El trámite parlamentario provoca algunos cambios en la nueva Ley de Startups

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado de forma definitiva la Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes, más conocida como Ley de Startups. Tras incorporar más de 80 enmiendas desde julio de 2021, el texto definitivo trae consigo una serie de cambios fruto del trámite parlamentario y de su paso por el Senado, entre las que se incluyen mayores incentivos para los emprendedores o un visado especial para los Nómadas Digitales. 

Según aseguraron desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, tras la aprobación definitiva de la Ley de Startups en el Congreso, está previsto que la normativa entre en vigor a comienzos de 2023. 

Nuevas medidas incluidas en la Ley de Startups

Tras más de un año de negociaciones, enmiendas y votos, ha sido a principios de diciembre cuando el Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado al fin la tan esperada Ley de Startups, “la primera norma orientada de manera específica a la creación de un ecosistema emprendedor innovador en Europa”, indicaron desde el Ministerio.

La aprobación del texto definitivo en el Congreso ha llegado tras un recorrido de más de un año, que comenzó en julio de 2021 con el inicio del trámite de audiencia pública del anteproyecto de Ley. Durante este proceso, se han incorporado más de 80 enmiendas presentadas por los partidos políticos con el objetivo de mejorar el texto inicial y fortalecer el consenso en torno al mismo.

Según el Ministerio, los cambios más importantes incluidas durante el trámite parlamentario y el paso por el Senado son las siguientes:

• Se contemplan mayores incentivos para el emprendimiento "en serie". Los socios fundadores de startups que se embarquen en nuevos proyectos podrán beneficiarse ilimitadamente de los beneficios de la Ley. 
• Se crea un visado especial para lo que viene llamándose "Nómadas Digitales", es decir, profesionales que trabajen para sí mismos o para empleadores de cualquier lugar del mundo en territorio nacional.
• Se potencia el emprendimiento rural, poniendo en marcha proyectos piloto en entornos rurales y alineando las iniciativas previstas en la Ley con el Territorio Rural Inteligente, un proyecto que prevé la incorporación de las nuevas tecnologías en ámbitos como la agricultura, la ganadería, el urbanismo o el medioambiente de los pueblos.
• Se flexibilizan los requisitos y se incorpora la posibilidad de retener al talento que finalice sus estudios para que busque empleo en España.

“La Ley de Startups forma parte del conjunto de reformas para la mejora del clima de negocios del país, junto con la Ley Crea y Crece y la Ley Concursal, aprobadas este año. También es uno de los hitos más importantes para este ejercicio dentro de la Agenda España Digital 2026”, indicaron desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Se regula por primera vez la figura de los nómadas digitales

Una de las novedades más importantes que se han incluido en la Ley de Startups es la figura del “nómada digital”. Con la reciente aprobación de la normativa, el Gobierno regula por primera vez el teletrabajo internacional. Tal y como explicó la abogada del área de Inmigración y Movilidad Internacional de AGM Abogados, Marta Salvador Mateo, el Gobierno ha hecho esto siguiendo los pasos de otros países de la Unión Europea como Portugal o Italia, “con el objetivo de lograr que España sea un país más atractivo para los emprendedores e inversores extranjeros”. 

Por ello, una de las mejoras incluidas tras su paso por el Senado es la creación de un visado especial de Nómadas Digitales para titulares que trabajen para sí mismos o para empleadores de cualquier lugar del mundo en territorio nacional. Además, se han incluido una serie de medidas fiscales (régimenes especiales de tributación); mercantiles (agilidad en la constitución de empresas emergentes, las startups); y migratorias (encaje y agilidad del proceso de residencia). 

“Un nómada digital es aquella persona nacional de un tercer país (no de la Unión Europea) que ejerza una actividad laboral (contrato trabajo-empleado) o profesional (contrato mercantil o servicio) a distancia para empresas radicadas fuera de España”, explicó la abogada Marta Salvador. Según esta experta, los profesionales deberán ser graduados o posgraduados de universidades de reconocido prestigio, formación profesional y escuelas de negocios, o bien contar con una experiencia profesional mínima de tres años. 

“Aquellos que pretendan residir en España por un periodo no superior a un año podrán solicitar un visado de teletrabajo ante las oficinas Consulares de España. Este visado les habilitará a residir y trabajar en territorio español, no siendo necesario realizar ninguna otra gestión migratoria”, explicó la abogada.

Por su parte, aquellos que pretendan residir en España por una duración superior podrán solicitar una autorización de residencia por una validez máxima de tres años, renovable por dos años más. “Esta solicitud se deberá iniciar ante la Oficina de Extranjería (conocida como UGE) y con posterioridad solicitar un visado, si es el caso, y tarjeta de residencia (TIE)”, concluyó. 

Los ejes principales de la Ley de Startups

En España operan hoy por hoy más de 11.000 startups, que dan empleo a 140.000 personas. Estos datos sitúan a España como el cuarto país de Europa en número de este tipo de negocios, por detrás de Reino Unido, Francia y Alemania. De hecho, según el último informe elaborado por GEM, el ecosistema emprendedor español se sitúa en el Top 20 de la media mundial. 

Para entender el alcance de esta ley y a quiénes pueden llegar, primero es necesario conocer lo que la norma define como “startup”: aquella empresa que no supera los cinco años de antigüedad (siete para sectores estratégicos); que no cotiza en bolsa ni distribuya dividendos; cuya sede o domicilio social se establezca permanentemente en territorio nacional; con el 60% de la plantilla contratada en España; y que acumule un volumen de negocio máximo de 10 millones de euros. 

Además, explicaron desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, deben poder acreditar el “carácter innovador", entendido como el desarrollo de productos o prestación de servicios nuevos o mejorados. Todos los negocios que sean considerados como una startup, así como los distintos grupos de emprendedores englobados en este sector, podrán acceder a las medidas incorporadas en esta ley. Algunas de ellas son:

• Uno de los objetivos es fomentar la agilidad administrativa, por lo que se prevé una ventanilla única y telemática para la certificación de empresas innovadoras como startups españolas (ONE); la no obligatoriedad de obtener el número de identificación de extranjeros (NIE) para los inversores no residentes, exigiendo únicamente tanto a ellos como a sus representantes los números de identificación fiscal (NIF); y el coste mínimo de aranceles notariales y registrales.
• La recuperación, atracción y retención del talento nacional e internacional es otro eje que vertebra la Ley. Por eso, contempla facilidades para la obtención del visado y la residencia a trabajadores altamente cualificados de las startups, así como a trabajadores españoles no residentes durante al menos cinco años.
• Además, busca mejorar el intercambio de conocimiento, a través de una regulación general y básica. En ese sentido, se permitirá probar la innovación de las startups durante un año, en un entorno controlado, para evaluar la utilidad, viabilidad y el impacto de innovaciones tecnológicas en los diferentes sectores de actividad productiva.
• El texto incorpora también medidas fiscales, como la reducción del tipo impositivo en el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta de no residentes, del tipo general del 25% al 15% en los cuatro primeros ejercicios desde que la base imponible sea positiva. O la elevación del importe de la exención de tributación de las opciones sobre stock options de 12.000 a 50.000 euros anuales en el caso de entrega por parte de startups de acciones o participaciones derivadas del ejercicio de opciones de compra.
• Se amplía también la base máxima de deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación (de 60.000 a 100.000 euros anuales); el tipo de deducción (que pasa del 30 al 50%); así como el periodo en el que se considera de reciente creación que sube de tres a cinco años, con carácter general, o a siete para empresas de ciertos sectores.