Siete de cada diez facturas en España se pagan tarde y la mora pendiente asciende a 241.000 millones de euros

En España, siete de cada diez facturas que se emiten se pagan tarde, es decir, por encima del plazo establecido en la Ley de Morosidad que empresas y administraciones incumplen. Y la mora acumulada por este retraso ascendía a más de 241.577 millones de euros sólo en el primer trimestre de 2021. Esto son algunos de los datos más novedosos que se pueden encontrar en el Observatorio de la Morosidad. Una herramienta creada recientemente por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) y con la que pretende denunciar cómo repercute la morosidad en los autónomos y pequeños negocios.

Para ello, el Observatorio analiza diferentes áreas de la morosidad entre las que destaca su impacto en el ámbito financiero. En el último análisis, referente al primer trimestre de 2021, se puede ver que el total de la deuda comercial en España ascendía a 351.610 millones de euros -adeudos de las administraciones y empresas-, un tercio de todo el PIB español. Este es el importe total de las facturas que se intercambian en España. De las cuales, 241.577 millones de euros tienen demora en su pago más allá del periodo que establece la ley, 30 días para las administraciones públicas y 60 días para las empresas privadas. Es decir, estaban pendientes de cobrar.

En total, y según confirmó el responsable de economía aplicada de la consultoría fiscal AFI -entidad colaboradora en la creación del Observatorio de CEPYME-, Juan Sosa, ese alto importe de deuda comercial genera intereses de demora y significa que el 68,7% de los acuerdos comerciales que se producen en España se abonan fuera de tiempo. O, lo que es lo mismo, que siete de cada diez facturas que se emitieron en el primer trimestre del año se pagaron tarde.

1.300 millones de euros perdidos por la morosidad

Para Sosa se trata de una situación que no sólo perjudica al tejido empresarial, desde autónomos hasta grandes empresas, sino que impide su evolución y crecimiento. “Uno de los análisis más interesantes que hemos hecho dentro de este coste financiero es calcular qué beneficios se obtendrían si todo ese dinero que se está reteniendo, por no pagar a tiempo a los negocios, se metiera en una póliza de inversión con un interés del 3%. Y nos sale que éste hubiera ascendido a casi 1.300 millones de euros” dijo el experto. Que apuntó que se trata de una cantidad importante de dinero, que podría estar destinándose a inversión y que, si embargo, se está perdiendo. 

Al margen del perjuicio financiero, está el hecho de que los autónomos que no cobran a tiempo sus facturas carecen de liquidez lo que acelera la mortandad de muchos negocios. Estimaciones de ATA apuntan a que una de cada cuatro autónomos que se ven abocados a cerrar es por culpa de la morosidad. 

No obstante, el responsable de economía de AFI señaló que pese al mal dato, el importe de deuda comercial con retraso en el primer trimestre de 2021 no había sido tan alto como en otros ejercicios. En el segundo trimestre de 2018 llegó a los 289.210 millones de euros (la más alta de la serie histórica). “Se debe a que la deuda comercial se ha visto frenada en parte por los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo), que permitieron a las empresas reducir parte de sus costes, y los avales públicos concedidos por el ICO” dijo Sosa.

Un indicador de la morosidad

El objetivo del Observatorio de la Morosidad de CEPYME, que recopila datos de hasta 2010 en adelante, es medir su evolución y su afectación en la actividad de las empresas. Según informan en un comunicado, se trata de una variable especialmente interesante de cara a los próximos meses, en los que prevén un fuerte repunte de los retrasos en los pagos a consecuencia de la pandemia. Quieren, por tanto, que los datos recopilados contribuyan “a adoptar las propuestas más adecuadas para combatir esta mala práctica comercial y evitar los daños que la misma ocasiona a las pymes”.

Ello se hará a través de lo que han denominado como Indicador Sintético de Morosidad Empresarial (ISME). “Es una variable de lo que entendemos nosotros que es la morosidad. Que es, por un lado, el porcentaje de facturas que han sobrepasado el periodo medio de pago establecido en el contrato. Y, por otro lado, el periodo medio de pago es decir, cuánto tiempo se tarda de media en abonar las facturas” comentó Sosa. A través de una media ponderada de ambos indicadores son capaces de calcular los niveles de morosidad de los últimos 11 años.

El ISME más alto se alcanzó en 2010, ya que fue uno de los periodos más altos de morosidad de los últimos 20 años. “2010 es el año de comparación y si se observa con respecto al último dato disponible, que es el primer trimestre de 2021, el ISME actual es de 94,86. Está casi cinco puntos por debajo del nivel de 2010. Lo que significa que hay menos morosidad que en 2010, pero aún así es una cifra alta” comentó el experto, Juan Sosa.

En la gráfica del ISME se puede observar una fuerte caída en 2013. Concretamente, en su segundo trimestre cuando se alcanzó el rango más bajo de esta variable de toda la serie: 91,27. “En 2013 bajó la morosidad porque cayó la facturación y las facturas más propensas a entrar en morosidad no se emitieron porque la empresa cerró” dijo Sosa. De ahí, que consideren tan interesante la evolución del ISME para prever lo que puede llegar a ocurrir en los próximos meses.

"Es precisamente esto lo que estamos observando. Creemos que la tasa de morosidad es un indicador muy viable para ver cómo se encuentra la salud de las empresas”. Y añadió que “si la morosidad repuntase muy fuerte en los próximos meses, eso significaría que el mercado no tiene la liquidez suficiente y que los negocios no pueden cumplir con los periodos de pago. Y en ese caso podríamos encontrarnos ante un escenario muy parecido a lo que asistimos en 2013”.

La morosidad tanto en el sector privad como público Análisis de la morosidad

Por último, el Observatorio de la Morosidad de CEPYME también analiza los periodos medios de pago (PMP) tanto en el sector privado (proporcionados por la compañía CESCE), como en el sector público (en base a los datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública).

En cuanto al sector privado, sobresale que la mayoría de las empresas - grandes, medianas, pequeñas y micro-  tardan en pagar más de los 60 días que establece la Ley de Morosidad. Siendo las medianas, con 84 días de media, las peores pagadoras con 24 días por encima de lo que marca la norma. Seguidas de pequeñas (81,3 días de medias) y micro (75,8 días de media). Por último, están las grandes, que son las que mejor pagan, pero aún por encima de lo que marca la norma: 73,4 días de media (13,4 días por encima de la ley).  

Se trata de un comportamiento que sobresale ya que rompe con la tendencia de los últimos años, en el que autónomos y pequeños negocios eran los que pagaban más a tiempo sus facturas. “Al no tener la posibilidad de cruzar los datos por sectores y tamaños, hay situaciones que disparan las medias. Esto hace que las empresas grandes, que son tradicionalmente peores pagadores, salgan beneficiadas debido al incremento de morosidad en determinados sectores. Además, que estas entidades tienen más facilidades para acceder a financiación" explicó Juan Sosa.

En cuanto a nivel público, cabe destacar que han bajado los niveles de PMP en los últimos meses. "Si bien es cierto que hay una tendencia a la baja en la Administración, la realidad es que todavía quedan muchas cosas por hacer. Especialmente a nivel local, donde nos encontramos con ayuntamientos que pueden llegar a abonar sus facturas a más de 300 días" finalizó Sosa.