Reducir la burocracia para los pequeños negocios será uno de los ejes de la Unión Europea en 2024

La Comisión Europea ya ha adoptado su Programa de Trabajo para 2024, que venía adelantando desde el mes de marzo, y ha presentado una hoja de ruta de lo que será su actuación en cuanto a compromisos políticos para el próximo año. El Programa ha sido presentado ante el pleno del Parlamento Europeo y está previsto que para el próximo 15 de noviembre se entregue al Consejo de Asuntos Generales del Consejo de la Unión Europea.

En dicho programa figuran una serie de iniciativas para abordar las necesidades de las microempresas, los pequeños y los medianos negocios de Europa en el entorno económico actual. Las pymes representan el 99 % de las empresas europeas y siguen enfrentándose a la inestabilidad como consecuencia de diversas crisis en los últimos años. Así pues, en cuanto a los intereses de las pequeñas empresas, presenta importantes iniciativas dirigidas a reducir la carga administrativa. La más significativa es reducir en un 25% la burocracia que soportan.

En una presentación de 16 folios se destacan varios puntos de interés para microempresas y pymes. El primero que se aborda es la mejora de la legislación, reducción de la carga y racionalización de los requisitos burocráticos. Según se expresa la propia Comisión Europea: “la reducción de las cargas administrativas es crucial para mantener la competitividad de las empresas europeas. Por este motivo, la Comisión estableció, a largo plazo, el objetivo de reducir en un 25 % las cargas asociadas a los requisitos de información, sin socavar los objetivos políticos. De este modo, se racionalizarán dichos requisitos, que tienen un impacto desproporcionado en las empresas, incluidas las pymes y las microempresas, así como en las administraciones, y se garantizará que cumplan su finalidad prevista”.

Se pretenden simplificar los procedimientos administrativos y los requisitos de presentación de información para las pymes mediante la puesta en marcha del sistema ‘Sólo una vez’ (que forma parte de la 'Pasarela Digital Única'), lo que permitirá completar los procedimientos administrativos en todo el mercado único sin necesidad de volver a presentar más documentos. La Comisión simplificará y digitalizará procedimientos engorrosos, como las declaraciones y los certificados para el desplazamiento de trabajadores (el denominado documento A1 sobre los derechos de Seguridad Social). Para ello, dice La Comisión: “hay que evitar las obligaciones que se solapan y aumentar la digitalización”.

La UE quiere un portal de internet multilingüe con el idioma de todos los estados miembros

Otra propuesta es la de facilitar el intercambio de datos entre las autoridades que supervisan el sector financiero y evitar la duplicidad de informes, promoviendo un acuerdo específico y la aplicación generalizada de una forma común de formato electrónico para las declaraciones de trabajadores desplazados.

Para ello, se habilitará un portal de internet multilingüe, ya que se pretende permitir a las empresas presentar digitalmente declaraciones de desplazamiento en su propia lengua; y esto sería así en todos los Estados miembros que decidan hacer uso de dicha herramienta. Además, el programa Europa Digital estará disponible para financiar iniciativas de los Estados miembros destinadas a proporcionar medios sencillos de información técnica, como es el caso de una ventanilla única para la notificación de incidentes de ciberseguridad.

También se trabajará en la expansión del uso de plataformas electrónicas para recopilar y compartir datos. Por ejemplo, el establecimiento de un sistema de tributación de la oficina central que simplificará las normas y reducirá los costes de cumplimiento fiscal para las pymes que amplían sus operaciones a través de las fronteras.

La Unión Europea creará la figura del representante de las pymes

Se nombrará a un representante de la UE para las pymes que participará en las audiencias del Comité de Control Reglamentario sobre iniciativas que tengan un impacto potencial en las pequeñas empresas. Este representante proporcionará orientación y asesoramiento a la Comisión sobre las cuestiones relacionadas con las pymes y defenderá los intereses de las pymes en el exterior. Además, de informar directamente al presidente de la Comisión (al tiempo que informará al comisario de Mercado Interior sobre las actividades relacionadas con las pymes a las que ofrecen apoyo sus servicios), también promoverá el uso de espacios controlados de pruebas para fomentar la experimentación y la innovación de las pymes.

Nueva normativa antimorosidad y actuar desde la Administración donde se encuentra el domicilio social

El paquete de ayuda a las pymes, con su revisión de la normativa sobre morosidad y la simplificación fiscal es otro de los puntos importante con las nuevas propuestas de un Reglamento sobre la morosidad en las operaciones comerciales y de una normativa que establezca un sistema fiscal basado en el domicilio social para las pymes.

En particular, el nuevo Reglamento para luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales aborda los retrasos en los pagos, “una práctica desleal que compromete la economía de las pymes y obstaculiza la competitividad y la resiliencia de las cadenas de suministro”, define la Comisión. Las nuevas normas derogarán la Directiva de 2011 sobre morosidad y la sustituirán por un Reglamento. La propuesta introduce un límite máximo de pago más estricto, que será de 30 días, y eliminará posibles ambigüedades, abordando también las lagunas jurídicas de la legislación actual. Y, además, el texto propuesto garantizará el pago automático de los intereses devengados y las tasas de compensación, e introducirá nuevas medidas de ejecución y reparación para proteger a los negocios contra los malos pagadores.

Y en cuanto al sistema fiscal basado en el domicilio social para las pymes, éste ofrecerá a aquellas que tienen actividades europeas la opción de interactuar con una sola administración tributaria, la de su domicilio social, en lugar de tener que cumplir con múltiples sistemas fiscales. La presente propuesta aumentará la seguridad fiscal y la equidad, reducirá los costes de cumplimiento y minimizará el riesgo de doble imposición o de tributación excesiva y de litigios fiscales. La reducción prevista de los costes de cumplimiento debería, en particular, fomentar la inversión y la expansión en la UE. Las pymes que operan en diferentes Estados miembros podrán aprovechar al máximo la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales sin que se vean frenadas por obstáculos fiscales innecesarios.

Hay también una propuesta contra las entidades fantasma a efectos fiscales y una serie de medidas para modernizar el sistema del impuesto sobre el valor añadido (IVA) de la UE y frente al fraude, que se llevará a cabo mediante la digitalización.

Esta digitalización busca mejorar las normas para los servicios de pago y la introducción de un marco sobre el acceso a los datos financieros (las llamadas “finanzas abiertas”), así como avanzar en las negociaciones sobre la propuesta por la que se establece el marco jurídico para un euro digital.

Por último, la Directiva sobre la presencia de las mujeres en los consejos de administración obligará a las empresas a cumplir objetivos claros para los puestos de dirección a mediados de 2026.