La nueva Ley de Garantías eleva otro 10% los costes que soportan los pequeños comercios
En 2022 entró en vigor el real Decreto-Ley 7/2012, también conocido como la Ley de Garantía del Consumidor. Esta normativa traía como principal novedad el incremento del periodo de garantía de los productos de dos a tres años. Esta ley, que pretende proteger a los consumidores, ha tenido un efecto colateral en los pequeños comercios. La Confederación Española de Comercio ha asegurado que, tras un año en vigor, el precio de venta final al público ha tenido que incrementarse en hasta un 10%.
“La extensión de los periodos de garantía de los productos que vendemos obliga a los distribuidores a ampliar su stock o servicios de reparación, lo que a fin de cuentas supone un aumento de costes para el autónomo o comercio que desea disponer de ese producto en su local”, explicó Carlos Moreno Figuer, portavoz de la Confederación Española de Comercio.
Principalmente, añadió Moreno, ha afectado a los negocios que venden productos tecnológicos u electrodomésticos. “El problema es que los distribuidores tienen que almacenar hasta 10 años las piezas de repuesto. Piezas que a su vez han incrementado su valor la inflación.
La primera estimación de la patronal de comercio era que esta nueva ley sólo supieses un incremento del 2% en el precio de venta al público. Sin embargo, todos los productos, desde juguetes a electrodomésticos, han encarecido hasta un 10% su precio final. Situación que agrava aún más la crisis que del comercio tradicional ante la inflación, los costes de alquiler, luz, agua, seguros sociales y la competencia con el comercio electrónico. En este sentido, el portavoz de CEC explicó que una lavadora, por ejemplo, podrá aumentar hasta 200 euros aproximadamente su coste final.
La patronal ya advirtió al Gobierno el año pasado de que esta normativa se lanzó “sin contar con los agentes sociales, sólo escuchando a los consumidores y al final ellos serán los que pagarán este tipo de normas unilaterales junto a los pequeños comercios. Nuestras peticiones han sido desestimadas”, explico al publicarse la norma Moreno.
El portavoz recordó un ejemplo real donde un autónomo tuvo que asumir los costes totales de un producto debido a problemas con la extensión de la garantía. “Un cliente utilizaba una placa eléctrica para cocinar en su local. Sin embargo, cada seis meses acudía a la tienda donde lo había comprado exigiendo una nueva y explicando que era para su uso particular. La primera vez, el comerciante reemplazó el producto defectuoso por uno nuevo. Pero, tras volver en varias ocasiones por el mal uso del producto, el emprendedor terminó por devolverle el dinero al cliente. Pérdida a la que se le suma los productos que ya había reemplazado”, explicó Moreno. El problema recae en que, al ampliar el periodo de garantía, un particular puede hacer un uso indefinido del artículo en cuestión y luego alegar que traía un defecto de fábrica. Ante esto, el autónomo está indefenso puesto que es su palabra contra la del consumidor, y en cualquiera de los casos “el cliente siempre tiene la razón”, comentó Moreno.
El portavoz de CEC también matizó que, con el auge de ventas por Internet, siendo España el país Europeo que más ha ampliado el periodo de garantía, conllevará a que los particulares compren en el extranjero el mismo producto pero más barato, deteriorando las ventas en los negocios españoles. “Si en Italia o Inglaterra encuentras el mismo producto más barato, siendo la única diferencia un año de garantía, el consumidor, gracias a la compra en línea, elegirá el artículo más barato. Los negocios españoles van a perder competitividad”, concluyó Moreno.
Ley de Garantías del Consumidor: lo que un autónomo necesita saber
El 1 de enero de 2022 entró en vigor el Real Decreto-ley 7/2021 que, principalmente, afecta al plazo mínimo de la garantía del producto. Hasta ahora -y desde que en 2007 fuera aprobada la anterior ampliación- se había mantenido en dos años. A partir de enero se incrementará el pazo de garantía legal del producto de dos a tres años desde el momento de la entrega del mismo. Cabe destacar que esta nueva legislación solo afectará en la compra si el producto es adquirido por un consumidor o un particular, por lo que la compra entre distribuidores, autónomos y negocios queda excluida de esta norma.
¿A qué productos afecta esta nueva normativa?
Están incluidos todos los contratos o facturas realizadas con consumidores de compraventa de bienes existentes.
¿Afecta a todos los bienes o productos que se pueden vender?
No, la normativa no acoge todos los productos. La ley excluye expresamente a los animales vivos y los bienes de segunda mano adquiridos en subasta administrativa, así como servicios financieros, de juego o azar y determinados servicios digitales.
¿Por cuánto tiempo debe un comercio responder a la garantía?
El autónomo deberá responder durante tres años desde la entrega o suministro en el caso de bienes o de dos años en el caso de contenidos o servicios digitales. En los bienes de segunda mano, el emprendedor y el cliente podrán pactar un plazo menor al indicado, que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.
¿Qué documentación debe aportar el cliente?
La factura o tique de compra, o el albarán de entrega, son los documentos que servirán, salvo prueba en contrario, para acreditar la fecha de inicio de los plazos de garantía.
