Trabajo exige a pequeños negocios la devolución de las bonificaciones por contratos de formación
Las bonificaciones que los negocios, pequeñas y medianas empresas recibían por la formación de los empleados han dejado de concederse. El sistema de formación bonificada se creó en 2004 y, desde ese año hasta ahora, es decir, durante 19 años, empresas y negocios han podido bonificar su formación voluntaria y obligatoria. No ha habido ninguna modificación normativa ni nueva ley que ahora explique este cambio de criterio por parte de la Inspección de Trabajo, como asegura la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Mediana y Pequeña Empresa (CEPYME), alertadas por negocios y empresas que ya han recibido actas de infracción en las que se les solicita devolver las bonificaciones y la infracción.
“Llama la atención ese cambio de criterio que ha tenido la Inspección de Trabajo. Hasta ahora hacían inspecciones y entendían que la formación obligatoria era bonificable, han cambiado de criterio y de repente, entienden que la formación obligatoria no es bonificable”, afirman desde CEOE.
“Y no sólo es que no se concedan las bonificaciones, sino que se pretende aplicar con efecto retroactivo y exigencia, incluso, de intereses y de sanciones, lo que afecta gravemente a la seguridad jurídica de las empresas, en especial a la PYMES y a aquellos negocios de menor tamaño”, continúan.
Explican que “se ha detectado en inspecciones de trabajo sin que haya habido ningún cambio normativo. El problema empezó en una comunidad autónoma, Región de Murcia, y se fue extendiendo a más comunidades. Hemos podido acceder a algún documento interno del Servicio Público de Empleo, que ha notificado a todas las delegaciones territoriales de España que la Inspección de Trabajo está planteando problemas al no permitir que negocios y empresas pequeñas, medianas y grandes bonifiquen la formación obligatoria”, detallan.
“Ante esto, las empresas empiezan a tener miedo por recibir la inspección y, a algunas que ya han sido inspeccionadas, les han dicho que deben devolver la bonificación y les han puesto una sanción. Y habría que devolver bonificaciones de cuatro años atrás. Eso es lo increíble. Entendemos que la Inspección de Trabajo tiene un error en su propio criterio”, aclaran en CEOE.
“El asunto se encuentra en los primeros trámites de los procesos y se están recibiendo las actas de infracción. Tanto grandes, como medianas, como pequeñas empresas están recibiendo ya de Trabajo dichas actas de infracción. Y los pequeños negocios son los más vulnerables”, explican.
“Hay un sector que está siendo más castigado: el servicio de prevención ajena. Este sector, además de actuar en prevención de riesgos laborales, llevan a cabo mucha formación en esta materia. Y las actas de infracción se han dado sobre todo en esta actividad”, continúan.
“Todos los países tienen un problema de desajuste entre la oferta y la demanda de los trabajadores, especialmente España. A pesar del desempleo que tenemos, las mayorías de las empresas de este país no encuentran trabajadores cualificados para poder incorporar en sus plantillas. Y llama la atención que la Inspección de Trabajo, precisamente, hay cambiado de criterio. Hasta ahora se bonificaba y ahora, de repente, ha cambiado”, manifiestan.
Y recuerdan que “el sistema de formación bonificada se creó en 2004, y desde ese año hasta ahora, es decir, durante 19 años, empresas y negocios han podido bonificar su formación voluntaria y obligatoria. No ha habido ningún cambio normativo, no se ha dado ningún cambio en las leyes que ahora permitan este cambio de criterio. De hecho, las propias instrucciones internas que tiene el Servicio Público de Empleo permiten bonificar la formación obligatoria. Incluso, hay una sentencia del Tribunal Supremo, del año 2002, que reconoce expresamente que la formación obligatoria es bonificable”.
La Inspección de Trabajo está actuando sobre los contratos de formación sin cambio normativo
“Todo ello se ha detectado en inspecciones de trabajo sin que haya habido ningún cambio normativo. De hecho, parece que el Servicio Público de Empleo quiere pronunciarse al respecto, pero, a día de hoy, toda la norma que hay, instrucciones internas del SEPE o de la propia Fundación Estatal para la Formación del Empleo (FUNDAE), permiten bonificar la formación. Es más, ahora mismo se puede notificar un curso de formación desde la página web de FUNDAE y no hay ningún problema. De ahí esa inseguridad jurídica. Si no ha habido un cambio en la normativa, ¿por qué ha habido un cambio de criterio?”, se preguntan desde CEOE.
“Entendemos que la Inspección de Trabajo tiene un error en su propio criterio, que es el siguiente. La reforma laboral de 2012 introdujo un nuevo derecho para los trabajadores, que consistió en un permiso retribuido de 20 horas de formación al año. Según el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 33.3 (Promoción y formación profesional en el trabajo), ‘los trabajadores con al menos un año de antigüedad en la empresa tienen derecho a un permiso retribuido de 20 horas anuales de formación profesional para el empleo, vinculada a la actividad de la empresa, acumulables por un periodo de hasta cinco años. El derecho se entenderá cumplido en todo caso cuando el trabajador pueda realizar las acciones formativas dirigidas a la obtención de la formación profesional para el empleo en el marco de un plan de formación desarrollado por iniciativa empresarial o comprometido por la negociación colectiva. Sin perjuicio de lo anterior, no podrá comprenderse en el derecho a que se refiere este apartado la formación que deba obligatoriamente impartir la empresa a su cargo conforme a lo previsto en otras leyes. En defecto de lo previsto en convenio colectivo, la concreción del modo de disfrute del permiso se fijará de mutuo acuerdo entre trabajador y empresario’. Pues bien, la Inspección ha entendido, y mal entendido, que la formación obligatoria no es bonificable. Es decir, mezcla la bonificación con el permiso retribuido que establece este artículo”, argumentan en CEOE.
“Pero, dice muy claro que dentro del cómputo de esas 20 horas no se puede incluir formación obligatoria. Pues a partir de ahí, la Inspección de Trabajo ha entendido, de forma errónea que la formación obligatoria no es bonificable”, añaden.
“Ya tenemos informes de varios despachos de abogados que se pronuncian sobre que la formación obligatoria sí es bonificable, así como una sentencia del Tribunal Supremo y, de igual modo, las instrucciones del Servicio Público de Empleo o la propia Fundación Estatal para la Formación del Empleo. Por lo tanto, no ha habido un cambio de normativa, pero sí un cambio de criterio en la Inspección. Por eso solicitamos al Gobierno que subsane y solucione esta situación”.
CEOE y CEPYME ya han solicitado una reunión con el Ministerio de Trabajo por la inseguridad jurídica
Ambos organismos continúan explicando el estado de la cuestión: “esto está generando una inseguridad jurídica en todas las empresas de España. Y no hay que olvidar que cada día hay más formación obligatoria. Actualmente, normativas de todos los ámbitos exigen a las empresas la obligación de impartir formación en diferentes materias, ya sea prevención de riesgos laborales, manipulador de alimentos o, por ejemplo, se ha aprobado recientemente una ley para la prevención del acoso sexual en el ámbito laboral. Cada vez hay mayor exigencia de formación laboral como norma y la mayoría de los convenios colectivos de este país incorpora más formación. Por lo tanto, no es un caso anecdótico, es que hay mucha formación obligatoria y se estaba bonificando”.
“De ahí que solicitemos al Ministerio que se aclare y se solucione, porque las empresas han paralizado su formación obligatoria; no saben muy bien cómo actuar, si hacer formación o no hacerla, y si gestionar la bonificación o no gestionarla”, añade CEPYME, detallando que “ambos organismos han solicitado a la Secretaría de Estado de Empleo una reunión para poder tratar este tema, dada la magnitud que tiene. Y estamos a la espera de recibir contestación”, puntualizan.
La reclamación que van a plantear y que han hecho pública es el mantenimiento del sistema de bonificaciones a la formación obligatoria, sistema que se ha venido aplicando en España a todas los negocios y empresas que, por su actividad, deben llevarlo a cabo por mandato normativo o de convenio colectivo y que puede ser tanto transversal (por ejemplo, prevención de riesgos laborales), como sectorial (por ejemplo, manipulación de alimentos). Así como la adopción de las medidas normativas y administrativas urgentes que subsanen esta situación y restablezcan la seguridad jurídica de las empresas.
La bonificación de la formación obligatoria para las empresas se ha venido admitiendo por el Ministerio de Trabajo, el SEPE, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) y el Tribunal Supremo (Sala de lo Social) desde que este sistema de ayudas fue implantado en 2004, como ya se ha citado anteriormente Y así era, ya que estas ayudas estaban plenamente incluidas en el sistema de formación para el empleo y reconocidas como tales en los informes jurídicos del Ministerio y de la Fundación.
Ambas confederaciones, CEOE y CEPYME, consideran sorprendente que estas actuaciones se realicen, precisamente, en el Año Europeo de las Competencias y cuando España ostenta la Presidencia del Consejo de la Unión Europea. Y recuerdan que, de los 2.556 millones de euros que se recaudaron en 2022 como cuota de formación, el 85% fue aportado por las empresas y el 15% restante, por los trabajadores. Además, ambas instituciones exponen sobre la mesa que “dado que cada vez existe más formación obligatoria por ley o por convenio, hay que preguntarse, entonces, qué sentido va a tener mantener la obligación para que empresas y pequeños negocios sigan pagando una cuota que cada vez les sirve para financiar menos formación”.
