La patronal del Comercio asegura que la nueva Ley de Garantías del Consumidor elevará un 15% el precio de los productos

El próximo 1 de enero, entrará en vigor el real Decreto-Ley 7/2012, también conocido como la Ley de Garantía del Consumidor. Esta nueva normativa incrementará en tres años las garantías de productos. Durante ese tiempo, los artículos y servicios digitales que adquieran los clientes deberán ser reemplazados o devuelto su importe si los clientes encuentran desperfectos o están desconformes. Esta ley, que en principio pretende proteger a los consumidores, tiene un efecto colateral que, según la patronal del Comercio, no ha sido estudiada por el Ejecutivo. La extensión de los periodos de garantía obliga a los distribuidores a ampliar su stock o servicios de reparación, lo que derivará en un aumento del 15% del coste de los productos y, por ende, elevará el precio final de venta al público. Gastos que los autónomos percibirán en sus negocios y que en muchos casos tendrán que asumir.

“Para cubrir los costes de garantía, los productores y distribuidoras deberán elevar el precio del producto. Tienen que tener más piezas de repuesto, deberán cambiar los productos defectuosos por nuevos similares y más caros, además de tener operativo más sistemas de reparación y asistencia. Lo que parece una buena noticia para los consumidores, sólo es un titular atractivo que a posterior encarecerá aún más los costes fijos de los autónomos y pequeños comercios y los propios clientes”, explicó Carlos Moreno Figuer, portavoz de la Confederación Española de Comercio.

Esta norma, afectará a todos los productos a excepción de los animales vivos y los bienes de segunda mano adquiridos en subasta administrativa, así como servicios financieros o juegos de azar. Sin embargo, el resto de productos, desde juguetes a electrodomésticos, encarecerán drásticamente su precio final. Situación que agrava aún más la crisis que del comercio tradicional ante la inflación, los costes de alquiler, luz, agua, seguros sociales y la competencia con el comercio electrónico. En este sentido, el portavoz de CEC explicó que una lavadora, por ejemplo, podrá aumentar hasta 200 euros aproximadamente su coste final.

“El Gobierno ha lanzado esta norma sin contar con los agentes sociales, sólo escuchando a los consumidores y al final ellos serán los que pagarán este tipo de normas unilaterales junto a los pequeños comercios. Nuestras peticiones han sido desestimadas”, añadió Moreno.

El portavoz recordó un ejemplo real donde un autónomo tuvo que asumir los costes totales de un producto debido a problemas con la extensión de la garantía. “Un cliente utilizaba una placa eléctrica para cocinar en su local. Sin embargo, cada seis meses acudía a la tienda donde lo había comprado exigiendo una nueva y explicando que era para su uso particular. La primera vez, el comerciante reemplazó el producto defectuoso por uno nuevo. Pero, tras volver en varias ocasiones por el mal uso del producto, el emprendedor terminó por devolverle el dinero al cliente. Pérdida a la que se le suma los productos que ya había reemplazado”, explicó Moreno. El problema recae en que, al ampliar el periodo de garantía, un particular puede hacer un uso indefinido del artículo en cuestión y luego alegar que traía un defecto de fábrica. Ante esto, el autónomo está indefenso puesto que es su palabra contra la del consumidor, y en cualquiera de los casos “el cliente siempre tiene la razón”, comentó Moreno.

El portavoz de CEC  también matizó que, con el auge de ventas por Internet, siendo España el país Europeo que más ha ampliado el periodo de garantía, conllevará a que los particulares compren en el extranjero el mismo producto pero más barato, deteriorando las ventas en los negocios españoles. “Si en Italia o Inglaterra encuentras el mismo producto más barato, siendo la única diferencia un año de garantía, el consumidor, gracias a la compra en línea, elegirá el artículo más barato. Los negocios españoles van a perder competitividad”, concluyó Moreno.

Los comerciantes advierten que esta nueva norma puede conllevar grandes pérdidas

Desde CEC, explicaron que, en la anterior extensión de la norma de uno a dos años, el tejido productivo ya aumentó considerablemente sus costes. Sin embargo, esta no es el único perjuicio que pueden experimentar los autónomos. En muchas ocasiones los pequeños comercios no acuden a los grandes fabricantes españoles o europeos para adquirir sus productos. La internacionalización ha derivado en que productos de países asiáticos sean más accesibles para el pequeño negocio. Sin embargo, este tipo de productos no tienen servicios de reparación o stock suficiente en nuestro país, lo que puede llevar a que el autónomo asuma todos los costes de la garantía del producto.

Un pequeño comercio de alta fidelidad – televisores, equipos de música y similares – explicó que ya de por sí muchos pequeños comercios extienden los periodos de garantía de sus productos si consideran que estos son realmente buenos. “El problema reside en que muchas veces los autónomos recibimos o pedimos cierto stock de productos que no provienen de grandes empresas como Sony o Samsung. Somos pequeños negocios y muchas veces no podemos asumir esos costes de distribución”, explicó Lázaro Aranguren, propietario de la tienda de alta fidelidad Carandra en la Costa del Sol. “Si se extienden los periodos de garantía, los autónomos vamos a tener que asumir tanto los costes de reparación, devoluciones e incluso almacenamiento innecesario de productos que realmente no tienen una vida útil de tal envergadura”, sopesó el autónomo. 

La nueva Ley de Garantías del Consumidor: todo lo que un autónomo necesita saber

El próximo 1 de enero entrará en vigor el Real Decreto-ley 7/2021 que, principalmente, afecta al plazo mínimo de la garantía del producto. Hasta ahora -y desde que en 2007 fuera aprobada la anterior ampliación- se había mantenido en dos años. A partir de enero se incrementará el pazo de garantía legal del producto de dos a tres años desde el momento de la entrega del mismo.  Cabe destacar que esta nueva legislación solo afectará en la compra si el producto es adquirido por un consumidor o un particular, por lo que la compra entre distribuidores, autónomos y negocios queda excluida de esta norma.

¿A qué productos afecta esta nueva normativa?

Están incluidos todos los contratos o facturas realizadas con consumidores de compraventa de bienes existentes.

¿Afecta a todos los bienes o productos que se pueden vender?

No, la normativa no acoge todos los productos. La ley excluye expresamente a los animales vivos y los bienes de segunda mano adquiridos en subasta administrativa, así como servicios financieros, de juego o azar y determinados servicios digitales.

¿Por cuánto tiempo debe un comercio responder a la garantía?

El autónomo deberá responder durante tres años desde la entrega o suministro en el caso de bienes o de dos años en el caso de contenidos o servicios digitales. En los bienes de segunda mano, el emprendedor y el cliente podrán pactar un plazo menor al indicado, que no podrá ser inferior a un año desde la entrega.

¿Qué documentación debe aportar el cliente?

La factura o tique de compra, o el albarán de entrega, son los documentos que servirán, salvo prueba en contrario, para acreditar la fecha de inicio de los plazos de garantía.