El Gobierno aprueba el proyecto sobre el desperdicio alimentario que afectará a la hostelería y a los super

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 9 de enero el proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, con el objetivo de reducir el desecho a la basura de alimentos sin consumir y favorecer un mejor aprovechamiento de éstos. Esta ley busca prevenir las pérdidas y el desperdicio de alimentos, con un enfoque en la prevención y la sensibilización de todos los involucrados en la cadena alimentaria, por lo que podría impactar a los autónomos del sector de hostelería y alimentación que tendrán que destinarlos, por ejemplo, a ONG's o ser reciclados.

Esta norma ya había sido aprobada en el Congreso durante la anterior legislatura, pero no pudo completar su proceso en el Senado debido a la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones generales en julio del 2023.

El objetivo de esta ley es promover el uso eficiente de los alimentos, la recuperación y reutilización de subproductos, así como la donación, con el fin de ayudar a satisfacer las necesidades alimentarias de las personas más vulnerables, señalaron desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Ahora, la aprobación de esta medida está sujeta al proceso legislativo en curso. Sin embargo, el Gobierno tiene como objetivo que entre en vigor el 1 de enero de 2025, según mencionó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Los autónomos deberán reutilizar o donar los alimentos que no vendan en sus negocios

En el marco de esta nueva ley, los autónomos hosteleros se enfrentan a una obligación clara: establecer una jerarquía de prioridades para el destino de los alimentos que se descartan en un principio y hoy se convierten en desperdicio alimentario. Es un aspecto esencial, ya que se establece como prioridad máxima que estos alimentos puedan servir para el consumo humano, a través de la donación o redistribución de los alimentos. Para ello, se requiere la firma de acuerdos de colaboración con empresas, entidades sociales u organizaciones sin fines de lucro, así como con bancos de alimentos.

En segundo término, se contempla la posibilidad de transformar los alimentos no vendidos pero aún aptos para el consumo humano. Como por ejemplo, la posibilidad de utilizar las naranjas no vendidas para elaborar zumo de naranja. En caso de que estos alimentos ya no sean adecuados para las personas, se priorizará su uso en la alimentación animal, su transformación en subproductos para otras industrias, o su aprovechamiento para la obtención de compost o biocombustibles.

Otra obligación a cumplir: brindar a los clientes la opción de llevarse alimentos no consumidos en envases reutilizables 

Otra tarea a cumplir que impone la norma es permitir a los consumidores o clientes llevarse los alimentos no consumidos en envases reutilizables o fácilmente reciclables, sin cobrar ningún cargo adicional. Es por eso que esta legislación ya fue denominada popularmente como "la ley del tupper" anteriormente.

Además, los autónomos deben seguir tributando por los envases de plástico de un solo uso, una obligación que ya tienen que cumplir desde el año pasado con Hacienda.

La normativa contra el desperdicio de alimentos incluye disposiciones sobre prácticas beneficiosas, por ejemplo, que los establecimientos comerciales dispongan de líneas de venta de productos considerados “feos”, imperfectos o poco estéticos, tal y como mencionaron desde el Ministerio de Agricultura. También promover el consumo de productos de temporada, de proximidad o ecológicos e incentivar la venta de productos de consumo preferente o de caducidad próxima.

Los autónomos que no cumplan con la nueva ley podrían tener que hacer frente a multas de hasta 500.000 euros

Es crucial para los autónomos hosteleros poder adaptarse a estas nuevas regulaciones, a tenor de las elevadas multas que se contemplan para en casos de incumplimiento. Dependiendo de la gravedad de la falta, las sanciones pueden ser consideradas como leves, graves o muy graves, con cuantías que podrían alcanzar los 500.000 euros.

• Faltas leves: Se considera una infracción leve si no se respeta la prioridad en el uso de alimentos o si los establecimientos no donan los alimentos no vendidos que aún son aptos para el consumo humano. Las multas pueden llegar hasta los 2.000 euros.
• Faltas graves: No contar con un plan de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario se considera una falta grave, con multas que van desde 2.001 hasta 60.000 euros.
• Faltas muy graves: Si se comete una segunda falta grave en un período de dos años, se considera una infracción muy grave. Las multas pueden empezar en 60.001 euros y llegar hasta los 500.000 euros.

Los negocios con más de 1.300 metros cuadrados de local también deberán contar con un plan de prevención

La nueva ley requiere que los autónomos que cuenten con negocios involucrados en la cadena alimentaria tengan un plan para evitar desperdiciar alimentos. Esto significa que las empresas deben realizar un autodiagnóstico de sus procesos productivos, identifiquen áreas donde se producen pérdidas de alimentos e implementen medidas para minimizarlas.

No obstante, cabe señalar que los negocios con una superficie inferior a 1.300 metros cuadrados estarían exentos de la obligación de contar con dicho Plan de Prevención. Esta determinación gubernamental marcaría un cambio significativo para los autónomos cuyo local sí cumpla con las condiciones, ya que de no cumplirlo podrían enfrentar multas que oscilan entre 2.001 y 60.000 euros.

La campaña “Aquí no se tira nada” ofrece cifras de los alimentos que desperdician los españoles

Mediante la campaña “Aquí no se tira nada. Alimentos con siete vidas”, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la marca Alimentos de España, dan visibilidad a la lucha contra el desperdicio alimentario y la promoción de un consumo más responsable. 

Los datos indican que, a cierre de 2021, los españoles tiraron 1.246 millones de kilos/litros de alimentos sin consumir, lo cual corresponde a una media de casi 29 kilos o litros de alimentos desperdiciados por persona al año. Por ello, “esta campaña quiere continuar contribuyendo a la sensibilización de todos los sectores de la sociedad, recuperando el valor de los alimentos que conforman nuestro patrimonio gastronómico y cultural, para mejorar estas cifras y reducir su impacto sobre el medio ambiente” indicaron desde el ministerio.