El Gobierno amplía seis meses más la prohibición de despedir para los autónomos que se acojan a un ERTE

El Gobierno dio luz verde el pasado miércoles en Consejo de Ministros a una prórroga 'parcial' del paquete de medidas anticrisis que había venido extendiendo desde el año pasado. Este nuevo paquete de medidas dejó excluidas a la inmensa mayoría de las subvenciones destinadas a los autónomos -como, por ejemplo, las bonificaciones al transporte- y, además, amplió la prohibición de despido para todos los negocios que estén acogidos a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Hace más de dos años que los autónomos y pymes pueden acogerse a un ERTE especial si se ven afectados por la subida de costes a raíz de la Guerra en Ucrania. Desde 2022 miles de negocios se han visto ahogados por los incrementos que todavía perduran en la factura de la luz, el gas o las materias primas, y pueden solicitar uno de estos expedientes para reducir o suspender la jornada de sus trabajadores.

En paralelo a esta medida de reducción de jornada, el Gobierno también ha ido poniendo en marcha distintas limitaciones para los negocios que se acojan a un ERTE o cualquier otra ayuda a causa de la subida de costes. 

Los autónomos que se acojan a un ERTE tendrán prohibido despedir hasta junio de 2024

Como ha ocurrido en los anteriores paquetes de medidas para paliar la inflación y el incremento de costes a raíz de la guerra en ucrania, el Gobierno ha incluido una 'contra-parte' que afecta a varias de estas subvenciones y bonificaciones. Además de prorrogar las medidas de apoyo a empresas y trabajadores, también amplía seis meses más la prohibición de que despidan por causas económicas vinculadas al aumento de costes.

Por lo tanto, cualquier autónomo que reduzca su plantilla o suspenda a un trabajador deberá mantener su nivel de empleo hasta junio de 2023. En este periodo sólo podría despedir alegando causas objetivas que no tengan que ver con el aumento de costes, como podría ser un despido disciplinario

Así quedó regulado en el artículo 83 del Real Decreto Ley  8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía.

Según esta norma, "en aquellas empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas en el presente real decreto-ley, el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 30 de junio de 2024". De igual manera, añade el decreto, "las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos reguladas en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público no podrán utilizar estas causas para realizar despidos".

Si despiden antes del 30 de junio deberán reintegrar las cotizaciones que les fueron exoneradas

En caso de incumplir esta medida y despedir a uno o varios trabajadores alegando una subida de costes, el negocio deberá reintegrar la ayuda recibida. Si bien es cierto que la mayoría de subvenciones que había en anteriores paquetes antricrisis para los negocios han desaparecido, en el caso de los ERTE ahora mismo podría haber miles de autónomos o pymes que han reducido la jornada de uno o varios empleados por causas relacionadas con la Guerra en Ucrania.

Si no cumplieran con la obligación de mantener el nivel de empleo, deberán reintegrar el porcentaje de las cotizaciones que hayan tenido exoneradas durante el tiempo que hayan suspendido o reducido la jornada de sus empleados. Al tratarse de un ERTE por causas Económicas, Técnicas Organizativas o de Producción (ETOP), la exoneración sería de alrededor de un 20% de las cotizaciones a la Seguridad Social de cada uno de los trabajadores.

Quedan eliminadas las ayudas al transporte y otras subvenciones por el aumento de costes

A pesar de que este nuevo Real Decreto prorroga varias medidas que pueden servir de apoyo a los negocios, como puede ser la reducción del IVA de algunos productos básicos, lo cierto es que se han eliminado la mayoría de ayudas directas específicas para autónomos que había hasta ahora.

La nueva batería de medidas para combatir los efectos de la inflación y el aumento de costes ha incluido algunas ayudas importantes para los hogares como el Bono social eléctrico o la bajada del IVA de los alimentos pero ha eliminado la mayoría de subvenciones para los autónomos, incluida la famosa bonificación del precio del carburante.

A partir de enero, los autónomos del transporte pesado y ligero, así como otros colectivos como el taxi o los VTC's -que se beneficiaron de ayudas directas en un único pago- verán desaparecer la bonificación al carburante, que para muchos suponía varios cientos de euros al mes y miles de euros al año.

La eliminación de la bonificación al carburante ha sido una noticia inesperada para miles de transportistas que van a ver subir sus costes hasta 2.000 o incluso 2.500 euros anuales por camión, en el caso del transporte pesado, según estimaciones de la Federación Nacional del Transporte por Carretera (FETRANSA). "Hasta que se aprobó el Real Decreto teníamos la esperanza de que se mantuviera, al menos, durante seis meses más la bonificación de cinco céntimos por litro, que es la que estaba en vigor en estos últimos meses para los beneficiarios del gasóleo profesional",  explicó José Carlos López Jato, secretario técnico de FETRANSA.

No sólo eso, muchas de las ayudas a la industria y la agricultura que había en anteriores paquetes también han quedado excluidas de esta nueva prórroga.