Mantienen el “paro” convocado para enero

Los transportistas ven “insuficiente” la rebaja del 30% en los peajes anunciada por Fomento

Piden que no se aplique la Euroviñeta y que se deroguen la obligatoriedad de los desvíos a las autopistas de peaje, que "deben ser voluntarios e incentivados". 

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Los transportistas ven “insuficiente” la rebaja del 30% en los peajes anunciada por Fomento

La reacción de los transportistas al anuncio realizado por el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, no se ha hecho esperar. Víctor González, presidente de Fetransa (Federación de Transportistas Autónomos y Pymes) ha tachado de “insuficiente” y de “ambiguo” la reducción del 30% de los peajes en las autopistas que pasen a ser gestionadas por el Estado a través del SEITTSA (Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre) y que según un informe elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), aportarían al Erario Público unos ingresos de hasta 6.600 millones de euros al año. Asimismo, en declaraciones a Autónomos y Emprendedores, ha manifestado que por el momento, el sector en su conjunto mantiene el “paro patronal” convocado para la segunda quincena de enero.

“No hemos variado nuestra posición. Estamos totalmente en contra de la implantación de la Euroviñeta y de los desvíos obligatorios”. Pese a la firmeza de estas declaraciones, el transporte tiene todas las expectativas puestas en la voluntad de diálogo mostrada por la directora general de Transporte Terrestre, Mercedes Gómez Álvarez, así como en la reunión que tendrá lugar el próximo día 18 de diciembre con el Secretario de Estado de Fomento, Pedro Saura, en la que también se ha requerido la presencia del titular de la cartera. 

En dicho encuentro el Gobierno tendrá que dar respuesta a las doce propuestas que el Comité Nacional del Transporte por Carretera -órgano que representa al sector en su conjunto- puso encima de la mesa de Fomento el pasado 22 de diciembre. Además de que no se lleve a efecto la aplicación de la conocida Euroviñeta y de que se derogue la obligatoriedad de los desvíos a las autopistas de peaje -sobre lo que exigen tengan “siempre carácter voluntario e incentivado”-, otra de las demandas se concreta en anular el pacto en contrario en varios puntos de la Ley de Contrato de Transporte, especialmente en lo relativo a los plazos de pago. La normativa especifica que los pagos han de realizarse en 30 días, sin embargo, “se está pagando entre 90 y 150 días”, ha denunciado Juanjo Arnedo, vocal de Atfrie (Asociación Española de Empresarios del Transporte de Baja Temperatura). Arnedo ha hecho hincapié en que “no existe un régimen sancionador” y apela al desarrollo de un sistema similar francés en el que es el propio Gobierno quien sanciona de oficio en caso de incumplimiento. “No podemos ser el banco de nadie”, ha recalcado.

Otra de las líneas rojas para el sector que se aplique la “cláusula de revisión del precio de combustible y operaciones de carga y descarga”. Según denuncia el Comité, gran parte de los cargadores “obligan” a los conductores a realizar los trabajos de carga y descarga. A este respecto, el presidente de Fetransa ha dejado claro que “si no se solucionan los problemas con los cargadores no levantaremos el paro”. Por su parte, el portavoz de Atfrie, ha apostillado “queremos que se nos respete. La administración ha de sentarse con todos los actores y determinar de forma clara los trabajos nos corresponden a cada uno”.

Incertidumbre y fiscalidad

Tal y como han expresado los portavoces de ambas asociaciones el documento que se presentó el pasado noviembre son “reivindicaciones básicas”. Con ellas se dotaría de seguridad a un sector en el que el Gobierno está dando “palos de ciego”.

En esta línea, Arnedo ha requerido que “si tienen que implantar el peaje o la Euroviñeta, que lo implanten pero que nos permitan repercutirlo a pie de factura. Y si no que dejen de marearnos con informaciones contradictorias o inconcretas para que podamos trabajar”.

Así, entre las actuaciones forzosas que los transportistas han trasladado al Ejecutivo está el viraje hacia una armonización fiscal del sector y la inclusión en el régimen de gasóleo profesional a todo el transporte de mercancías sujeto a autorización de transporte. Es decir, incluyendo al transporte ligero.

También exigen el desarrollo de medidas eficaces en la lucha contra las empresas buzón y la competencia desleal, así como que se prohíba “por Ley” la realización de trabajos “bajo condiciones económicas abusivamente bajas”, por debajo de los costes mínimos de transporte que se recogen en los Observatorios elaborados por el Ministerio de Fomento.