Los abogados alertan sobre las consecuencias para los negocios si se aprueba el “despido a la carta”

El Comité Europeo de Derechos Sociales (ECSR) admitió a trámite una reclamación de UGT en la que se piden modificaciones sustanciales en la legislación laboral española relativas al coste del despido. Una resolución favorable abriría la puerta a la incorporación de las indemnizaciones personalizadas en la ley, lo que podría acarrear serias consecuencias para los autónomos y las empresas, pero también agravaría la incorporación de determinados colectivos al mercado laboral, tal y como explicaron varios abogados laboralistas consultados por este diario.

Aunque las resoluciones del Comité no son vinculantes, sí pueden considerarse el primer paso para ser ratificadas en el alto tribunal europeo. “Lo que ha hecho UGT es llevarlo al ECSR para que, como seguramente pase, emita un fallo favorable que pueda ser utilizado más tarde en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cuya sentencia sí sería vinculante y podría forzar al Gobierno a modificar la legislación”, explicó a este diario Jaume Barcons, abogado de la gestoría Barcons. 

La reclamación del sindicato ante las instituciones europeas bebe de la propuesta que hace unas semanas puso sobre la mesa la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que denominó “despido reparativo o restaurativo” y que consistiría en aumentar o reducir el coste de las indemnizaciones dependiendo de diferentes factores variables, como la situación personal del trabajador (mujeres, familiares a cargo, discapacidad, mayores...) o, incluso, el sector de actividad al que pertenezca. 

El motivo de la reclamación de UGT ante el ECSR es la insuficiencia de la indemnización por despido improcedente en España, fijada en 33 días por año trabajado. Para argumentarlo, se basan en dos documentos:  

• El convenio 158 sobre la terminación de la relación de trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): este convenio establece el derecho del trabajador despedido de manera improcedente a recibir una indemnización, “cuya cuantía se fijará en función, entre otras cosas, del tiempo de servicios y del monto del salario”, como ocurre en la legislación española.  

• El artículo 24 de la Carta Social Europea, que dice que “todos los trabajadores tienen derecho a protección en caso de despido”. Para el sindicato, la protección contemplada en la actual legislación española no es suficiente, por lo que consideran que este principio no se está cumpliendo. 

En el lado opuesto, Carlos Piñero, abogado de Piñero Romero Abogados, recordó que en España se aprobó, hace sólo un año, una reforma laboral que ya incluyó cambios sustanciales, como la limitación del trabajo temporal o el encarecimiento de los despidos de los trabajadores eventuales. Además, la legislación española “también contempla, además de los días por año, la posibilidad de reparación en concepto de indemnización en algunos casos. No es que nuestro sistema esté absolutamente encorsetado”, explicó. 

Graves consecuencias para los autónomos, pero también para los colectivos vulnerables 

Ante esta situación, los abogados alertan sobre las graves consecuencias que el “despido a la carta” podría tener para los autónomos y empresas, pero también para los colectivos vulnerables. En este sentido, Barcons consideró que se trataría de “dar un paso atrás en la legislación”, y que podría dar lugar a agravios constantes entre casos similares. 

Además, la incorporación de indemnizaciones personalizadas podría provocar un freno en la contratación, ya que, como explicó Piñero, antes de firmar una incorporación, las empresas suelen considerar cuáles van a ser los costes de un posible despido. “Si lo que hizo la reforma laboral de 2011 fue, de alguna manera, simplificar y estandarizar el despido, el hecho de que ahora se haga más complejo y que vaya a ser más caro despedir provocará, de manera directa e inmediata, que estas personas tengan más difícil el acceso al mundo laboral”. 

Por ejemplo, el “despido a la carta”, que previsiblemente generaría un crecimiento del coste por despido en colectivos como los mayores de 50 años, podría provocar que algunas empresas optaran por despedir a estos trabajadores antes de alcanzar dicha edad, o que este aumento de las indemnizaciones generara una falta aún mayor de oportunidades para los trabajadores de estos grupos. Lo mismo sucedería con colectivos de trabajadores más vulnerables a los que pocos querrían contratar si resulta que su coste de despido puede ser más alto que el de otro empleado.

“A los colectivos más desfavorecidos hay que beneficiarlos con ayudas proactivas: bonificaciones fiscales a las empresas, subvenciones, ayudas a la contratación... Pero no penalizando el despido. En mi opinión, hay que incentivar que el trabajador encuentre otro trabajo lo antes posible”, valoró Piñero, que a su vez mostró la necesidad de que este importante cambio, en caso de producirse, pase por la mesa de diálogo social que reúne al Gobierno con los autónomos, empresarios y sindicatos. 

Riesgo de colapso en los juzgados 

Otra de las consecuencias de incorporar a la legislación española la personalización de las indemnizaciones por despido sería, tal y como explicaron los expertos, el riesgo de colapso en los juzgados. Así, Barcons afirmó que, “si hasta ahora la mayoría de los despidos improcedentes se cierran con un acuerdo entre los autónomos y empresas y el trabajador para pagar la indemnización correspondiente, esto provocaría que la mayoría de los trabajadores acudieran a la justicia para intentar aumentar sus indemnizaciones.” 

En el mismo sentido, Piñero consideró que “la judicialización sería tremenda”. El abogado recordó a este diario que los juzgados de lo social se encuentran, en la mayoría de los casos, “completamente saturados e incorporando jueces de refuerzo. La media de tiempo que pasa desde que se pone una demanda de despido hasta que se celebra el juicio está en torno al año y medio y los dos años. Si esto se aprobara, el sistema judicial podría colapsar aún más”, concluyó.