Seguridad Social estaría obligando a los autónomos a comunicar datos que ya conoce

Los graduados sociales, representantes miles de autónomos, han comenzado a denunciar el caos en el que ha entrado la Seguridad Social. Ahora se trata de las duplicidades en cuanto a información que sufrirán todos los autónomos y negocios a partir del 31 de octubre. Tendrán que volver a informar a la Seguridad Social sobre su inscripción o afiliación, altas, bajas y variaciones de algunos datos sobre sus trabajadores en dos bases de datos separadas: la de empresas colectivas y la de personas vinculadas a estas empresas. 

En una carta remitida por el Consejo de Colegios de Graduados Sociales a sus colegiados a la que ha tenido acceso a este diario, Ricardo Gabaldón, presidente de este órgano de representación de los profesionales que realizan miles de trámites y gestiones de los autónomos con la Administración, explica a las consecuencias de esta decisión del la Seguridad Social.

“La creación de estas dos nuevas bases de datos y la obligación para los trabajadores autónomos supone un aumento de la carga de trabajo para nuestro colectivo, ya que esa información no sólo se requiere a las nuevas altas de autónomo o sociedades, sino que los más antiguos también estarán obligados a cumplimentar esta información”, afirmó. 

Además, el colectivo de graduados sociales denunció el colapso de la Tesorería, que está retrasando la gestión de determinados trámites para los autónomos y negocios, como la gestión de la incapacidad temporal o el acceso a la prestación por jubilación. Se trata de un problema que se está dilatando, y que, en opinión de los profesionales, no se solucionará tras el acuerdo alcanzado entre los sindicatos y la Seguridad Social o las nuevas medidas aprobadas por José Luis Escrivá.

Ante esta situación, Ricardo Gabaldón anunció la solicitud “de una reunión urgente con los responsables de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), una solicitud que he tenido que reiterar ante el silencio de ésta”, explicó. 

Los autónomos y negocios están obligados a comunicar sus datos a la Seguridad Social hasta el 31 de octubre

Tal y como explicó a este medio Daniel Blas, graduado social y consultor especializado en autónomos, la obligación de aportar los datos en las nuevas bases de datos tiene que ver con que el sistema de cotización por ingresos reales ha generado una necesidad en la Tesorería, “porque hay datos que no tienen bien pulidos.” Así, todos los autónomos deberán informar a la Seguridad Social hasta el 31 de octubre, aunque ya lo hubieran hecho anteriormente, al estar dados de alta con fecha previa al 1 de enero de este año.

Así, entre los datos que todos los autónomos tendrán que comunicar a la Seguridad Social hasta el 31 de octubre, destacan “la participación de los autónomos en una o varias sociedades, así como su porcentaje de participación en éstas, si cobra por medio de facturas o con una nómina... En definitiva, datos que antes no constaban para la Seguridad Social”, valoró Daniel Blas. 

Esta obligación supone, según los graduados sociales, una duplicidad de información que generará un trabajo adicional para los ya saturados profesionales, así como para los autónomos y empresarios que realicen este trámite por su propia cuenta. “En muchos casos, la TGSS está solicitando información que ya obra en su propio poder o incluso de otras administraciones públicas como la Agencia Tributaria”, explicó Ricardo Gabaldón en la carta remitida a los colegiados. 

En el mismo sentido, Daniel Blas valoró que, “de la misma manera que lo hacen con Hacienda para conocer el rendimiento neto de los autónomos, podrían hacerlo con el resto de entidades dependientes de la Administración General del Estado, como el Registro Mercantil. Es indignante, porque parece que estamos trabajando para la Seguridad Social como grabadores de datos”, expresó. 

Para el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, esta cuestión “ayuda muy poco o nada a que los graduados sociales podamos realizar nuestro trabajo con un mínimo de eficacia y profesionalidad, además de poder aspirar al derecho de conciliar nuestra vida laboral y familiar”, añadió. 

El acuerdo con los sindicatos y las últimas medidas de Escrivá no servirán para frenar el colapso de la Seguridad Social, según los expertos 

En paralelo, los expertos consultados por este diario afirmaron que el reciente acuerdo alcanzado entre los sindicatos y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, así como las medidas aprobadas por la cartera de José Luis Escrivá para desatascar la Tesorería, no servirán para mitigar el colapso de la administración en el corto plazo.  

Así, María Antonia Oliva, presidenta del Consejo Autonómico de Graduados Sociales de la Comunidad Valenciana, explicó a este diario que estas medidas “deberían haberse tomado hace mucho tiempo, en lugar de presionar tanto a los profesionales, cuando somos los que, en muchos casos, estamos atendiendo a los autónomos y contribuyentes que ellos dejan de atender.” 

En este sentido, Ricardo Gabaldón puso, como ejemplo de la saturación que viven los graduados sociales por el colapso de la Seguridad Social, una situación tan común como simple: la fecha de publicación del boletín de noticias RED, los viernes por la tarde, “lo que supone que tengamos que dedicar parte de nuestro tiempo de descanso a leer, analizar y comprender un boletín de noticias que debemos aplicar desde el lunes siguiente”, expresó.  

Con respecto al acuerdo alcanzado entre los sindicatos y la Tesorería, que incluye la incorporación de 2.500 nuevos trabajadores, una revisión del modelo de productividad y la implementación de, al menos, un día de trabajo voluntario a la semana a partir del 1 de julio, los graduados consideraron que no servirá para paliar el grave colapso que está sufriendo la Seguridad Social, donde la tramitación de algunas prestaciones a las que tienen derecho los autónomos se están retrasando varios meses. 

Para Daniel Blas, las contrataciones son “sólo una tasa de reposición del personal jubilado, por lo que no se va a ampliar la plantilla. Si cada poco tiempo sacan nuevas normativas, estas incorporaciones no podrán acometer todas las necesidades. Habría que analizar el tapón que existe para ver si realmente se puede garantizar una atención a la ciudadanía, que en este momento está totalmente desamparada”, concluyó a este diario.