El Gobierno no ha presentado aún una solución al problema de las cotizaciones de los abogados
Ante las protestas de los abogados y procuradores que aportan a una mutualidad profesional, Seguridad Social habla de un cambio en el sistema para obligarles a cotizar dentro del RETA desde 2027. Sin embargo, CEOE y ATA afirman que ni siquiera se ha llevado aún el asunto a la mesa de negociación.
En las últimas semanas, miles de abogados y procuradores que trabajan por cuenta propia y cotizan a mutualidades, en lugar de al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), han venido reclamando al Gobierno una solución para comenzar a cotizar a la Seguridad Social ante la escasa cuantía de las prestaciones que están recibiendo. En algunos casos, según han informado algunos medios de comunicación, sus pensiones de jubilación no superan los 300 euros.
Ante esta situación, fuentes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) afirmaron a este diario que el Gobierno no ha presentado ninguna propuesta a la mesa de negociación con los agentes sociales, a pesar de que ambas organizaciones han preguntado a la Seguridad Social por esta cuestión.
Por tanto, calificaron las diferentes propuestas sugeridas por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, de “globos sonda”, y pidieron al Gobierno que dialogue con los agentes sociales, especialmente con ATA, sobre este asunto, que afectaría a alrededor de 80.000 abogados y procuradores que trabajan por cuenta propia, y que podrían incorporarse al RETA en los próximos meses.
Fuentes patronales recordaron que esta aceptación no podrá producirse antes de un cambio legislativo que reconozca el derecho de los abogados y procuradores que cotizan en mutualidades de cotizar a la Seguridad Social y, por tanto, poder beneficiarse de las prestaciones y la pensión de jubilación por las que 3,3 millones de autónomos aportan cada mes en sus cuotas.
Los abogados y procuradores piden traspasar sus aportaciones a mutualidades a la Seguridad Social
En los últimos días, miles de abogados y procuradores, que trabajan por cuenta propia, pero cotizan a las mutualidades profesionales, se han manifestado para pedir al Gobierno que traspase estas aportaciones al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). En total, habría alrededor de 80.000 profesionales afectados.
Su propuesta consistiría en una transmisión de los fondos que ya han aportado a las mutualidades profesionales a la Seguridad Social, para que ésta tenga en cuenta estas cantidades como tiempo cotizado. Y, a partir de ese momento, comenzar a cotizar como autónomos a todos los efectos, obteniendo las mismas prestaciones y la pensión de jubilación.
En este sentido, el traspaso de los fondos aportados a mutualidades implicaría reconocer a estos abogados y procuradores los años cotizados a la Seguridad Social proporcionales a las cantidades que hayan abonado. Por ejemplo, si hubieran pagado unos 10.500 euros, esta cifra correspondería a unos tres años de cotización en el RETA.
Tomando este mismo ejemplo, el abogado o procurador debería cotizar otros 12 años como trabajador por cuenta propia -dentro del RETA- para poder acceder a la pensión mínima, que este año asciende a 783,30 euros al mes en 14 pagas, o 10.966,20 euros anuales. Aunque reducida, esta cantidad sería muy superior a la que están recibiendo algunos de los abogados y procuradores que, tras décadas cotizando a su mutualidad profesional, están recibiendo pensiones de 300 euros o menos.
Seguridad Social habla de traspasar las aportaciones de los abogados inscritos antes de 1996
Ante su reclamación, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado varias medidas. Por ejemplo, un cambio legislativo para crear una plataforma que permita a los abogados y procuradores traspasar los fondos de las mutualidades a la Seguridad Social y así contabilizarlas como tiempo cotizado en el RETA.
Sin embargo, Elma Saiz sólo permitirá, a tenor de sus declaraciones, que puedan hacerlo aquellos abogados y procuradores que se inscribieron en la mutualidad antes de 1996. Ello es debido a que, desde ese año, estos profesionales pueden elegir si cotizan a ésta o a la Seguridad Social, mientras que hasta entonces no podían elegirlo. Además, sólo podrán hacerlo aquellos “que se encuentren en situación de vulnerabilidad”, según anunció la ministra.
Fuentes de CEOE y ATA consultadas por este diario explicaron que, a pesar de su propuesta, Seguridad Social no ha llevado a la mesa de negociación la posibilidad de incorporar al RETA a alrededor de 80.000 autónomos que ahora cotizan en mutualidades. Todo, a pesar de que los agentes sociales han preguntado expresamente por esta cuestión.
Por ello, calificaron la idea de Elma Saiz como “un globo sonda”, cuya aprobación requiere de un proceso que podría extenderse durante varios meses. “Una reforma tan estructural debe negociarse, al menos, con las organizaciones de autónomos. No están obligados, pero con la importante afectación que tendría la medida, estaría bien contar con los representantes del colectivo”, afirmaron.
Asimismo, las misma fuentes recordaron que, para que este cambio sea efectivo, debe modificarse la Ley General de Seguridad Social, así como articularse un desarrollo reglamentario. Una cuestión que, valoraron, podría demorarse durante meses o años, por lo que estos abogados y procuradores no tendrán una solución a corto plazo.
Elma Saiz sugiere la afiliación en el RETA obligatoria de los abogados a partir de 2027
En paralelo, otra de las propuestas sugeridas por la ministra -esta vez, mirando al futuro- sería imponer la obligatoriedad de cotizar a la Seguridad Social, dentro del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) a todos los abogados y procuradores que se colegien a partir de 2027 y trabajen por cuenta propia.
De aprobarse esta medida, los abogados y procuradores más jóvenes empezarían a cotizar a la Seguridad Social desde el primer momento en que comiencen su actividad, generando así el derecho a recibir las mismas cuantías en las prestaciones y futuras pensiones de jubilación que el resto de los autónomos.
Todo, no obstante, con la posibilidad de aportar a una mutualidad o a otros fondos de previsión social, como los planes de pensiones de empleo simplificados, para ahorrar una cantidad adicional de cara a su futura jubilación o en caso de sufrir una incapacidad permanente, viudedad o fallecimiento.
Ante esta propuesta, desde la CEOE y ATA afirmaron estar “conociendo los planes del Gobierno a través de los medios de comunicación.” Ante sus preguntas al Ministerio, en el marco de la mesa de negociación de los agentes sociales, “no hay ninguna respuesta”, concluyeron.
