Una futura ley obligará a los negocios a acreditar que pagan todas sus facturas para poder acceder a ayudas
El Congreso aprobó el pasado jueves el dictamen del proyecto de ley de Creación y Crecimiento de las Empresas, más conocido como Ley Crea y Crece, que incluye varios cambios que podrían afectar a los autónomos y negocios en distintos ámbitos. El texto, que todavía tiene que ser remitido al Senado y devuelto al Parlamento para su aprobación final, introduce novedades en los trámites y requisitos para la creación de sociedades en España, pero también -con el objetivo de luchar contra la morosidad- en las condiciones para poder acceder a futuras convocatorias de ayudas públicas, como podría ser el Kit Digital o cualquiera de las subvenciones que lleguen a cargo de los fondos europeos.
Como ya avanzó en su momento la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, el proyecto de la Ley Crea y Crece, "excluirá de la convocatoria de ayudas y subvenciones, incluidas las que se activarán con los fondos europeos, a los autónomos con deudas". La novedad que trae este nuevo requisito es que por primera vez, se exigiría a los negocios para acceder a cualquier subvención estar al día con todos sus pagos, no sólo con Seguridad Social y Hacienda, sino también con sus proveedores.
Según el dictamen que aprobó el Congreso el pasado jueves, los negocios que quieran acceder a subvenciones por importe superior a 30.000 euros "no podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora" si "incumplen los plazos de pago previstos en la citada Ley", es decir, un máximo de 60 días para operaciones entre empresas.
Las distintas organizaciones representativas de los autónomos y empresas y los expertos consultados valoraron positivamente esta nueva obligación para las grandes empresas, que son las que más tienden a retrasarse con sus pagos a proveedores, pero lo consideran una traba innecesaria para los autónomos y negocios más pequeños, que muy rara vez se retrasan en abonar sus facturas.
Según el Estudio sobre Comportamientos de Pago de las Empresas Españolas, de Informa DyB, el 66,37% de las pymes y el 79,58% de las grandes compañías tardaron hasta 30 días en pagar sus facturas. Mientras que sólo el 38,81% de los autónomos y microempresas dejó pasar 30 días para realizar el pago a sus proveedores. Si se observa el grado de cumplimiento respecto al plazo legal de 60 días, sólo el 27,27% de las pymes fue puntual con sus pagos durante el primer trimestre de 2022 y menos del 14% de las grandes empresas cumplieron con el plazo legal de pagos.
La Ley Crea y Crece establece dos formas de acreditar que los negocios no son morosos
Los negocios que quieran cobrar una ayuda de más de 30.000 euros no podrán tener ninguna factura pendiente de pago con un proveedor desde hace más de dos meses. Para acreditarlo, el nuevo artículo que se introduciría en la Ley General de Subvenciones distingue entre dos tipos de beneficiarios: los negocios que pueden presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas, y los que no.
Los negocios que pueden presentar cuentas de pérdidas y ganancias abreviadas tienen que cumplir las siguientes condiciones:
- Que el total de las partidas de activo no supere los 11.400.000 mil euros.
- Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 22.850.000 euros.
- Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 250.
Los beneficiarios que puedan presentar estas cuentas abreviadas, que son todas las pequeñas y medianas empresas y los autónomos societarios, "tendrán que presentar una declaración responsable de que no tienen pendiente ningún pago que supere el plazo establecido por contrato o el plazo máximo de 60 días que marca la Ley. Esta declaración, que supone una traba más para los negocios más pequeños, seguramente será verificada más adelante para ver si realmente se cumplía con esta exigencia. De lo contrario, tendrán que devolver las ayudas", explicó José Carlos Piñero, director del Área Jurídica de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).
Por otro lado, para las grandes empresas, esta circunstancia -es decir, no sobrepasar el plazo legal de pago de 60 días- "se acreditará mediante certificación, emitida por un auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, que atenderá al plazo efectivo de los pagos de la empresa cliente con independencia de cualquier financiación para el cobro anticipado de la empresa proveedora".
No queda claro cómo deberán acreditar los autónomos que están al día con sus pagos para acceder a las ayudas
El nuevo compromiso que introduce el proyecto de Ley Crea y Crece distingue claramente entre pymes y grandes empresas a la hora de acreditar que están al día en los pagos con sus proveedores y pueden acceder a las ayudas. "Sin embargo, de momento, no se ha especificado en la ley cómo tendrán que demostrar los autónomos persona física que cumplen con sus plazos de pago, porque en el proceso para acreditar esta circunstancia se habla sólo de sociedades", explicó el director del Área Jurídica de ATA.
Según Piñero, "la ley deja claro que los autónomos persona física también están dentro del ámbito de aplicación de este requisito y que, por lo tanto, tendrán que estar al día con sus proveedores para cobrar ayudas al igual que las sociedades. Lo que no queda claro es cómo deberán acreditarlo. Esto podría desarrollarse más adelante en el proyecto de Ley o incluso matizarse en las condiciones de cada una de las futuras convocatorias de subvenciones".
"Una traba más para los autónomos y pequeños negocios"
Según explican los expertos, este nuevo mecanismo que introduce el proyecto de ley Crea y Crece se puede interpretar desde una doble vertiente. Por un lado, sería positivo que las empresas de mayor tamaño tengan que cumplir con los plazos de pago con sus proveedores para acceder a subvenciones, ya que esto podría reducir de forma sustancial la morosidad que afecta a miles de autónomos.
Sin embargo, "la obligación de presentar esta declaración responsable y estar sujeto a comprobación supondrá una traba más para los autónomos y pequeños negocios, para los que ya de por sí es complicado reunir y presentar toda lo documentación que se exige en cada convocatoria de subvenciones", apuntó José Carlos Piñero, director jurídico de ATA.
En la misma línea, desde la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) emitieron recientemente un comunicado en el que consideran que esta nueva obligación para acceder a las ayudas públicas terminará siendo una "traba más" para los autónomos y pymes españoles.
Según Cepyme, "si bien la norma incluye algunos aspectos positivos -como aumentar el control de la morosidad de las grandes empresas-, incorpora medidas de dudosa eficacia que suponen nuevas cargas para las pymes, dificultando aún más su acceso a los fondos europeos y subvenciones en un momento delicado para muchas empresas".
