Trabajo retoma su intención de reformar la ley de cooperativas para eliminar a los falsos autónomos

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha retomado con fuerza un viejo objetivo: modificar la normativa de cooperativas para, según afirmó, evitar la precariedad laboral y los falsos autónomos. De esta manera, el departamento que dirige la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha iniciado un proceso de consulta pública porque entiende que existe una necesidad de “actualizar” y “adecuar” la Ley de Cooperativas que data de 1999, a la realidad actual.

El lanzamiento de esta consulta pública pretende atajar el problema de supuestos falsos autónomos que desde hace ya varios años la Inspección de Trabajo y Seguridad Social viene detectando en algunas sociedades cooperativistas. Algunas de ellas, afirma Trabajo, se crean simplemente para acoger falsos autónomos que realmente deberían trabajar como asalariados. A veces, los socios que la conforman ni si quiera se conocen entre ellos. El uso fraudulento de las sociedades cooperativas es lo que quiere impedir ahora el Ministerio a través de la creación de una nueva normativa, que sea más exigente y que incluya nuevos supuestos de cooperativas.

“La creciente complejidad del contexto económico y social en el que nos movemos, unido al enorme potencial del cooperativismo español para contribuir a la transformación e innovación de nuestro tejido económico hace necesaria una modificación de la Ley 27/1999, de 16 de julio, a fin de actualizarla y adecuarla a los nuevos escenarios, dando cumplimiento del art. 129.2 de nuestra Constitución” recoge el texto de la consulta pública previa a la elaboración de un proyecto de ley para la actualización y adecuación de la ley de cooperativas .

El objetivo: reducir los casos de falsos autónomos

El Ministerio explica en la consulta pública que la “flexibilidad interna” que tienen las sociedades cooperativas hace que se conviertan en un “estructura atractiva para operar en el mercado prescindiendo de los principios y valores” que imperan en el tejido productivo, lo que provoca que se “pervierta el modelo cooperativo y se generen espacios de precarización de las condiciones de trabajo”.

Es por todo ello, que el Gobierno considera “imprescindible contemplar medidas que prevengan el intrusismo en el ámbito cooperativo, con un importante coste reputacional derivado de prácticas de competencia desleal, que perjudican tanto al movimiento cooperativo, como a las personas trabajadoras y al propio funcionamiento del mercado económico”. Es decir, “el proyecto de ley que quiere sacar adelante el Ministerio establecería nuevas medidas para reducir el fraude de ley que suponen los falsos autónomos en este tipo de fórmula jurídica” aseguró la vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), Celia Ferrero.

Según Ferrero, la nueva normativa ahondará y delimitará las “competencias de las cooperativas para que no puedan utilizar la figura del falso autónomo”. Todo apunta a que se endurecerían los mecanismos para poner en marcha una cooperativa y se aumentaría el importe de las sanciones.

Definir la naturaleza de las cooperativas

Actualmente, las sociedades cooperativas son constituidas por varias personas –un mínimo tres-, “para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático”, tal y como define la Dirección de General de la Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa (iPyme). El problema en este tipo de sociedades aparece cuando “las personas que se alían no se conocen entre ellos, no tienen una misma actividad y ni siquiera comparten una finalidad” señaló Ferrero.

Que explicó que “cuando los verdaderos trabajadores por cuenta propia se unen para crear una sociedad cooperativa, lo hacen para ser más fuertes en el mercado. Sin embargo, nos podemos encontrar con cooperativas cuya actividad no está clara, donde los autónomos que la integran no se conocen entre ellos y, por tanto, la sociedad ha sido creada simplemente para poder facturar como trabajadores por cuenta propia” denunció la vicepresidenta de ATA. 

A su modo de ver, uno de los primeros puntos que debería abordar la futura reforma de esta fórmula jurídica es definir la naturaleza de las cooperativas. Ferrero cree que de esta manera se obligará a que las cooperativas “respondan a una sola funcionalidad. Es decir, si se crea una de educación, todos los miembros deben ser profesores y trabajar en el ámbito de la educación” ejemplificó. 

Nuevas de sanciones y la inclusión de nuevos tipos de cooperativas

Entre las nuevas medidas que plantea la consulta pública, se establecen otro tipo de medidas para “actualizar” las sociedades cooperativas. Se propone “la actualización de una norma marco que acoja las nuevas expresiones del cooperativismo. Así, las cooperativas energéticas, las cooperativas de vivienda de cesión en uso, y otras fórmulas presentes y necesarias en nuestra realidad, han de verse reflejadas en la ley estatal, en coherencia con los avances recogidos en la legislación autonómica”. Es decir, que la nueva normativa de cabida a los nuevos tipos de cooperativas que están surgiendo en el mercado.

De igual forma, se buscará unificar la normativa estatal, junto con la normativa autonómica que tiene también competencias en la regulación de las cooperativas. Por último, el Ministerio de Trabajo y Economía Social considera que “se hacen necesarias otras medidas que permitan actuar de forma rápida y eficaz frente a este tipo de prácticas lesivas”. Se intuye que la norma irá, como viene siendo habitual en modus operandi de la Administración, unida a una campaña de la Inspección de Trabajo y a la creación de nuevas sanciones en materia laboral.

“Que no se convierta en una caza de brujas”

La consulta pública sobre las cooperativas, que se lanzó el pasado 7 de abril y que termina el próximo 22 de abril, tiene el objetivo de recopilar opiniones sobre si es necesario o no crear una nueva ley de cooperativas. De hecho, ésta es una de las 368 leyes que contempla el Plan Anual Normativo del Gobierno para 2022. 

Desde ATA creen que sería útil realizar una actualización de la norma, no obstante temen los futuros parámetros que pueda llegar a imponer el Ministerio. “Aunque esto sea necesario, el problema puede llegar a ser la visión de lo que el Ministerio de Trabajo y Economía Social pueda llegar a entender qué es una cooperativa... Sólo esperamos que no se vaya a convertir en una caza de brujas y acabe afectando a las sociedades y a los autónomos, que trabajan bajo esta fórmula jurídica”.

En estos momentos, según datos de la Según la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA), existen más de 25.677cooperativas en España, de las que 17.300 son cooperativas de trabajo asociado (es decir son autónomos). Entre todas ellas, se da empleo a más de 250.000 personas.