Los agricultores denuncian que la nueva PAC les obliga a ser "digitales" y muchos ni disponen de Internet

La nueva Política Agraria Común (PAC), que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2023, establece que la mayoría de las obligaciones de los agricultores y ganaderos se tendrán que hacer de manera digital. La organización agraria Asaja ha denunciado que esto supondría una importante “discriminación digital para el campo”.

Aunque la pandemia aceleró el proceso de digitalización entre los autónomos y negocios españoles, lo cierto es que una gran parte de estos siguen teniendo importantes carencias en materia digital. De hecho, según un informe elaborado por el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), cerca de 600.000 pequeños negocios no disponen ni si quiera de un ordenador. 

No cabe duda de que la digitalización es una herramienta clave para la prosperidad de los negocios y pymes españolas, pero eso no quita que muchas personas no tengan la misma facilidad que otras para adaptarse a esta era y adquirir competencias digitales. 

Muchas localidades de España aún carecen de fibra óptica y la cobertura de Internet es deficiente. Esto se añade a otra importante traba que sufren todas aquellas personas que no tienen las competencias digitales o las herramientas necesarias para poder resolver con éxito dichas gestiones a través de la red.

“La discriminación digital es el otro disparate de la nueva PAC”

La organización agraria Asaja Córdoba ha denunciado públicamente que la nueva Política Agraria Común “fomenta la discriminación motivada por la brecha digital y excluye a las personas con menores capacidades digitales”. Ante esto, el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, destacó el hecho de que en las noticias se hable diariamente de las distintas medidas que deben adoptar las empresas, sobre todo las entidades financieras, “para humanizar la atención a los clientes, especialmente a los de mayor edad o entornos rurales”. 

Un hecho que motivó a los grupos políticos a impulsar dichas medidas a través de la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Una normativa que busca, entre otros aspectos, contemplar los problemas asociados al uso de las nuevas tecnologías como instrumento o vía de acceso normalizado al mercado de bienes y servicios. 

Sin embargo, tal y como denunciaron desde Asaja Córdoba, “es incomprensible que desde el mismo Gobierno que ha promovido esta ley se está obligando a los agricultores y ganaderos, a través de las reglas de la nueva PAC, a tener que hacerlo todo de forma digital, máxime sabiendo que la edad media de los agricultores y ganaderos en España es bastante avanzada y que la famosa brecha digital es más acentuada en el medio rural, donde en muchos casos no hay ni siquiera acceso a internet”. 

De hecho, según un estudio del propio Ministerio de Agricultura, el 91% de los agricultores y ganaderos de España tienen más de 40 años. Concretamente, el 53% tienen entre 40 y 65 años, y el 38% tienen más de 65 años. 

Algunas de las obligaciones digitales de la nueva PAC

Las reglas de la nueva Política Agraria Común establecen que la mayoría de las obligaciones de los agricultores y ganaderos se tendrán que hacer de manera digital. Algunas de las más importantes son: 

• Notificaciones electrónicas para todos los solicitantes PAC: tanto personas físicas como jurídicas, agricultores y ganaderos deberán disponer de dispositivos electrónicos donde tengan implantada su firma digital para poder descargar las notificaciones, para después enviarlas a las entidades que le tramiten la PAC.
• Controles por satélite–monitoreo: ya desde el año pasado empezaron a funcionar este tipo de controles que obligan a los agricultores y ganaderos a tener dispositivos móviles de última generación, donde deben descargar una aplicación concreta para realizar fotografías georreferenciadas.
• Cuaderno Digital: a partir del verano de 2023, todos los agricultores y ganaderos tendrán la obligación de llevar un cuaderno digital donde apuntar las operaciones y tratamientos fitosanitarios cada 15 días, para lo que necesitarán equipos informáticos y programas de gestión con las tecnologías digitales más avanzadas.

“El Gobierno aplica un doble rasero con los agricultores y ganaderos que ataca al sentido común y contradice la Ley 4/2022. Por un lado, pide en dicha normativa tecnologías sencillas y cuantas medidas se consideren necesarias para asegurar la atención presencial, pero por otro lado, con la reforma de la PAC, el Gobierno aplica tecnologías complejas e incomprensibles y obliga a todos sus perceptores, tengan la edad que tengan y tengan los medios que tengan, a utilizar herramientas digitales muy complicadas, para las que se necesitan equipos de última generación y una amplia formación, en zonas donde ni siquiera hay internet”, denunció el presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa.

Qué es la nueva Política Agraria Común 

Pese a la importancia de la producción alimentaria, los ingresos de los agricultores son alrededor de un 40% inferiores a los de los trabajadores de otros sectores, tal y como reflejan los datos presentados por la propia Comisión Europea. Además, se trata de un sector que depende de las condiciones meteorológicas, que en muchas ocasiones afectan gravemente a los autónomos que desarrollan una actividad. A esto se añade la necesidad cada vez mayor de trabajar de forma sostenible, lo que encarece los costes y, por tanto, supone un esfuerzo añadido para los autónomos agricultores.

Con el objetivo de apoyar al sector y acabar también con el impacto medioambiental de la agricultura, en 1962 se creó la Política Agraria Común (PAC), que ha ido evolucionando a lo largo de los años en respuesta a las circunstancias económicas cambiantes y a las exigencias de los agricultores. El próximo 1 de enero de 2023 se aplicará la nueva PAC. Uno de los cambios más importantes que se pretenden aplicar en esta nueva política tiene relación con la concesión de pagos directos y ayudas para los agricultores.

Según el real decreto publicado por el Ministerio, dos de los principales objetivos son redistribuir las ayudas para que puedan llegar más a los pequeños agricultores y fomentar el emprendimiento de los jóvenes del sector, con ayudas extraordinarias para ellos. No obstante, y volviendo a la denuncia de Asaja, por muchos beneficios que la nueva PAC ofrezca a los agricultores y ganaderos, en la práctica muchos de ellos no tendrán fácil acceso si para ello es obligatorio tener competencias digitales y disponer de las herramientas necesarias.