Según los expertos será "una carga más"

El Gobierno propone obligar a los autónomos a comunicar al SEPE todas las ofertas de empleo que realicen

El Gobierno quiere obligar a los autónomos a comunicar las vacantes de empleo que tengan en sus negocios. Una de las medidas del Anteproyecto de Ley del Empleo que, según los expertos, supondrá una carga añadida para el colectivo.
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Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social
El Gobierno propone obligar a los autónomos a comunicar al SEPE todas las ofertas de empleo que realicen

Los autónomos podrían estar obligados a comunicar las vacantes de empleo que tienen en sus negocios. Se trata de una de las medidas clave que recoge el recién aprobado Anteproyecto de Ley de Empleo. El Gobierno pretende así obligar a los profesionales con trabajadores a su cargo a trasladar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) las ofertas de trabajo o los puestos que necesiten cubrir para realizar su actividad. El objetivo principal del Ministerio de Trabajo y Economía Social con esta iniciativa es "fomentar la transparencia del mercado laboral y crear una nueva plataforma de empleo que deje de estar pensada sólo para los desempleados y aúne al conjunto de la sociedad", explicó la vicepresidenta segunda y ministra, Yolanda Díaz.

La nueva plataforma sustituiría a lo que ahora conocemos como SEPE -anteriormente INEM- y pasaría a denominarse como Agencia Española del Empleo (AEE). Tanto las empresas como las administraciones públicas y las agencias privadas de colocación, tendrían la obligación de comunicar sus ofertas de trabajo a esta nueva plataforma tal y como explicó Díaz en el Consejo de Ministros extraordinario del pasado viernes. "Las empresas y cualquier administración van a tener que comunicar las vacantes de las que se dispongan para que, de una simple visualización, podamos conocer cuáles son las ofertas que se están propiciando en tiempo real en el conjunto del país", dijo la ministra de Trabajo. Y además, destacó que "la información servirá para evitar cualquier tipo de discriminación por motivos de raza, sexo, religión, convicciones políticas, nacionalidad o edad".

No obstante, y si bien se trata de un proyecto que tiene que pasar aún por el Congreso de los Diputados distintos expertos ya auguraron esta medida como "una obligación más a la que tendrán que responder los autónomos. Podemos comparar esta comunicación entre el dueño de un negocio y la Administración como una declaración de Hacienda más", señaló Luis San José, abogado laboralista del despacho AGM abogados. Por lo tanto, "en una primera instancia no parece que vaya a suponer ninguna ventaja para el colectivo, sino más bien, un trámite más que le añadiría carga de trabajo", apuntó el experto.

"Una carga más" para los autónomos

Yolanda Díaz aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que actualmente en España resulta "muy difícil hacer un seguimiento de las ofertas de trabajo”. Por ello, confía en que con la nueva obligación de los negocios se pueda dar una respuesta más rápida en la búsqueda de empleo. Sin embargo, los abogados insistieron en que este requerimiento "cargaría aún más de burocracia a los autónomos y empresarios"

Tanto es así, que como ejemplificó el abogado de AGM, "las obligaciones de los trabajadores por cuenta propia con la nueva AEE serán como las que tienen con la Agencia Tributaria". Porque aunque aún no se sepa cómo tendrán que realizar los profesionales esa comunicación de los puestos que tienen libres y necesitan ocupar, San José entendió que será parecido a las declaraciones con Hacienda o Seguridad Social. "Los autónomos deberán declarar la demanda de trabajo existente en sus negocios, de forma que el Gobierno controlará más exhaustivamente tanto la oferta y la demanda de empleo, como los tipos de contratos que hagan los dueños de negocio". Es decir, "la libertad que existe actualmente para contratar a cualquier persona que el empresario considere, se verá coartada ya que éste deberá de exponer la vacante previamente en la Agencia Española del Empleo"

Y es que no hay que olvidar que el Gobierno quiere reducir todo lo posible la temporalidad del mercado laboral en nuestro país. Alrededor de uno de cada cuatro contratos que se firman son temporales y, en lo que va de año, la Inspección de Trabajo ha convertido más de 260.000 en indefinidos. Cifras que el Ejecutivo quiere mantener, e incluso aumentar, endureciendo todavía más las sanciones a los autónomos y empresas que abusan de esta modalidad. Según revelaron fuentes del sindicato UGT a este diario, estas multas se incrementarían en un 25%, es decir, hasta los 10.000 euros en su grado máximo.

Además, por otra parte, el abogado explicó también que el Ejecutivo quiere que todas las comunidades autónomas se comprometan a ofrecer una cartera básica de servicios a los desempleados, tales como orientación, información, intermediación laboral, o asesoramiento para el empleo. "Lo que busca el Ministerio de Trabajo es asegurarse de que las administraciones lleven a cabo un seguimiento personal e individual tanto de los desempleados como de las vacantes de empleo", dijo San José.

Un sistema que va más allá del alemán

Para la creación de la Agencia Española del Empleo, el Gobierno español se ha fijado en Alemania. Este país cuenta con la Agencia Federal de Empleo de Alemania que, al igual que lo que pretende el Ministerio de Trabajo y Economía Social en nuestro país, obliga a las empresas a comunicar sus vacantes de empleo, "con la única diferencia de que allí los autónomos solo tienen que trasladar las ofertas más importantes, como por ejemplo, los puestos de directivos", explicó Luis San José. En principio, el Gobierno de España va a solicitar todas las vacantes, sin tener en cuenta el rango del cargo que se ofrezca en los negocios.

Una vez más, como ya ocurrió con la formación dual de los jóvenes, el Gobierno se ha fijado en las estructuras laborales del país que dirige Ángela Merkel. "La primera potencia de la Unión Europea tiene una tasa de paro del 3,3% de la población activa frente al 14,5% de España, por lo que es entendible que el Gobierno español quiera copiar sus métodos", señaló el abogado laboralista.