Los autónomos canarios deberán presentar ahora un complejo documento para evaluar las ayudas directas

Los autónomos canarios que recibieron ayudas directas por valor de más 60.000 se enfrentan en junio a un nuevo trámite que les ha “enterrado” en burocracia, tal y como denunciaron la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) y la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias (ATA Canarias) . El Comisionado para la Transparencia de Canarias ha obligado a todos los negocios que fueron beneficiarios de estas ayudas a la solvencia a presentar una auto-evaluación de las mismas. Un complejo trámite que llega justo cuando se produce el cierre del ejercicio fiscal para muchas actividades y que ha generado un “caos” entre los pequeños negocios. Los expertos avisaron de que podría ocurrir lo mismo en otras zonas de España dado que es una obligación estatal.

El Gobierno puso en marcha un paquete de ayudas directas de 7.000 millones de euros para repartir entre los autónomos y pequeños negocios que tuvieran dificultades económicas a causa de la pandemia. Durante 2021 y 2022, las comunidades autónomas se han encargado de repartir este dinero, no sin dificultades. La complejidad para interpretar el Real Decreto Ley 5/2021, que regula las ayudas, habría dificultado su reparto entre los trabajadores por cuenta propia, según ha denunciado en varias ocasiones la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

No obstante, el problema de las ayudas directas para los autónomos canarios no ha acabado y prosigue después de haber recibido y cobrado los importes. A finales del pasado mayo, el Comisionado para la Transparencia de Canarias envío cartas a los autónomos y empresas que hubieran recibido ayudas directas a la solvencia por valor de de 60.000 euros, en las misivas se les informa de la obligación de presentar una auto-evaluación de las ayudas antes del próximo 30 de junio.

La exigencia de la auto-evaluación

De esta forma, todos los autónomos o negocios canarios que hubieran sido beneficiarios del paquete de ayudas a la solvencia y que hubieran recibido importes de más de 60.000 euros se encuentran actualmente inmersos en una espiral de burocracia, dado que a muchas actividades les ha coincidido con el cierre del ejercicio fiscal.

Así lo confirmaron desde el departamento de Consultoría de la asesoría de empresas situada en Tenerife, Gómez Asesores. Su consultoría Ana Vilar, comprende el “caos” que ha surgido entre los pequeños negocios por la nueva obligación del Comisionado: “los empresarios están asustados que desconocían y sobre la que no terminan de tener claro qué implicaciones puede tener para sus negocios” dijo.

Para esta experta, la presentación de una auto-evaluación de una ayuda pública no es una obligación nueva y es, de hecho, un proceso al que está acostumbrada a realizar. Pero Vilar entiende el reciente revuelo que se ha generado. “En general, todas las ayudas públicas que se reciben, si superan los 60.000 euros, deben cumplir con este trámite burocrático. Es una obligación que deriva de una normativa europea. El problema es que este año se ha incrementado exponencialmente el número de autónomos y pequeños negocios que se han visto obligados a realizarla a raíz de las subvenciones que recibieron tanto del Gobierno canario como del nacional para amortiguar los efectos de la pandemia” dijo Vilar.

Según contó la responsable de consultoría de Gómez Asesores, cuando un autónomo o negocio recibe una subvención pública por un valor superior o igual a 60.000 euros, la Ley de Transparencia  exige el cumplimiento de determinadas obligaciones en dicha materia. "Básicamente a lo que obliga la normativa es a realizar una evaluación del cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia debido a la ayuda recibida, a través de una herramienta creada por el Comisionado de Transparencia para ello. Nosotros, como expertos en ayudas públicas, ya conocíamos esta obligación y la hemos gestionado para nuestros clientes desde que se comenzó a exigir a las empresas privadas en 2020. El problema es que la mayoría de los empresarios y autónomos que han solicitado las ayudas por la pandemia desconocían esta obligación, así que ahora se han visto sorprendidos y bastante desorientados sobre qué deben hacer, cómo hacerlo y cuáles son las consecuencias que podría tener no presentar esta evaluación" dijo Ana Vilar."

Una trámite que llega en el peor momento

La presentación de una auto-evaluación es una medida que no ha sido muy bien recibida por las asociaciones empresariales. Tanto la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), como la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias (ATA Canarias) criticaron la medida asegurando que esta suponía una “excesiva burocracia" para los pequeños negocios.

El presidente de ATA-Canarias, Juan Carlos Arricivita, explicó que fueron muchos los trabajadores por cuenta propia los que solicitaron las ayudas directas a la solvencia: “lo hicieron para poder recuperarse económicamente de la pandemia y no para ahora verse enterrados en una carga de trabajo laboral”.

Arricivita señaló que el problema de la obligación es que coincide con el cierre fiscal de muchas actividades, especialmente de aquellas que tienen más de diez empleados, y se están “ahogando en papeleo. Los autónomos están hasta arriba y sus asesorías y gestorías desbordadas con el trabajo”.

La revisión de las ayudas directas es una obligación a nivel nacional

La responsable de consultoría de Gómez Asesores, Ana Vilar, admitió que no tiene constancia de que se esté exigiendo este trámite en otras comunidades autónomas, sin embargo señaló que se trata de una obligación nacional y que es probable que en un futuro se pueda exigir a los autónomos, de otras autonomías, que hubieran recibido más de 60.000 a través de las ayudas directas a la insolvencia

Independiente de ello, lo que está claro es que los autónomos pueden sufrir comprobaciones por alguna de las ayudas cobradas durante la pandemia, incluidas las ayudas directas. El abogado laboralista de la gestoría Barcons, Jaume Barcos, explicaba a este diario en otro artículo que “ya se están solicitando a los autónomos que cobraron las ayudas directas que acrediten mediante facturas a qué están destinando exactamente el dinero de las subvenciones recibidas".

Todo este proceso de comprobación está recogido en el artículo 4 del Real Decreto Ley 5/2021, por el que se regula la concesión de las ayudas directas. Éste recoge la realización de revisiones y advierte de que pueden conllevar riesgo de devolución: "la empresa beneficiaria de estas ayudas deberá justificar ante el órgano concedente el mantenimiento de la actividad que da derecho a las ayudas a 30 de junio de 2022. En caso contrario, procederá el reintegro de las ayudas percibidas", recoge la normativa.