Este Gobierno también promete agilizar los trámites para crear una empresa

Vuelve el debate sobre las dificultades que supone para un emprendedor español  la creación de una empresa. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital aseguró estar trabajando en una nueva ley que favorezca la creación de pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Concretamente, propone que una sociedad pueda constituirse en diez días, de forma totalmente telemática y por un euro.

Estas promesas no son nuevas para las organizaciones de autónomos ni para las empresariales. Tampoco para los miles de emprendedores que desde hace décadas han querido constituir una empresa. Muchos gobiernos anteriores al de Pedro Sánchez han propuesto medidas para evitar trámites y costes a quienes quieren constituir una sociedad. Pero lo cierto es que España aún sigue siendo uno de los países de la OCDE donde más tiempo, burocracia y dinero cuesta crear un negocio.   

La inversión de capital y el tiempo que conlleva la constitución de una sociedad ha sido siempre una vieja reivindicaciones de las organizaciones empresariales y de autónomos desde el inicio de la Democracia. Sin embargo, las reformas que se intentaron para solucionar fueron poco eficaces. Bien es cierto que se crearon herramientas como las licencias exprés o la figura del Emprendedor de Responsabilidad Limitada, o los distintos puntos de información para emprendedores, pero el problema ha seguido existiendo.

Ahora, la actual portavoz del Ministerio y vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, apuesta por aprobar una ley que sea efectiva. Así lo adelantó en una consulta pública emitida este jueves, donde preguntó sobre las barreras al crecimiento que encuentran las empresas, y cómo se puede mejorar el ecosistema emprendedor y la creación de negocios. Además, señaló que es necesaria una reforma en la normativa de morosidad debido a la desigualdad de poder entre las pequeñas y las grandes empresas, y recordó que el Gobierno continúa trabajando en la mejora de la Ley Concursal.

Crear una sociedad pasaría a costar de 3.000 euros a sólo 1

Una de las propuestas para la nueva Ley de impulso a la creación de negocios es la eliminación del capital social mínimo legal para constituir una sociedad. A día de hoy, para  poner en marcha una Sociedad Limitada (S.L.) es necesario un capital mínimo de 3.000 euros. Y aunque si bien esos 3.000 euros sólo permanecen bloqueados en la cuenta del banco hasta que la escritura esté formalizada y se concluya el proceso de constitución, el hecho de tener que hacer esa inversión al principio “puede restringir significativamente el inicio del proyecto”, explicaron desde el Ministerio de Economía.

Por ello, Calviño quiere eliminar el requisito de capital mínimo de 3.000 euros, permitiendo su constitución con sólo un euro. Esta modificación se introduciría mediante una reforma del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. “La eliminación de barreras a la entrada de empresas en el mercado es aún más relevante en el contexto actual de crisis económica a raíz del Covid-19”, señalan las fuentes oficiales.

Según el departamento de Asuntos Económicos, “los actuales requisitos están frenando en gran medida el crecimiento de empresas”, y esperan que abaratar el coste y eliminar el capital mínimo necesario para constituir una actividad, “promueva la creación de empresas”.

El registro de la sociedad será telemático y en 10 días

Además del capital necesario para formalizar una empresa, actualmente el emprendedor debe también acudir personalmente a su entidad bancaria para especificar la denominación social de la sociedad que va a constituir. En el banco debe abrir una cuenta y, posteriormente, recurrir a un notario que testifique un Certificado de Denominación Social con el que inscribir la sociedad en el Registro Mercantil. 

Todo este proceso es otra de las cosas que cambiaría de forma radical en caso de que la nueva Ley de impulso a la creación de empresas salga adelante. Según explicaron desde Economía, “en un contexto donde prácticamente todo se hace de forma telemática, resulta preciso establecer procedimientos que permitan la creación de empresas de forma enteramente digital”.

Por ello, el registro online de la empresa se traspondrá con la Directiva de digitalización 2019/1151, que obliga a los Estados miembros de la Unión Europea a que una S.L. pueda registrarse telemáticamente en su totalidad en un plazo máximo de 10 días, sin necesidad de comparecencia física. De forma adicional, esta Directiva también incluye otras medidas como que las sociedades mercantiles puedan presentar a lo largo de toda su vida la información al registro mercantil en formato electrónico. 

Se eliminarán trabas administrativas

Otro de los principales obstáculos con los que se encuentran los emprendedores a la hora de constituir una sociedad son las trabas con la Administración. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital también es consciente de ello y propone la eliminación de "obstáculos innecesarios, desproporcionados o discriminatorios al acceso y ejercicio de actividades económicas". Tal y como explican en el comunicado, la regulación por la que deben guiarse los organismos públicos carece de claridad y "genera una comprensión deficiente".

De ahí que el Gobierno considere reducir las cargas administrativas para las empresas con la disminución de autorizaciones para poner en marcha una actividad económica. "Es importante mejorar la normativa para lograr una mayor claridad e implementar una reducción de cargas administrativas", señalaron. Asimismo, abogan por generar una mayor seguridad jurídica y fomentar la eficacia de la regulación económica "en beneficio último de empresas y consumidores, para impulsar la actividad y la creación de empleo en todo el territorio nacional".

La morosidad perjudica especialmente a los pequeños negocios

Además, desde Economía alertaron que la morosidad y dilatación de los periodos de pago derivan en problemas de liquidez y crecimiento para las empresas, y más especialmente para los pequeños negocios. "Las condiciones de pago reales entre los negocios no siempre cumplen los plazos máximos fijados en la normativa, lo que genera tensiones financieras en el tejido empresarial de nuestro país, especialmente en las pequeñas y medianas empresas que, por lo general, cuentan con un menor músculo financiero".

Asimismo, señalaron que existe un "gran desequilibrio de poder entre grandes y pequeñas empresas". Debido a ello, las empresas más pequeñas tienen una probabilidad más alta de aceptar unos plazos de pago más largos o de que les sean impuestos por parte de empresas más grandes, "debido al temor a deteriorar las relaciones comerciales". Como consecuencia, el organismo señala que el aplazamiento en los pagos puede derivar en tensiones de liquidez, sobre todo cuando el ciclo de cobros es más corto que el de los pagos. "En caso de que esto suceda, una pyme no podrá afrontar el resto de sus obligaciones, como el pago a sus propios proveedores, las nóminas de sus trabajadores y los impuestos. Es decir, toda la cadena se ve comprometida", explicaron.

Por ello, el Gobierno propone implementar medidas de lucha contra la morosidad entre negocios -y también por parte de organismos públicos-. para conseguir una “cultura de pago sin demora”.  Abogan por la transparencia de los plazos de pago, mejores prácticas empresariales y reforzar el sistema de infracciones y sanciones para la resolución de este tipo de conflictos. De igual forma, consideran que implantar esta cultura en nuestro país "garantizaría la viabilidad de los entornos empresariales".

La inminente reforma de la Ley Concursal

El Ministerio de Asuntos Económicos consideró “esencial” la reforma de la Ley Concursal debido al contexto actual en el que “muchas empresas han tenido que endeudarse para soportar la pandemia”. De ahí que la ministra recordase que el Gobierno tiene previsto su reforma para trasponer la directiva europea que promueve la posibilidad de que al autónomo se le condone sus deudas con Hacienda y Seguridad Social en el caso de insolvencia. 

De hecho, el presidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac), Diego Comendador, señaló que, “según los rumores” la reforma podría estar lista "el mes que viene". Para esta misma reforma, los administradores piden a su vez, que se lleven a cabo nuevas modificaciones para profesionalizar su trabajo y acelerar los concursos de acreedores.

La trasposición de la Directiva Europea 2019/1023 que permite la condonación de las deudas de un autónomo con la Seguridad Social o con Hacienda supondrá el salvavidas para muchos autónomos que, aun habiendo cerrado su negocio por quiebra, siguen soportando como un lastre sus deudas con la Administración lo que les impide rehacerse como autónomos. Además de esta ley, según los expertos, la conocida sentencia del Tribunal de Justicia Europeo refuerza la norma de Segunda Oportunidad resaltando que las deudas se deben cancelar en caso de que la persona física se declare insolvente, ya sean con una empresa o con la propia Administración. Toda esta normativa es especialmente importante para los trabajadores por cuenta propia, ya que en la mayoría de los casos de cierre las deudas más difíciles de afrontar son en materia de impuestos y cotizaciones, es decir, con la Seguridad Social y con el Fisco.

Cada vez más jueces están condonando las deudas públicas

Precisamente gracias a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que se dictó que las deudas con la Hacienda y Seguridad Social también deben ser exoneradas, los jueces de lo Mercantil están fallando en esa misma línea y consideran que las deudas fiscales o en materia de cotizaciones, no deben tener un privilegio especial en los procedimientos concursales de la Ley de Segunda Oportunidad. El aumento de estas sentencias de condonación de deudas con la Administración, supone un atisbo de esperanza para todos aquellos autónomos que veían frustrados sus intentos de emprender un nuevo negocio o continuar con su actividad, debido a las deudas acarreadas con los organismos públicos.

Por lo tanto, si bien es cierto que actualmente en la normativa española de la Ley Concursal la exoneración de los créditos públicos sigue sin incluirse, "si un autónomo va a juicio o entra en un procedimiento judicial puede acceder a la sentencia del Supremo y conseguir la condonación de esa deuda", aseguró Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA.