Los expertos alertan del coste de la factura electrónica para los autónomos si el Gobierno no crea una plataforma gratuita
La Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicación y Electrónica (Conetic) ha solicitado al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que el Reglamento de la Ley Crea y Crece “establezca explícitamente que las empresas y autónomos puedan usar una plataforma pública y gratuita para la entrega y recepción de facturas electrónica”, y que, por tanto, no sea obligatoria la contratación de un servicio de intermediación con empresas terceras.
Según explicaron desde Conetic, y teniendo como base las declaraciones realizadas por la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, la Ley Crea y Crece, “podría contemplar en su desarrollo reglamentario la obligatoriedad de que las pymes y autónomos utilicen las plataformas privadas de mensajería y que, por tanto, tengan que pagar por ello”. Este gasto añadido, según la Confederación, “podría suponer un sobre coste, inasumible en algunas ocasiones, para pymes y autónomos”.
De aprobarse la obligación de que las empresas y autónomos contraten con empresas de mensajería privadas, según denunciaron desde Conetic, “la entrega de sus facturas les estaría obligando a incurrir en costes innecesarios y también a realizar procesos de gestión ineficientes al tener que usar dos modalidades de entrega de facturas diferenciadas según el cliente al que se le remite la factura, FACE si es público, u otra plataforma si es privado”, señalaron desde la Confederación.
“Pedimos una plataforma única, pública y gratuita”
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital plantea que las empresas españolas y los trabajadores autónomos se intercambien las facturas electrónicas a través de plataformas privadas de pago, y con entrega de los datos de la facturación emitida y recibida en abierto.
Sin embargo, por el momento, no plantea la alternativa de crear una conexión directa a través de un sistema central que sea de carácter público y gratuito, algo que ya se hace actualmente, por ejemplo, en el País Vasco, a través del Ticket BAI.
Por este motivo, desde la Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicación y Electrónica (Conetic), consideran “necesario” plantear un proyecto de Estado que permita el intercambio de facturas con un formato único, y que el uso de plataformas de mensajería privadas sea “solamente” algo voluntario.
“Lo que nosotros pedimos es que el Gobierno incluya en el reglamento de la Ley Crea y Crece una plataforma única, pública y gratuita, para que las empresas, pymes y autónomos no tengan la obligación de gestionar sus facturas electrónicas a través de empresas externas”, explicó a este diario el presidente de Conetic, Tomás Castro.
Si se estableciera la obligatoriedad de contratar a una empresa privada para gestionar la facturación electrónica, esto implicaría, en palabras de Tomás Castro, un sobre coste “innecesario” para pymes y autónomos, así como la exposición de información confidencial, ya que, en lugar de mantener un contacto directo con la Administración, todas las facturas pasarían primero por terceras manos.
La Administración ya trabaja con otro tipo de plataformas
Según explicaron desde Conetic, todos los procesos actuales de facturación electrónica y reporte fiscal obligatorios disponen de plataformas públicas y gratuitas: FACE, para envío de facturas electrónicas al sector público; FACEB2B, para envío de facturas entre empresas; el TicketBAI, para envío de facturas en el País Vasco; y el SII, el sistema de reporte fiscal electrónico.
“No estamos pidiendo que se invente la rueda, ya que la Administración ya dispone de este tipo de plataformas y, por tanto, no hace falta que se creen nuevos sistemas. Lo que pedimos es que se incluya en el reglamento una plataforma pública, que sea gratis, para las pymes y autónomos”, señaló el presidente de Conetic.
De esta forma, explicó, la contratación de una plataforma privada sería algo voluntario, para todas aquellos profesionales que quisieran disponer de un servicio externo para gestionar sus facturas electrónicas.
“Existen plataformas privadas de mensajería que intervienen en la facturación electrónica y en la presentación de los reportes fiscales si el cliente considera que proporcionan valor añadido en el cumplimiento de sus obligaciones aunque tenga coste”, señalaron desde la Confederación. Es decir, la implementación de una plataforma única no implicaría que no se pudiera recurrir a otras empresas intermediarias para emitir y recibir facturas electrónicas, algo que "tendría quizás más sentido para grandes empresas".
El funcionamiento de las plataformas oficiales que ya existen en la actualidad “es sencillo”. En el caso de FACE, por ejemplo, permite recibir y almacenar facturas entregadas en formato Facturae. “Dispone de trazabilidad sobre cada factura con las fechas y horas de entrega del emisor y de descarga del receptor. Para cada factura se almacenan los estados por los que pasa a medida que van siendo notificados por el organismo público con la fecha en la que se produjo el cambio”, señalaron.
Cuando una empresa ha realizado la facturación habitual, debe entregar las facturas generadas a sus clientes mediante algunos de los siguientes métodos:
- Generar automáticamente un archivo Facturae para cada factura y comunicarlas directamente a FACE
- Usar una plataforma intermedia de mensajería a la que se entregan archivos Facturae o declarando el contenido las facturas en su portal web (para pocas facturas)
- Usando el portal Web de FACE (para pocas facturas)
“La soberanía de cada autónomo sobre sus datos debe garantizarse”
Al sobre coste de emisión de facturas habría que añadir la pérdida de soberanía de la empresa o autónomo sobre la información contenida en cada factura electrónica, a la que podrían tener acceso las empresas intermediarias.
Desde Conetic explicaron que el contenido de una factura electrónica es accesible para las plataformas públicas y/o privadas que intervienen en el intercambio. “El uso de plataformas de mensajería privadas implica costes, exposición de toda la información y, si la entrega al cliente es a través de correo electrónico, accesible por esos proveedores. La soberanía que tiene cada empresa sobre los datos de sus facturas debe garantizarse”, destacaron.
“Uno de los principales objetivos de la Ley Crea y Crece es la reducción de la morosidad comercial entre empresas, pero me gustaría saber qué respondería un autónomo si le preguntamos qué le parece que, como consecuencia de esta ley, vaya a estar obligado a contratar a una empresa externa para gestionar sus facturas electrónicas y que, por tanto, además de un coste añadido, sus datos y la información sobre su facturación esté a disposición de otras personas”, cuestionó el presidente de Conetic.
Ante esta situación, el presidente de Conetic, Tomás Castro, señaló que “la implantación de la factura electrónica debe abordarse como un proyecto de Estado con visión integral de las implicaciones globales que tiene”.
Por su parte, el miembro de Conetic, Ray Fernández, añadió que los datos empresariales y fiscales estarían en manos de terceros y la ley no contempla la protección de los mismos. “Sería una catástrofe que se usurparan estos datos por medio de ciberataques y que las empresas sufrieran un problema que destruyera su negocio”, sentenció.
Este método ya funciona con éxito en otros países de Europa
Según explicó a este diario Tomás Castro, desde la Confederación llevan meses trabajando en esta petición y manteniendo reuniones con distintas organizaciones empresariales, como la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
“El sector tecnológico tiene la responsabilidad de plantear un proyecto consensuado con todas la partes interesadas que dé solución a los requisitos legales y también los operacionales. Las organizaciones privadas y autónomos tenemos en juego un ahorro operativo de 4.000 millones anuales en la recepción y emisión de facturas electrónicas”, explicaron desde Conetic.
Para llevar a cabo esta petición, explicó el presidente de Conetic, se han estudiado otros países, como Italia o Francia, que disponen de una plataforma de facturación única que “funciona con éxito”.
“En Italia han desarrollado un verdadero Proyecto de Estado en el marco de la Agenda Digital Italiana y han implantado un sistema centralizado único, financiado por el Ministerio de Economía y administrado por la Agencia Tributaria”, explicaron desde la Confederación. Dicho proceso, añadieron, es único con independencia de si el destinatario es público, privado o consumidor final.
Esta plataforma permite a las empresas y pymes italianas recibir sus facturas sin coste alguno y sin necesidad u obligación de usar otras plataformas privadas de comunicación, ni impedimento para hacerlo voluntariamente.
Además, a partir de 2028, la facturación electrónica será obligatoria entre las empresas europeas, y la adecuación por parte de los países miembros a ese modelo único y normalizado de facturación se estima en cuatro años. “No tiene sentido actuar ahora de una forma y dentro de unos años tener que implementar algo que podría implementarse desde ahora”, destacó Castro.
Cuánto podría costar a las empresas contratar a una empresa externa
Según explicaron desde Conetic, y de acuerdo con los datos de los operadores privados de facturación electrónica, el coste medio de emisión de facturas electrónicas para las empresas es de unos 300 euros al año, más servicios adicionales. El coste por factura emitida oscilaría entre 10 céntimos y un euro. “Este coste es notablemente inferior al de emisión de facturas en papel, pero más caro que el uso de una plataforma pública gratuita”, denunciaron.
Teniendo en cuenta el número de empresas y autónomos que hay en España, más de 3,4 millones de las primeras y 3,3 millones de los segundos, “este pequeño coste por factura representa un coste de intermediación de unos 1.000 millones anuales”. Por ejemplo, señalaron, una pyme que emita 500 facturas tendría un coste de unos 25 euros al mes, es decir, 300 euros al año.
En 2021, en España se intercambiaron 296 millones de facturas electrónicas en el ámbito B2B (de empresa a empresa) y 14 millones de facturas en el ámbito B2G (de empresa a Administración). Las Facturas electrónicas presentadas a través de FACE a las distintas Administraciones Públicas desde 2014, por el momento solo siendo obligatorias aquellas con importe superior a 5.000 euros, a fecha del 31 de enero de este año, fueron 92.131.806. Los mayores emisores en 2021 fueron las pequeñas empresas.
“Disponer de una solución de facturación electrónica integrada y gratuita en España permitiría a las empresas mejorar su gestión, simplificar sus procesos y ahorrar más de 4.000 millones de euros anuales, al incorporar las facturas recibidas a sus sistemas informáticos de forma automática y sin errores y eliminando la presentación de registros fiscales, como el SII, a la Agencia Tributaria”, señaló el presidente de Conetic, Tomás Castro.
El Kit Digital puede utilizarse para cubrir el coste de la factura electrónica
Hacienda quiere que los autónomos aprovechen las ayudas del Kit Digital para instalar la factura electrónica en su negocio. Por ello, desde Hacienda se está proponiendo utilizar el bono digital para adelantarse a este futuro requisito. De hecho, Red.es ofrece una financiación mayor en los servicios de factura electrónica dentro del programa Kit Digital.
El importe subvencionado actual de la factura electrónica con el Kit Digital es:
- Para el Segmento 1, que son los negocios que tienen entre diez y 49 empleados: tienen 2.000 euros para gastar en la factura electrónica (antes se daban 1.000 euros).
- Para el Segmento 2, que son los negocios que tienen entre tres y nueve empleados: tienen 2.000 euros para gastar en la factura electrónica (antes se daban 500 euros).
- Para el Segmento 3, que son los negocios que tienen entre 0 y hasta dos empleados: tienen 1.000 euros para gastar en la factura electrónica (antes se daban 500 euros).
