Un documento con medidas dirigidas al Gobierno que salga elegido en la elecciones

Las 170 prioridades para autónomos y empresas que Cámara de España pide para la próxima legislatura

La Cámara de Comercio de España ha elaborado un documento en el que recoge 170 medidas dirigidas a impulsar a autónomos y empresas y que debería tener en cuenta el nuevo Gobierno que salga elegido en las elecciones del 23 de julio.

Estas son las prioridades que reclaman los autónomos y empresas de cara a las elecciones del 23J
Estas son las prioridades que reclaman los autónomos y empresas de cara a las elecciones del 23J
Las 170 prioridades para autónomos y empresas que Cámara de España pide para la próxima legislatura

A una semana de que se celebren las elecciones generales, la Cámara de Comercio de España ha elaborado un documento en el que recopila 170 medidas de política económica que, desde el punto de vista de los autónomos y empresas españoles, “debería abordar” el gobierno que salga de las urnas. Estas elecciones, según señalaron fuentes de la Cámara de Comercio, se producen “en un momento de enormes desafíos, pero también de grandes oportunidades para España, que requieren estabilidad y acuerdo en cuestiones clave”. 

Según recoge el documento de más de 200 páginas, una de las principales prioridades que debería tener el nuevo Gobierno es la de llevar a cabo una política pro-empresa “que impulse un contexto propicio para el crecimiento, la transformación y la creación de empleo”. 

Las Cámaras de Comercio de España, a través de este documento, se reafirman así en “la necesidad imperiosa de que los partidos políticos alcancen los Pactos de Estado pendientes” en ámbitos clave para el futuro a largo plazo del tejido empresarial, como la formación, el empleo, la unidad de mercado o la energía, entre otros. Estos acuerdos, en palabras de la Cámara, “deben materializarse en actuaciones concretas, ambiciosas y evaluables”.

“Las empresas deben ser las protagonistas de las actuaciones de la política económica a diseñar”

Las próximas elecciones generales, que se celebrarán el domingo 23 de julio de 2023, representan un acontecimiento trascendente para el tejido empresarial español. Los distintos partidos políticos ya llevan días haciendo campaña para apoyar sus programas electorales, que incluyen, en todos los casos, medidas para los autónomos y empresas del país

Estas elecciones se producen en un momento global “especialmente convulso” y que debe afrontarse “con firmeza”. En palabras de la Cámara de España, las consecuencias de la crisis sanitaria, las repercusiones globales de la guerra en Ucrania, la escalada inflacionista, así como el incremento de los precios de la energía y de las materias primas, “están suponiendo para nuestro empresariado y nuestra ciudadanía un esfuerzo sin precedentes”

Por ello, reclamó, es necesario que los autónomos y empresas de este país, “por su papel como base de la economía social de mercado y de agente que garantiza la estabilidad y el desarrollo del sistema productivo”, sean los protagonistas “destacados” de las iniciativas y actuaciones de la política económica a diseñar y articular.

Ahora, más que nunca, destaca la Cámara en su documento, España “necesita del esfuerzo responsable de todas las formaciones políticas para construir puentes de diálogo y colaboración que permitan avanzar en el progreso económico y social de ciudadanía y empresas. La situación política, social y económica así lo requiere”.  

Estas son algunas de las medidas que la Cámara considera que son “prioridad”

Según aseguró el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, “la empresa, como pieza clave de nuestro sistema de economía social de mercado, ha de ser el centro de la política económica del futuro gobierno”. 

Por este motivo, a pocos días de que se celebren las elecciones, la Cámara de Comerció de España ha elaborado un documento que recopila las 170 medidas de política económica que, según la visión empresarial, “debería abordar el Gobierno que salga de las urnas. Estas son algunas de ellas.

  • Reducir la morosidad y los retrasos en los pagos

Según señala en el documento la Cámara de España, “es necesario” que en nuestro país se incorporen mecanismos para asegurar que se cumple la nueva normativa europea respecto a los retrasos en los pagos, que se publicará a lo largo del año 2023. 

“La normativa vigente no siempre se respeta en España, ya que la ley establece que el plazo máximo para realizar pagos en transacciones comerciales es de 60 días (30 días para las Administraciones Públicas), y en España el tiempo medio de pago se sitúa en los 83 días. Por ello, es necesario establecer incentivos para fomentar que las compañías se ajusten al periodo convenido legalmente”, destacó. 

  • Aumentar el uso de los fondos Next Generation

Las ayudas que ofrece la Unión Europea, como los Fondos Next Generation, son oportunidades que no llegan con todo su potencial a las empresas españolas, ¡en muchas ocasiones por la falta de información o de asistencia inicial para su tramitación y gestión”, 

Sin embargo, según denuncia la Cámara de España, son aprovechadas “de modo notable” por otros países, por lo que “es preciso informar y ayudar a nuestro tejido empresarial para que conozca y utilice eficazmente estos recursos”. 

  • Mejorar los instrumentos públicos de garantía y aval

Según la Cámara, las empresas necesitan que se mejoren los instrumentos públicos de garantía y aval. Esto puede hacer “con medidas como incrementar y especializar el capital de CERSA (Compañía Española de Reafianzamiento) y del Sistema de Garantías, o los fondos del ICO (Instituto de Crédito Oficial) destinados al mundo empresarial”.

En este sentido, recoge el documento, “el impulso de las posibilidades ofrecidas por estas instituciones sería especialmente relevante para el colectivo de empresas de menores dimensiones, dado su protagonismo en la disposición de recursos por esta vía”. Asimismo, “es necesario” que las empresas de menor tamaño dispongan de facilidades para acceder a estos recursos.

  • Seguir impulsando los mecanismos alternativos de financiación no bancaria para pymes

Las empresas de menores dimensiones tienen “una limitada” disposición de recursos propios y de otras alternativas de financiación, lo que las lleva a depender principalmente de la financiación bancaria. 

Por ello, “es conveniente buscar un equilibrio entre la tradicional financiación bancaria y la obtenida alternativamente a través del mercado, especialmente relevante en las primeras fases de los proyectos o para operaciones de cierto riesgo”. Las actuaciones dirigidas a la sensibilización, información y asesoramiento directo a pymes, junto con la simplificación del proceso de utilización de tales canales, “favorecerían dicha diversificación

  • Formar e informar a las empresas sobre financiación pública y privada

En palabras de la Cámara de España, “resulta indispensable” concienciar a las pymes sobre la necesidad de disponer de un departamento financiero formado y capacitado para el análisis de los estados financieros de la empresa. 

Para ello, “es imprescindible la mejora de la cultura financiera de gestores y/o propietarios, como primer paso para incrementar su sensibilidad ante la trascendencia del área financiera y, en última instancia, mejorar la capacidad competitiva de la compañía”.

  • Implementar planes específicos para mejorar la capacitación digital de las pymes

La digitalización de las pymes es clave para mejorar la eficiencia en sus procesos, aumentando así su productividad. Además, permite ofrecer mejores servicios a los clientes, suponiendo todo esto un aumento en los ingresos de estas empresas. 

Por ello, según recoge el documento, “es importante sensibilizar a las pequeñas y medianas empresas sobre las ventajas relativas a los procesos de digitalización”. Asimismo, añade la Cárama, las Administraciones Públicas “pueden facilitar el acceso de las pymes al asesoramiento experto para que aprovechen al máximo las oportunidades digitales”. 

  • Reformar la fiscalidad empresarial

Según la Cámara de España, una de las medidas necesarias para la supervivencia de las empresas es la adaptación el sistema impositivo a la realidad del siglo XXI “con medidas y reformas que 

supongan cambios estructurales y no coyunturales”. 

Las empresas españolas, recoge el documento, “necesitan una fiscalidad moderna con actuaciones que vayan más allá de mitigar impactos coyunturales a medidas de calado que tengan como resultado cambios estructurales”. 

  • Reducir la presión fiscal a las empresas

El porcentaje de empresas que considera actualmente que el incremento de la presión fiscal tendría un impacto muy negativo en el empleo, la cifra de negocio, los márgenes y la inversión, se ha incrementado.

Por este motivo, una de las medidas que reclaman como “fundamentales” desde la Cámara de España es la reducción de la presión fiscal a la que día a día se someten las empresas españolas, independientemente de su tamaño. 

  • Aumentar la productividad de las Administraciones Públicas

El sector público, al igual que el sector privado, debe enfrentarse al reto de la productividad y la competitividad. “Si no existe un sector público que provea servicios de forma eficiente, difícilmente podremos disponer de empresas que compitan en igualdad de condiciones con las de otros países con Administraciones más eficientes”, denuncia en su documento la Cámara de España.

Cuestiones como la justicia, la burocracia para crear empresas, las contrataciones públicas o el acceso a los servicios públicos, tienen una influencia muy importante en la competitividad empresarial. Por ello, “es importante introducir de modo creciente” la renovación del capital humano y capatación de talento y la evolución hacia una Administración digital e inteligente”. 

  • Regulación de la actividad productiva y la carga administrativa

Según la Cámara de Comercio, es necesario seguir con las medidas de transparencia y lucha contra la corrupción y el abuso de poder en la gestión y Administración Pública, “con un aumento de la formación de los cuerpos de funcionarios, un endurecimiento de los mecanismos sancionadores, así como una mayor autonomía y competencias para el organismo competente a tal efecto”.

Asimismo, hay que continuar con el proceso de revisión sistemática de la regulación de la actividad productiva, así como de la carga administrativa asociada al cumplimiento normativo. “La regulación obsoleta, deficiente o de mala calidad impone unos costes a ciudadanos y empresas de carácter administrativo, drenando recursos y dificultando el ejercicio eficiente de la actividad productiva”, recoge el documento. 

Por ello, “es preciso” que organismos independientes supervisen sistemáticamente la regulación y las cargas burocráticas asociadas, concretando propuestas de mejora y de simplificación administrativa en aras del interés general. 

  • Evolucionar hacia una Administración Pública Digital e Inteligente

La Administración Pública tiene un papel fundamental como elemento tractor e impulsor del desarrollo digital de nuestro país. El papel de las políticas públicas en materia de empleo, sanidad, educación y fomento de la competitividad empresarial hace que resulte prioritario y urgente su propia transformación digital. 

Actualmente, según la Cámara, “la Administración Pública presenta un grado de digitalización heterogéneo, por lo que debería acometerse un proceso integral de digitalización de la actividad de todos los entes administrativos, con una hoja de ruta claramente definida, con una dotación presupuestaria suficiente y con un liderazgo reconocible al máximo nivel”.

  • Fomentar la vocación emprendedora de los españoles y la figura del empresario en la sociedad

Las empresas españolas aglutinan la mayor parte del empleo de la economía y son las principales generadoras de crecimiento económico, contribuyendo con ello a mejorar el bienestar de la sociedad. 

En un contexto como el actual, la figura del empresario y del espíritu emprendedor “cobra especial relevancia” por su capacidad para generar crecimiento económico y empleo. Es por ello que, según la Cámara, “sería necesario potenciar la figura del empresario y del emprendedor en la sociedad a través del diseño de temáticas específicas durante la educación primaria, implantando ciclos formativos en la enseñanza secundaria, bachillerato y formación profesional, y fomentando la creación de empresas en la etapa universitaria”. 

  • Impulsar los servicios de asesoramiento a las empresas de nueva creación y de reducida dimensión

Un elevado porcentaje de empresas de nueva creación no alcanza a tener una supervivencia de más de cinco años, especialmente en las empresas sin asalariados o con menos de 10 empleados. 

La imposibilidad de aprovecharse de economías de escala debido a su reducido tamaño, unida a la existencia de determinadas carencias profesionales, técnicas o estratégicas, “impide a este tipo de empresas crecer y consolidarse en el mercado”. Por lo tanto, según destaca la Cámara de España en su documento, no se trata sólo de facilitar la creación de empresas, sino de asegurarse de que las empresas creadas sobrevivan a largo plazo”.

  • Incentivar a través de inversión pública el crecimiento de las startups españolas

Uno de los grandes retos que afronta actualmente el ecosistema de empresas emergentes español está en el crecimiento de sus compañías. El volumen de ventas de compañías tecnológicas en España y su valoración siguen siendo demasiado bajos con respecto a otros ecosistemas. 

“De manera complementaria al fomento del nacimiento de startups, es necesario impulsar su crecimiento, de modo que las empresas emergentes consigan un crecimiento sostenido que les permita alcanzar el escalón siguiente, es decir, de scaleups; y conseguir así un impacto directo mayor sobre la economía nacional”, recoge el documento de la Cámara.

  • Facilitar a las startups el cumplimiento de las obligaciones tributarias

Según la Cámara de España, es necesario facilitar a las startups el cumplimiento de la obligaciones con la Agencia Tributaria. Para ello, asegura en su documento, hay que “articular procedimientos que permitan solicitar aplazamiento y fraccionamiento de impuestos como el IRPF, el impuesto de sociedades o el IVA”. 

Las pymes innovadoras, particularmente aquellas que desarrollan proyectos con largos plazos de maduración, “suelen requerir rondas sucesivas de financiación para poder abordar sus desarrollos y continuar operando. Ello podría derivar en problemas de liquidez transitorios”.