medidas podrían tener en la competitividad y el crecimiento económico, al dificultar el acceso al crédito y la financiación para las empresas más pequeñas.

En concreto, tanto la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) como la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) han mostrado su temor ante el hecho de que finamente no se mantengan los plazos legales de pago y la supervisión de las autoridades competentes para garantizar relaciones comerciales justas y equitativas en Europa. Así, para la vicepresidenta de ATA, Celia Ferrero, “hay algunas propuestas que podrían ser aceptables, como el llegar a 30+30 días. Pero nunca sobrepasar ese plazo. Y también podría excluirse algún sector, como es el de los seguros, que ante los accidentes deben disponer de un plazo lógico de investigación y peritaje antes de pagar”. Lo que ATA considera irrenunciable es el que toda la cadena de proveedores en una subcontratación no quede satisfecha económicamente en tiempo y forma.

“La libertad de pacto entre las partes, siendo legítima, no logrará la neutralidad que se persigue en este terreno”, declaró el presidente de la PMcM, Antoni Cañete. “De hecho, se abre la puerta a generar, de manera legal, plazos mayores a los previstos por el reglamento. Cuando la parte económicamente más débil corre el riesgo de financiar a la más potente, la ley debe tener en cuenta las diferencias entre las partes para asegurar que el resultado sea neutro”.

Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) ha advertido sobre las consecuencias imprevisibles de implementar esa “libertad de pacto” en sectores donde las relaciones comerciales son asimétricas. “Un 95% de las cerca de 100.000 empresas transportistas que operan en España, es propiedad de autónomos o son microempresas, que dependen de grandes empresas cargadoras, y existe el riesgo de perpetuar los abusos de posición dominante por parte de estas”.

El posible impacto de cada una de las enmiendas apunta siempre en la misma dirección: la pequeña empresa y el autónomo

La posibilidad de alargar los plazos de pago a más de 30 días podría poner en una posición desventajosa para pymes y autónomos, que suelen depender de un flujo de efectivo constante para mantener sus operaciones. Los retrasos en los pagos pueden afectar gravemente a su liquidez y a su capacidad para cumplir con sus compromisos financieros.

En cuanto a la exclusión de la aplicación entre pymes y grandes empresas o la Administración, es posible que aumentase la asimetría de poder en las relaciones comerciales. Puesto que las grandes empresas aprovecharían esta brecha legal para imponer plazos de pago desfavorables, lo que dificultaría la situación financiera de pymes y autónomos, y su capacidad para competir.

Por último, la eliminación del control de pagos a subcontratistas en la contratación pública tendría un impacto especialmente negativo en las pymes y los autónomos que trabajan como subcontratistas en proyectos oficiales. Sin un mecanismo de supervisión adecuado, podrían enfrentarse a demoras de pago e incumplimientos.

El Parlamento Europeo deberá decidir este jueves, en una de las últimas grandes votaciones antes de disolverse para las elecciones del 6 de junio. En concreto, dentro de un equilibrio que nadie sabe cómo pronosticar y que ha hecho que se habilitase el procedimiento de voto individual, dado que no existe una posición común entre los grandes bloques.