Los transportistas aseguran que aumentar la carga máxima de los camiones perjudicará a su facturación

El Ministerio del Interior quiere tramitar la modificación de las masas de carga y dimensiones de los vehículos destinados al transporte de mercancías “sin acuerdo previo con el sector”,  para que resulte de aplicación a finales de este año, explicó a este medio José Carlos López Jato, vicepresidente de Fetransa, quien considera que generará diversas consecuencias negativas para los transportistas, como una caída de la facturación.

Estos cambios aumentarían las medidas y el número de toneladas que estos vehículos pueden transportar. Una modificación se estaba debatiendo con el Comité Nacional de Transporte por Carretera, pero que, según explicó Jato, “el Ministerio del Interior quiere tramitar lo antes posible, sin cumplir el pacto previo de tener el visto bueno del Comité”. 

Como aclaró Jato, estas transformaciones se quieren llevar a cabo en un período en el que esperan "una situación económica difícil del mercado". Los autónomos y cooperativas del sector verían afectados sus precios, y tendría un impacto en la seguridad vial, ya que “deteriorarán más rápido las infraestructuras de transporte”. Por ello demandan un mayor plazo de tiempo para adaptarse. 

Los autónomos tendrán que modificar las dimensiones de sus camiones para adaptarse a la normativa

Las modificaciones se encuentran establecidas en el Real Decreto-ley 3/2022, donde se establece un mandato para la mejora de la sostenibilidad ambiental en el transporte terrestre. Mediante él, se recoge, entre otras medidas, el aumento de la carga de los vehículos de mercancías de las 40 a las 44 toneladas, o de los megatráiler de 60 toneladas a 72 toneladas, así como la ampliación de la altura a 4,5 metros para determinados tipos de transporte. 

Como detalló el vicepresidente de Fetransa, la aplicación de la norma, que se estaba debatiendo con el Comité Nacional del Transporte por Carretera, se paralizó por diversos motivos. Uno de ellos es que requería consentimiento previo del Comité antes de su puesta en marcha. Sin embargo, el Transporte ya habría comunicado al sector que la norma “se tramitará a través del Ministerio del Interior como cualquier otra norma”, y aún sin ese consenso previo. 

Ante la situación, la federación afirma rechazar la aplicación de la reforma en un plazo tan corto de tiempo, así como que se rompa el acuerdo con el ministerio, ya que se aseguró que “estas modificaciones no se pondrían en marcha sin ese acuerdo entre las partes”. Como aclaró López Jato, lo que solicitan es un mayor período de tiempo para su aplicación, "que permita al sector adaptarse a todas sus consecuencias”. 

Los autónomos y cooperativas del sector, de aplicarse a finales de este año, tendrían que afrontar los cambios en un momento en el que la demanda de transporte se encuentra a la baja, y, como aclararon desde Fetransa, se prevé que empeore. “Todas las organizaciones del comité están de acuerdo en que no se lleve a cabo la modificación con tan poco margen de tiempo”. 

Las consecuencias que presenta su aplicación son las siguientes son variadas. En primer lugar, menos camiones llevarían un mayor volumen de mercancía, por lo que afectaría a la facturación de los autónomos y cooperativas del sector al abaratarse los precios. “Los plazos de aplicación son muy importantes, máxime cuando esperamos una contracción de la demanda próximamente; hay que encontrar una coyuntura positiva para su aplicación”, apuntó el vicepresidente. 

También afectaría a la inversión y amortización que realizan estos autónomos de su vehículo, ya que el desgaste se producirá antes en el tiempo, y tendría consecuencias fundamentales en la seguridad vial. Como explicó López Jato, estos efectos se podrían considerar como “graves”, dado que va a afectar al deterioro de las infraestructuras de transporte a causa de los mayores volúmenes y medidas. 

Además, según han calculado ya desde la federación, tendrían que renovar en torno al 20% de las flotas -un vehículo nuevo cuesta alrededor de 170.000 euros-, sin previsión de contrapartidas y sin que esté claro “qué otros requisitos van a exigirse ese a esos vehículos una vez que cambien sus dimensiones”. 

La motivación de la norma es contribuir a la sostenibilidad y avanzar en la descarbonización

En el RD, se establece que este mandato sirve a la mejora de la sostenibilidad ambiental en el transporte terrestre y que supone un avance en la descarbonización del sector. 

Sin embargo, el pasado mes de enero el conjunto de asociaciones representantes de los cargadores -AECOC, ACE, ANFAC, FEIQUE y TRANSPRIME Spanish Shippers’ Council-, realizaron un llamamiento al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y al Comité Nacional de Transportes Terrestres para la tramitación urgente de este reglamento. 

Según el vicepresidente de Fetransa, estas presiones se justifican con que hay que “favorecer el uso de vehículos más sostenibles” desde el punto de vista medioambiental, y que sería una transformación que "ayudaría a paliar la falta de conductores”. Pero los transportistas demandan que se tenga en cuenta la necesidad de consenso con el Comité, así como que la transición ecológica se haga teniendo en cuenta las necesidades del sector, que en este caso, no cuentan con la coyuntura económica que “permita realizar el cambio sin perjudicar al sector”.