El Gobierno finalmente no impondrá peajes en las autovías que utilizan miles de autónomos a diario

La directora general de Transporte por Carretera, Roser Obrer, ha confirmado a las diversas asociaciones presentes en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) que el Gobierno descarta definitivamente imponer peajes por el uso de las autovías españolas, tal y como pedía Bruselas. Una medida que preocupaba no sólo a los autónomos profesionales del volante y a las pequeñas empresas de transporte de mercancías o de pasajeros, sino a los miles de agentes comerciales y otros trabajadores por cuenta propia que emplean su vehículo como herramienta de trabajo.

En España hay actualmente 12.035 kilómetros de carretera, entre autovías y autopistas, de las cuales sólo 1.514 son de peaje, tras pasar 550 kilómetros a estar libres de pago por uso en 2021, debido a la finalización del periodo inicial de esta concesión. Y Roser Obrer se ha comprometido ante los representantes de los transportistas a presentar en breve un proyecto de Real Decreto en el que, entre otras cosas, quede patente este rechazo a tarificar las carreteras y autovías.

Un impuesto que los profesionales de la carretera denominan popularmente como “euroviñeta”, en referencia al adhesivo que el conductor adquiere y pega en el parabrisas y que funciona a modo de tarifa plana, y que la Unión Europea lleva años impulsando para la red de carreteras de los estados miembros. Primero, con una tarifa basada en el tiempo de uso, y después mediante un peaje en base a la distancia recorrida.

El Gobierno tendrá que incentivar el transporte de mercancías por ferrocarril

Esta negativa española, que ya se había pactado con la Comisión Europea –que lo exigía como parte de los compromisos de movilidad sostenible– ha podido mantenerse, eso sí, a cambio de que se incentive en nuestro país el uso del tren en el tráfico de mercancías. De otro modo, Bruselas amenazaba con demorar la segunda fase del Plan de Recuperación de España para movilizar de aquí a 2026 la totalidad de los fondos europeos Next Generation (entre transferencias y préstamos hasta 25.600 millones de euros en 2024, hasta 44.600 millones en 2025 y hasta 44.300 millones en 2026).

El nuevo acuerdo entre España y Bruselas incluye la sustitución de los peajes por otras soluciones para intentar reducir las emisiones contaminantes del transporte por carretera. Lo que nos compromete a la introducción de medidas para fomentar la trasferencia de mercancías por ferrocarril. Con tres novedades: la primera es la obligación de implantar un programa de desarrollo de autopistas ferroviarias, “en aquellos corredores en los que resulte viable y exista un interés empresarial para su desarrollo”; la segunda es la asunción del compromiso de “aprobar una bonificación de los cánones ferroviarios para los tráficos de mercancías durante un periodo mínimo de cinco años”; y, por último, el que nuestro país “desarrolle un programa de apoyo al transporte ferroviario de mercancías, con medidas de incentivo para el cambio modal desde la carretera y con un plan concreto de modernización del sector”.

El proyecto de Real Decreto, que será sido sometido a consulta pública en próximos días, establecerá expresamente la no aplicación de peajes por la circulación en las autovías y resto de carreteras que forman parte de la Red General del Estado, con la excepción lógicamente de las autopistas privadas sometidas a régimen concesional. Estableciendo los criterios de fijación del peaje máximo a cobrar por las concesionarias privadas de autopistas, para cuyo cálculo se deberán tener en cuenta como novedad las emisiones de los vehículos.

De todos modos, puede que el asunto no haya terminado aún de crear preocupación entre los autónomos del volante. Pues el propio ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comentó hace unas semanas que el proyecto de ley de movilidad sostenible establece un marco que podría permitir a los municipios que así lo considerasen oportuno establecer peajes en aquellos tramos de su competencia.

Los transportistas veían inasumible la propuesta de Bruselas sobre los peajes en España

Uno y otro ven complicado calcular qué importe anual, siquiera aproximado, podría suponer para el autónomo el detenerse en las cabinas de peaje cada vez que viajasen por una autovía con pago por uso, tal y como se proponía desde Bruselas. “En mi zona de influencia, que es Castilla-La Mancha”, calculó Miguel Ángel Rivero, quien preside también la delegación de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) en esta comunidad autónoma, “puedo recorrer cada año una media de 70.000-75.000 kilómetros sólo en desplazamientos por trabajo. Pero las rutas son muy variables, y comprenden zonas de muchos pueblos y carreteras secundarias. Si a ello he de añadirle la “euroviñeta” sería un quebranto enorme”, valoró.

Y es que, para este profesional por cuenta propia, como para tantos otros cuya labor profesional depende de echarse cada mañana a la carretera, “el vehículo, y los gastos que conlleva, constituyen el principal capítulo a tener en cuenta a la hora de calcular gastos. De ahí que hayamos solicitado ser incluidos en la bonificación al gasoil profesional, lo mismo que los transportistas. Porque tanto nosotros, los agentes comerciales, como los técnicos de reparaciones, que cargan con sus equipos en furgonetas, necesitamos un cierto alivio”.

José Antonio Moliner se expresó en términos similares, al mencionar que un autónomo del transporte recorre al año cerca de 110.000 kilómetros, y que continuar adelante con las pretensiones de la UE supondría un verdadero peligro para quienes circulen por carreteras secundarias, “a donde nos acabaríamos saliendo, siempre que fuese posible, con la sola idea de esquivar los peajes. Ya pasó en Zaragoza con la nacional 2 y la AP2, que en cuanto se liberó del peaje multiplicó su tráfico por ocho...”. Así que si buscamos la seguridad vial hemos de pensar también en estos detalles”.

Los autónomos que trabajan con sus vehículos se muestran cautos sobre la sinceridad del Gobierno

No obstante, según José Antonio Moliner, presidente de la Asociación Empresarial de Transporte Discrecional de Mercancías por Carretera (Tradime), “será necesario leer bien la letra pequeña de ese borrador de Real Decreto para estar seguros del todo de que así se va a votar y aprobar; porque la CNTC no deja de ser un mero órgano consultivo”. En todo caso, a esta patronal le alegra que todo el sector del transporte se vea eximido de soportar unos gastos añadidos, “que no son realmente nuestros, sino que en todo caso cabría computar a los cargadores. Lo suyo sería establecer un canon por tonelada o metro cúbico para los propietarios de las distintas mercancías; pero claro, lo fácil es cobrárselo al pequeño...”.

Al igual que indicó Miguel Ángel Rivero, presidente del Colegio de Agentes Comerciales de Ciudad Real, “son unos gastos que no puedes repercutir en el precio de los productos que vendes”, puesto que, a diferencia del comercio, que tiene la opción de incrementarlos si el mercado se lo permite, “el agente comercial autónomo trabaja por una comisión pactada de antemano y no puede añadir ningún gasto a su factura: van a nuestra cuenta, y eso corre en detrimento de los beneficios... cuando los hay. Porque tú sales cada mañana a vender, pero ¿y si no cierras ninguna venta?”.