Acusan a los legisladores de no tenerlos en cuenta

Los autónomos del transporte con furgoneta ven imposible hacer la transición al vehículo eléctrico

Las nuevas medidas aprobadas para fomentar la transición eléctrica, como el veto a los vehículos de combustión en 2035 o las zonas urbanas de bajas emisiones, ha puesto en alerta a los autónomos del Transporte, que acusan a los legisladores de no tenerles en cuenta.

Los autónomos transportistas advierten sobre las dificultades que encuentran en su transición eléctrica.
Los autónomos transportistas advierten sobre las dificultades que encuentran en su transición eléctrica.
Los autónomos del transporte con furgoneta ven imposible hacer la transición al vehículo eléctrico

La transición eléctrica en el sector del Transporte será una obligación para los autónomos durante los próximos años. Así lo consideraron los propios transportistas, ante la aprobación del veto europeo a las ventas de vehículos de combustión e híbridos a partir de 2035 y a la entrada en vigor en España de normativas como la que regula las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en todos los municipios con más de 50.000 habitantes. A priori ven imposible esta transición por la carencia de infraestructuras de recarga, los costes de los vehículos y la incertidumbre legislativa que les frena a la hora de tomar decisiones de inversión.

En el primer caso, el pleno del Parlamento Europeo aprobó esta misma semana el acuerdo para que, a partir del año 2035, todos los turismos y furgonetas que se comercialicen en la Unión Europea sean eléctricos. Se trata de una medida cuya entrada en vigor tardará 12 años en llegar, pero que afecta de manera especial a miles de autónomos dedicados a actividades como el reparto, pero también a otras muchas en las que los trabajadores por cuenta propia necesitan un coche o furgoneta para trabajar.

Por otro lado, la entrada en vigor de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en todos los municipios españoles con más de 50.000 habitantes el pasado 1 de enero es una cuestión que demuestra que la transición eléctrica es ya una cuestión prioritaria para el colectivo de autónomos.

Ante esta situación, los trabajadores por cuenta propia adelantan una situación de gran incertidumbre, y acusan a los diferentes legisladores de no tener en cuenta las consecuencias de estas decisiones en las cuentas de los transportistas y fabricantes, sobre todo los más pequeños, cuyos plazos de amortización son más amplios.

Los autónomos y negocios más modestos tendrán más difícil su transición hacia la energía eléctrica

Así, los transportistas acusaron la incertidumbre que supone para su sector aprobar una legislación cuyo plazo de entrada en vigor es tan amplio. “No hay nada claro, ni siquiera si se van a poder cumplir estos requisitos. Todo necesita una inversión y desarrollo muy importante”, valoró, en este sentido, José María Quijano, secretario general de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM). Los vehículos eléctricos son generalmente caros y tienen aún escas autonomía.

Además, las nuevas medidas que obligarán a los trabajadores por cuenta propia a acometer una transición hacia la energía eléctrica en sus flotas afectarán especialmente a los autónomos más pequeños. “Las grandes tienen plazos de amortización de cuatro o cinco años. No ocurre lo mismo con los pequeños autónomos, que tienen vehículos con edades bastante superiores”, explicó el secretario general de CETM.

“Nos piden hacer milagros, y no podemos hacerlos. Están legislando sin crear, en paralelo, planes de ayudas y creación de infraestructuras posibilistas para los más afectados, que somos los transportistas. Es muy preocupante", afirmó a este diario, en el mismo sentido, Antonio Villaverde, presidente de la Asociación de Transportistas Autónomos (ATA).

Con respecto a la entrada en vigor de las Zonas de Bajas Emisiones en todos los municipios de más de 50.000 habitantes, los autónomos del Transporte volvieron a reclamar a los ayuntamientos “una armonización de los criterios, sobre todo en provincias donde los autónomos del transporte se suelen mover por diferentes localidades”, tal y como destacó José María Quijano.

¿Y el transporte de mercancías pesadas?

En el caso de los transportistas que mueven mercancías pesadas, la incertidumbre es todavía mayor, aunque la normativa europea que entrará en vigor en 2035 no incluye, a priori, a los camiones. Tal y como explicaron a este medio desde CETM, en la actualidad existe “un déficit de estaciones de carga importante. En el caso del transporte de mercancías pesadas, directamente es imposible utilizar las fuentes de energía eléctricas”, valoró José María Quijano.

Además, Antonio Villaverde recordó que, en determinadas actividades como las mudanzas, los negocios del sector también están sufriendo la entrada en vigor de las Zonas de Bajas Emisiones. "Muchos autónomos tienen vehículos sin distintivo ambiental porque son muy antiguos, porque hacen muy pocos kilómetros y sus periodos de amortización son mucho más amplios que en el transporte de mercancías de larga distancia", explicó a este medio.

Además, el presidente de la Asociación de Transportistas Autónomos calificó como "especialmente complicada" la transición eléctrica para los autónomos dedicados al transporte pesado. "No hay puntos de carga y los pocos modelos eléctricos disponibles en el mercado son prácticamente prototipos. Todo ello, sin contar con la escasa autonomía de estos vehículos", valoró.

Ante esta situación, el secretario general de CETM identificó como una necesidad para los próximos años la incorporación a la normativa de “otras tecnologías que contribuyan a una mejora medioambiental, puedan hacerlo. Por ejemplo, los biocombustibles, que facilitarían mantener el parque móvil actual sin tener que hacer muchas modificaciones”, explicó.

Las medidas que fuerzan a los transportistas autónomos a la transición eléctrica

  • Veto a la comercialización de vehículos de combustión en 2035

El pasado martes, 14 de febrero, el pleno del Parlamento Europeo dio luz verde al acuerdo alcanzado entre los países miembros de la Unión Europea, que consiste en la prohibición de comercializar vehículos de combustión e híbridos en su territorio a partir de 2035. A partir de dicho año, todos los turismos y furgonetas que se vendan en la UE deberá llevar la etiqueta “cero emisiones”.

En paralelo, el objetivo de la Unión Europea para 2030 pasa por reducir un 55% las emisiones contaminantes con respecto al nivel de 1990. Para ello, la Comisión Europea deberá presentar una metodología, así como las medidas legislativas concretas, con una fecha máxima fijada en 2025, dentro de dos años.

  • Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en municipios de más de 50.000 habitantes

Dentro de las fronteras nacionales, el pasado 1 de enero entró en vigor la normativa que regula las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), obligatorias en todos los municipios españoles de más de 50.000 habitantes. Desde la misma fecha, las poblaciones con más de 20.000 también deben contar con un área de restricciones, que sólo se activará cuando tengan altos índices de contaminación del aire.

Las condiciones para acceder a una ZBE son diferentes en cada municipio, algo que ha causado confusión entre los autónomos del transporte. Así, a la normativa que les obliga a contar con un distintivo ambiental en sus vehículos -las etiquetas de la Dirección General de Tráfico (DGT)-, se pueden sumar otras restricciones adicionales, que son aprobadas por cada ayuntamiento.

En definitiva, unas medidas que, a pesar de tener un impacto positivo en términos medioambientales, no se ajustan a las necesidades reales de los negocios y autónomos del Transporte. “Las exigencias más taxativas no están teniendo en cuenta las necesidades económicas de la población y de las propias empresas. No tenemos claro qué vehículos debemos adquirir, y esto tiene unas importantes implicaciones en términos de operativa o de la fiscalidad de los combustibles que utilicen”, explicó el secretario general de CETM.

En este contexto, “todo el mundo está bastante confuso. Una cosa son los propósitos regulatorios, y otra cosa es la realidad del sector del transporte y de los fabricantes, que también tienen que tener un periodo de amortización de sus desarrollos, por lo que podrían cancelarlos durante los próximos años”, concluyó José María Quijano.