Entrevista con el Presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda Pública Local

Los inspectores de impuestos municipales explican las sanciones que suelen imponer a los autónomos

El Presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda Pública Local, Arturo José Delgado Mercé explicó en una entrevista a este diario cuáles son las infracciones en impuestos municipales por las que más está sancionando la Inspección a los autónomos.
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Los inspectores de impuestos municipales explican las sanciones que suelen imponer a los autónomos
Los inspectores de impuestos municipales explican las sanciones que suelen imponer a los autónomos

Los inspectores de Hacienda Local son una parte desconocida para muchos del cuerpo de la Inspección. A diferencia del resto, estos funcionarios no realizan ningún tipo de actuación relacionada con el IVA, el IRPF o el Impuesto de Sociedades. Sin embargo, sus actuaciones se centran en otros impuestos que pueden afectar tanto o más a algunos contribuyentes, autónomos y pequeños empresarios.

Estos inspectores hacen cada año miles de actuaciones en todos las provincias españolas en impuestos de ámbito municipal. Algunos son muy conocidos y han generado grandes polémicas en los últimos años, como puede ser el impuesto sobre la Plusvalía o el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). 

Otros tributos que investiga este cuerpo son menos conocidos para el conjunto de los contribuyentes pero, sin embargo, afectan directamente a los autónomos o pymes, como pueden ser las distintas licencias de apertura o de uso de terrazas, o el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para los negocios que están sujetos.

Según explicó el presidente de la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local, Arturo José Delgado Mercé en una entrevista a este diario, el marco de actuación de este cuerpo es "sólo el de los tributos locales. Inspeccionamos impuestos como el de actividades económicas, bienes inmuebles, construcciones, plusvalía o tasas locales. Nuestra relación con los negocios no es tan directa como sucede en los tributos nacionales porque en este caso investigamos a los contribuyentes de estos impuestos que pueden ser autónomos o empresarios, o no serlo".

¿Por qué motivos suele sancionar la Inspección de Hacienda Local a los autónomos y pymes?

Sin embargo, apuntó el presidente de la Asociación de Inspectores Locales, los autónomos y pequeños negocios pueden verse involucrados en distintas actuaciones de la Inspección Local. "Es cierto que muchas no van dirigidas directamente al colectivo, cuando se trata de impuestos como la Plusvalía o el impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Sin embargo, un autónomo o con viviendas o locales en propiedad o una pequeña constructora puede verse afectados en actuaciones por cualquiera de estos dos impuestos".

Dentro de las actuaciones que realiza este cuerpo de la Inspección y que podrían afectar a los autónomos están, en primer lugar, las que van dirigidas a cualquier tipo de contribuyente, incluido los autónomos y pymes. "Cuando una pequeña constructora no abona el impuesto sobre construcciones o lo hace incorrectamente, puede dar lugar a sanciones y son habituales. Hay que pagar por el coste efectivo de la obra y a lo mejor hay una desviación del presupuesto que hace que no se pague el tributo por el conjunto de la obra. También puede haber una plusvalía por un local comercial que no se autoliquide o no se declare", explicó el presidente de la Asociación de Inspectores Locales.

IAE y licencias, los dos impuestos municipales que más infracciones generan entre los negocios

Según explicó el presidente de la Asociación e inspector de Hacienda local, Arturo José Delgado, aunque la mayoría de tributos afectan a todos los contribuyentes y no a los negocios en particular, sí hay dos impuestos municipales que investigan estos inspectores y que se pueden relacionar directamente con los autónomos y empresarios. 

El primero de ellos, que es uno de los que más actuaciones e infracciones genera, es el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Este tributo tiene la particularidad de que están exentos tanto los autónomos persona física como las sociedades con una cifra de negocios anual inferior al millón de euros. 

Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas que facturan por encima de esta cantidad sí están sujetas a este impuesto y, de hecho, "es frecuente el incumplimiento relacionado con la superficie del local que declaran los negocios. Puede ser también que no estén dados de alta en las distintas actividades que realicen y estén dados e alta sólo en una para pagar menos. Incluso puede suceder que se acojan a un epígrafe similar de más baja tributación que la correcta", explicó Arturo José Delgado.

En segundo lugar estarían algunas tasas o licencias que sí están más relacionadas con las actividades económicas. "El ejemplo más claro sería el de las tasas de terrazas para la hostelería, cuando se produce el hecho imponible, que es que haya un aprovechamiento del suelo público por parte del  negocio. Estos tributos generan también infracciones y sanciones porque puede haber algunos bares o restaurantes con terrazas no autorizadas y que aún así se instalen. También es muy frecuente que se extiendan más allá de la superficie autorizada en días en los que hay mucha clientela. Nos encontramos con los dos casos y en ambos se trata de una infracción sancionable", explicó Delgado.

Los inspectores avisan de la "inseguridad jurídica" de la mayoría de impuestos municipales

Según los inspectores de Hacienda, la escueta regulación de los impuestos locales da lugar a una inseguridad jurídica que afecta a todos: los ayuntamientos, los inspectores y, por supuesto, los contribuyentes.

El Presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda Local explicó que "gran parte de la inseguridad jurídica que hay en los impuestos locales proviene de la escasa regulación. El Impuesto de construcciones tiene cuatro artículos y la nueva tasa de generación de residuos quieren implantarla en un párrafo. El problema es la desatención del legislador que genera muchos litigios y afecta directamente al contribuyente. Todo llega a los tribunales, con lo que supone de recursos, costes y devoluciones. Esto genera un grave daño tanto a la Administración como a los ciudadanos".

Esto se vio especialmente con la polémica generada a partir de 2021 con el impuesto de plusvalía. Los tribunales entendieron en aquel momento que la base para el cálculo se estaba aplicando mal y que, por lo tanto, los autónomos y demás contribuyentes estaban pagando más impuestos de los que deberían.

La sentencia en octubre de 2021 del Tribunal Constitucional anulando el diseño de este tributo vino precedida de otras sentencias del máximo intérprete de la Carta Magna en 2019 y 2017. Tras ello, el Gobierno publicó el Real Decreto-Ley de 8 de noviembre del mismo año por el que se formula la nueva arquitectura del IIVTNU, que "solo ha creado nuevas incertidumbres. . A ello hay que sumar los problemas de la nueva regulación: la estimación directa de la base imponible del impuesto plantea numerosos interrogantes, es de gestión compleja y no resuelve la manera de valorar los inmuebles", explicaron los inspectores

Según los inspectores, el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica -IVTM, más conocido como impuesto de circulación- ha protagonizado en los últimos meses una oleada de sentencias por la existencia de ‘paraísos fiscales’ desde hace más de 20 años: deslocalizaciones ficticias e ilegales de vehículos de grandes ciudades a municipios periféricos para abonar una cuantía menor

Finalmente, los inspectores advierten de los problemas que va a generar la novedosa ‘Tasa de Basuras’, que va a ser de obligatoria aplicación para todos los municipios por vez primera en la historia en materia de tasas. Este tributo se encuentra regulado en un único artículo y según los expertos, de no ser reformada, la tasa de basuras supondrá un "grave quebranto para las arcas públicas al abocar a los entes locales a un desarrollo reglamentario sujeto a la extraordinaria inseguridad jurídica que sufre un tributo que sufragará un gasto próximo a los 3.000 millones de euros anuales.

El problema es que esta tasa debe cubrir lo que genera cada persona física y jurídica en basura, el coste de la recogida y reciclaje pero también del gasto en mantenimiento del vertedero y otros como el suministro eléctrico. A esto se suma además que se establece que no puede superar el coste del servicio pero tampoco ser deficitaria.

Cada ayuntamiento tiene que calcular todos estos costes sin una referencia clara, por lo que el importe podría ser muy distinto dependiendo de la zona en la que resida el contribuyente.