Comisión Europea está consultando a los autónomos del campo sobre las malas prácticas en el sector

La Comisión Europea está llevando a cabo una encuesta para evaluar la eficacia de las medidas adoptadas por los Estados miembros, en cuanto a las Prácticas Comerciales Desleales (PCD) en las relaciones entre los negocios en la cadena de suministro agrícola y alimentario, que en España se han estructurado dentro de la Ley de la Cadena Alimentaria.

El cuestionario es común para todos los países de la Unión Europea y está abierto a aquellos negocios que operan en las diferentes etapas de esta cadena. La encuesta está promovida por el Centro Común de Investigación y la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, y analiza el cumplimiento de la Directiva (UE) 2019/633 sobre prácticas comerciales desleales (PCD), adoptada el 17 de abril de 2019 por el Parlamento Europeo.

Los agricultores y las pequeñas empresas son los operadores más vulnerables de la cadena de suministro de alimentos y las prácticas comerciales desleales les sitúan en una situación de vulnerabilidad y exponen a los productores agrícolas a una presión económica excesiva, tal y como ha explicado la Unión Europea. Esta normativa tiene como objetivo frenar estas prácticas y busca reforzar la posición de los agricultores y de los pequeños y medianos proveedores de la industria alimentaria frente a los comportamientos injustos y desequilibrados de sus socios comerciales más grandes, como supermercados o minoristas.

La UE busca frenar la morosidad entre los diferentes actores de la cadena alimentaria

Según el propio Parlamento Europeo: “se trata de luchar contra la morosidad en los pagos de los productos alimenticios perecederos, las cancelaciones de última hora y los cambios unilaterales o retroactivos de los contratos. También impedirán que se le obligue al proveedor a pagar por el derroche de los productos, así como el rechazo de los contratos por escrito”.

El cuestionario es breve, conlleva cumplimentarlo unos 15 minutos, y estará operativo hasta el próximo 15 de marzo. La propuesta está dirigida a cualquiera que esté implicado en la cadena de suministro de alimentos, ya sea un minorista, un elaborador de productos alimenticios, un mayorista, una cooperativa o una organización de productores, o un productor independiente.

Así pues, pueden participar todos aquellos negocios que operan en las diferentes etapas de la cadena de suministro agrícola y alimentario, como por ejemplo los que intervienen en la producción agrícola convencional, en la producción agrícola orgánica, en el comercio de productos básicos, en el procesamiento primario con fines alimentarios, en el comercio de productos intermediarios, en todas aquellas  etapas de procesamiento secundario y posterior con fines alimentarios, en la venta al por mayor, así como otros negocios que intervengan en la cadena.

Todo ellos podrán expresar su criterio y contribuir a mejorar las medidas europeas que se vayan a adoptar en cuanto Prácticas Comerciales Desleales (PCD) en los principales sectores, es decir: lácteos, carnes, frutas y vegetales, cereales y otros, así como dejar constancia de si la Directiva adoptada para ello es eficaz. La encuesta está disponible en este enlace: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/4th_UTP_survey#page2

Las tres preguntas principales sobre Prácticas Comerciales Desleales 

En dicho cuestionario, las tres preguntas fundamentales a contestar son las siguientes:

• "Como proveedor, ¿la nueva legislación le ofrece protección contra prácticas comerciales desleales por parte de un comprador económicamente más fuerte? Con las siguientes opciones de respuesta: Si, me siento totalmente protegido; sí, me siento esencialmente protegido; sí, me siento un poco protegido; no, no me siento protegido.
• “Nos gustaría que comparara los últimos 3 años (2020-2022) con el período anterior a la adopción esta Directiva de 2019.
• ¿Con qué frecuencia experimentó las siguientes UTP (Unfair Trade Practices, es decir, Prácticas Comerciales Desleales) antes de 2019?" Para ello exponen una serie de criterios a valorar y cuatro tipos de valoración: no se aplica; con menos frecuencia que antes de 2019; con la misma frecuencia que antes de 2019; más a menudo que antes de 2019.

Además, los criterios a evaluar por parte de los negocios son los siguientes:

1.  Pago a más tardar en 30 días para productos agrícolas y alimentarios perecederos.
2. Pago posterior a 60 días para otros productos agrícolas y alimenticios.
3. Cancelaciones de pedidos con poca antelación (menos de 30 días) de productos agrícolas y alimentarios perecederos.
4. Modificaciones unilaterales del contrato por parte del comprador.
5. Pagos solicitados por el comprador que no estén relacionados con la venta del producto agrícola y alimenticio del proveedor.
6. Pago por deterioro y/o pérdida de productos agrícolas y alimentarios (que se produzcan en las instalaciones del comprador) transferidos indebidamente del comprador al proveedor.
7. Negativa del comprador a proporcionar una confirmación por escrito del contrato de suministro.
8. Uso indebido de los secretos comerciales de un proveedor por parte del comprador.
9.  Represalias comerciales por parte del comprador.
10. Pago de los costes de examen de las reclamaciones de los clientes transferidos indebidamente del comprador al proveedor.
11. El comprador devuelve al proveedor los productos agrícolas y alimentarios no vendidos sin pagarlos, a pesar de no haberlo acordado previamente.
12. El comprador exige al proveedor el pago por el almacenamiento, exhibición y listado de productos agrícolas y alimenticios, a pesar de que esto no haya sido pactado previamente.
13. El comprador obliga al proveedor a correr con los costos de los descuentos de productos agrícolas y alimenticios, que forman parte de una promoción, a pesar de que esto no haya sido pactado previamente.
14. 14. El comprador exige al proveedor el pago de la publicidad, a pesar de que esto no haya sido pactado previamente.
15. El comprador exige al proveedor el pago por la comercialización, a pesar de que esto no haya sido pactado previamente.
16. El comprador exige al proveedor que pague por el personal del comprador, acondicionando los locales utilizados para la venta de los productos agrícolas y alimentarios del proveedor, a pesar de que esto no se haya acordado previamente.
17. Otras prácticas consideradas desleales.

Y, por último, una tercera cuestión importante para poder plasmar criterios: "¿A qué compradores suministra y cuáles lo exponen a prácticas comerciales desleales?, con varias opciones de valoración y los siguientes actores agroalimentarios:

• Organizaciones de productores (incluidas las cooperativas agrícolas).
• Comerciantes de materias primas.
• Empresas de procesamiento primario.
• Comerciantes de productos intermediarios.
• Empresas de procesamiento secundario y posterior.
• Mayoristas.
• Minoristas.
• Otros

¿Qué impacto tienen las prácticas comerciales desleales, según la Unión Europea?

Con datos facilitados por la Unión Europea, en la cadena de suministro alimentario comunitaria intervienen más de 11 millones de explotaciones agrícolas, 300.000 procesadores, más 2,8 millones de distribuidores y minoristas y alrededor de 22 millones de personas que trabajan en la agricultura.

Según han referido desde el Parlamento Europeo, “las prácticas comerciales desleales se apartan de la buena conducta comercial y son contrarias a los principios de buena fe y comercio justo. Pueden darse en todas las etapas de la relación contractual: durante las negociaciones, en la implementación del contrato, o bien a posteriori”.

Y, además, “podrían amenazar la supervivencia en el sector de pequeños productores e impedir que los pequeños negocios inviertan en nuevos productos y tecnología, o accedan a nuevos mercados. También generan costes inesperados o ingresos más bajos de los estimados para los socios comerciales más débiles; esto llevaría a la sobreproducción y causaría desperdicios de alimentos”, añadieron desde la Eurocámara.