Propuesta del Instituto de Estudios Económicos, de ATA y de otros expertos

Un plan de rescate para autónomos con los 3.000 millones que sobraron de las ayudas directas

El Instituto de Estudios Económicos y otros expertos se han sumado a la propuesta de organizaciones de autónomos como ATA para pedir al Gobierno que utilice los casi 3.000 millones de euros de las ayudas directas que todavía no se han pagado a los negocios para cubrir las pérdidas de los sectores afectados por la subida de precios del carburante.
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Un plan de rescate para autónomos con los 3.000 millones que sobraron de las ayudas directas
Un plan de rescate para autónomos con los 3.000 millones que sobraron de las ayudas directas

Expertos de distintos ámbitos, como organizaciones de autónomos, asociaciones de transportistas y hasta economistas han solicitado en los últimos días al Gobierno que en su Plan Nacional de Respuesta al impacto de la Guerra en Ucrania incluya subvenciones para los negocios más afectados por las subidas indiscriminadas en el precio del carburante, la energía o las materias primas. De hecho, piden aprovechar el remanente que quedó sin adjudicar en las anteriores ayudas directas a la solvencia para compensar las pérdidas que están soportando actualmente algunos sectores como el transporte, la agricultura, la ganadería o la pesca.

A principios de año, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) anticipó que el dinero que faltaba por repartir del paquete de ayudas directas aprobadas en marzo de 2021 y que se tendría que haber pagado a los millones de autónomos y empresas afectados por la crisis, sería devuelto por las Comunidades Autónomas al Estado. Según confirmó la propia entidad, las previsiones de déficit de España mejoraron "tres décimas por una menor ejecución de las ayudas a empresas, dos décimas, y una mejora de la previsión de ingresos, una décima".

Los expertos consultados por este diario aseguran que, actualmente, quedarían entre 2.200 y 3.000 millones de euros por adjudicar del total de 7.000 millones de euros que se habían presupuestado en un primer momento y que tenían que servir para paliar las pérdidas sufridas por millones de autónomos y empresas españolas a raíz de la pandemia. Ahora y tras un año desde la aprobación de este Real Decreto-Ley 5/2021, cada vez son más los expertos que piden usar estos fondos no utilizados para cubrir los sobrecostes que está ocasionando el incremento de los precios en el tejido productivo. 

Distintas organizaciones piden usar el sobrante de las ayudas directas para pagar nuevas subvenciones a los negocios

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos fue una de las organizaciones que solicitó este lunes la puesta en marcha de varias medida urgentes para los autónomos que se están viendo afectados por la "escalada incontrolada de los precios", de la energía, del carburante o de materias primas primas como los cereales y los fertilizantes. Entre las diez medidas trasladadas, ATA solicita que "se reinviertan las ayudas directas no ejecutadas (casi 3.000 millones) en un paquete de nuevas ayudas al tejido empresarial".

Fuentes de la Federación avanzaron a este diario que las nuevas ayudas financiadas con el remanente de las anteriores subvenciones deberían ir a "sectores afectados por las subidas de materias primas y costes energéticos. Por ejemplo: taxis, agentes comerciales, industria, transporte de carretera de mercancías y personas, pesca, ganadería o negocios agrícolas". 

Eso sí, esta vez piden que los requisitos no impidan el acceso a las ayudas por parte de ningún autónomo afectado por esta nueva crisis, como sucedió en la anterior línea de subvenciones. "Sería tan fácil como dar ayudas directas y escalonadas al transporte, por ejemplo, teniendo en cuenta el tonelaje. En el caso de los transportistas, si antes eran 3.000 euros por autónomo, podría marcarse esa misma cantidad e irla aumentando según el peso del camión", apuntaron las mismas fuentes de ATA.

Los economistas creen que se deberían lanzar nuevas ayudas directas para "complementar" la eventual bajada de impuestos

A la principal organización representativa del colectivo de autónomos se han sumado también estos últimos días otras organizaciones como el Instituto de Estudios Económicos. El director general del think thank de expertos económicos, Gregorio Izquierdo, explicó también este lunes en el foro organizado por el Consejo General de Economistas para el 'Análisis del Libro Blanco sobre la reforma fiscal' que esos 3.000 millones de euros tendrían que adjudicarse ahora para apoyar a los negocios de sectores especialmente afectados por la inflación, y el alza en los precios de determinados productos.

Según el director general del Instituto de Estudios Económicos, "para aliviar la situación se podrían reducir los impuestos de la energía sobre sectores como agricultura y transporte". Ahora bien, el problema que "técnicamente hay es que estos impuestos están sujetos a unos tipos mínimos -marcados por la Unión Europea-, a los que ya estamos muy cercanos" y posiblemente habría que establecer de cara  a la UE otros mecanismos como " la devolución de impuestos", y otras bonificaciones, apuntó Izquierdo. 

Así mismo, "cualquier medida de este tipo tendría que hacerse dentro de un contexto más amplio. Hay instrumentos adicionales como las ayudas directas. En la anterior crisis hubo un plan de subvenciones dotado de 7.000 millones de euros, de los cuales se quedaron entorno a 3.000 millones de euros sin adjudicar. Ahora podría aprovecharse para adjudicarlos. Esto permitiría perfilar e identificar mejor los beneficiarios, al igual que ocurre con la devolución de impuestos soportados", explicó el director general del Instituto de Estudios Económicos.

También el propio gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos reconoció recientemente la necesidad de un plan de ayudas y un política fiscal centrado en apoyar a los sectores más afectados. Además pidió que se actúe "de forma muy granular y focalizada" en los hogares y negocios más vulnerables y dependientes de la energía con el fin de paliar las consecuencias económicas de la Guerra.

Los transportistas dicen que el único mecanismo posible a día de hoy son las ayudas directas

A la opinión de estos expertos también se suma la principal asociación representativa de los autónomos del transporte, la Federación Nacional de Transporte por Carretera (FETRANSA). Su presidente, Víctor González aseguró a este diario que "el mecanismo -que ofrezca el Gobierno- tiene que ser el de las ayudas directas, porque España no tiene margen para bajar el impuesto de hidrocarburos, que ya está en el mínimo marcado por la Unión Europea. Si no obtiene una autorización expresa de la Comisión, no puede bajar el umbral". 

Según González, "la fuente de financiación de estas ayudas tendrá que decidirla el Gobierno, si hay un remanente de las anteriores subvenciones, bienvenido sea. En todo caso, lo que está claro es que tenemos la necesidad imperiosa de poder cubrir este sobrecoste, porque sino no podemos llenar el depósito. Y evidentemente estas subvenciones tendrán que ir según el tonelaje de cada vehículo, porque la repercusión que tiene el carburante en la partida de costes del transporte pesado es siempre mayor que en la del ligero".

De momento, y a expensas de lo que ocurra este viernes cuando tenga lugar la próxima reunión entre el Gobierno y las asociaciones del transporte,  la batería de medidas que propone el Ejecutivo no ha satisfecho a los representantes de los transportistas y éstos avanzaron ayer que no evitarán el paro técnico. Al menos, explican desde las patronales, “hasta que no sean detalladas las medidas urgentes y efectivas que requieren los transportistas autónomos para poder salir de la ruina en la que se encuentran en la actualidad”.

Los ejes en los que se centrará el Plan Nacional de ayudas, según el Gobierno

Si bien hasta el próximo día 29 no se conocerán al detalle las ayudas que compondrán el plan de actuación del Gobierno ante el impacto de la Guerra en nuestra economía, el Ejecutivo sí avanzó que está trabajando en conseguir con estas ayudas ocho objetivos concretos que van a articular el Plan Nacional de Respuesta a la guerra:

  1. Bajar el precio del gas, la electricidad y los carburantes, apoyando en particular a los colectivos más vulnerables.
  2. Apoyar a los sectores y empresas más afectados.
  3. Reforzar la estabilidad de precios, evitando una espiral inflacionista.
  4. Garantizar los suministros
  5. Proteger la estabilidad financiera. En este sentido, la vicepresidenta primera ha indicado que se trabaja en medidas de refuerzo y apoyo financiero gestionadas por el ICO.
  6. Acelerar el despliegue del Plan de Recuperación, en particular la agenda de transición energética, para alcanzar cuanto antes la autonomía estratégica.
  7. Impulsar la eficiencia energética.
  8. Reforzar la ciberseguridad.

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