El Gobierno quiere sufragar los futuros ERTE permanentes con las cotizaciones de autónomos, empresas y empleados
El Gobierno lleva meses insistiendo en que los ERTE han llegado para quedarse. Independientemente de la prórroga que está negociando actualmente el Ministerio de Trabajo con los empresarios y sindicatos para extender este mecanismo extraordinarios más allá del 31 de mayo, el Ejecutivo también está ultimando la fórmula para poner en marcha una herramienta que sustituya a los expedientes a raíz del COVID-19 en un futuro próximo.
De momento, los agentes sociales ya habrían llegado a un acuerdo para alargar los ERTEs por causas de la pandemia hasta el 30 de septiembre. Ahora bien, tarde o temprano, esta modalidad de expediente extraordinario que cubre a empresarios y empleados será sustituida por un mecanismo "permanente, centrado en la formación y recualificación de los trabajadores", y que también exoneraría -aún no se sabe en qué medida- a los empresarios de parte de sus obligaciones salariales y de cotización.
Así consta en el componente 23 del Plan de Recuperación que envió recientemente el Gobierno a Bruselas para que dé el visto bueno a sus propuestas. En este apartado, dedicado a las 'Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo'. se prevé avanzar hacia un mecanismo de ERTE permanente, "sobre la base de la experiencia con dicho instrumento, hasta ahora muy poco utilizado en España".
Y una de las novedades que traerá consigo la nueva herramienta estructural es que, a diferencia de la actual, se financiará con un fondo tripartito, nutrido con las aportaciones de la Administración, junto con las de los negocios y los empleados. Concretamente, la reforma 6 del componente 23 del plan enviado a Bruselas dice que "es preciso crear un instrumento de financiación permanente, que se debe financiar con aportaciones de empresas, trabajadores y Estado, que proporcione los recursos necesarios para la remuneración y formación de los trabajadores, en especial en fases recesivas graves que se puedan producir en el futuro".
Costes compartidos entre Administración, negocios y trabajadores
El Gobierno es consciente de que, tras un año de pandemia, los fondos con los que cuenta son limitados. Por ello, en su propuesta enviada a Bruselas pre-define las futuras vías de financiación de estos expedientes permanentes, que se mantendrán más allá de la crisis del coronavirus. Todo ello, a expensas de la negociación de su contenido, que se abordará con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el marco del Diálogo Social, "buscando el mayor nivel de consenso sobre estos cambios normativos", según apunta el documento.
Si bien todavía no se sabe si subirían las aportaciones de los empleadores y trabajadores a la Seguridad Social para sufragar esta herramienta o si la herramienta sólo se nutriría de "excedentes", como asegura el texto, lo que parece estar claro es que los fondos vendrán en su mayor parte de las cotizaciones por desempleo.
Así, el documento explica que, "las prestaciones que perciben las personas en un ERTE son prestaciones
por desempleo y, por lo tanto, están dentro del sistema de protección que depende del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y tienen como fuente fundamental de financiación las cotizaciones por desempleo a cargo de empresas y trabajadores afiliados al Régimen General de la Seguridad Social".
Habitualmente, "el tipo de cotización para el desempleo", es del 7,05%. Estas aportaciones vienen, tanto de la empresa, que asume el 5,5%, como de los trabajadores que aportan el 1,55%".
Un fondo para complementar el desempleo
No obstante, matiza el texto, en momentos de crisis económicas, los ingresos por cotizaciones sociales disminuyen, al haber menos personas trabajando y los gastos por prestaciones son mayores. Para garantizar la financiación del nuevo mecanismo de regulación temporal de empleo ante caídas transitorias o cíclicas en la actividad, se establecerá un Fondo que permita destinar del excedente de las cotizaciones sociales por desempleo a financiar los déficits en las fases recesivas, cuando caen los ingresos y aumenta el gasto.
En definitiva, se trata de disponer de recursos cuando una situación de crisis económica obligue a las empresas a aplicar estos mecanismos de flexibilidad interna. El mecanismo tripartito se nutrirá, entre otras posibles contribuciones, del exceso de cotizaciones sociales que realizan las empresas y las personas trabajadoras y de la aportación del Estado al presupuesto del SEPE en la medida que sea necesario, de acuerdo con el diseño final que se haga del instrumento.
Además de esta aportación al SEPE para el pago de prestaciones, el Estado también puede participar mediante las exenciones en las cotizaciones sociales de las empresas, tal y como se ha hecho en la crisis actual. Así mismo, al principio, y con el fin de reforzar el impacto de esta herramienta, "se prevé recurrir a los créditos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para financiar la contribución adicional correspondiente al Estado", apunta el plan.
Un ERTE similar al alemán: con formación y gastos compartidos
Desde mediados del año pasado, expertos de diversas áreas han venido alertando de que la concepción de los expedientes como un mecanismo coyuntural para congelar el empleo fue acertada en los peores meses de la crisis pero, a la larga, corre el riesgo de generar una cascada de despidos y EREs.
Por ello, la idea del Gobierno es crear un ERTE 'estructural' y no "coyuntural", como hasta ahora, "que sea similar al modelo alemán, que permite el transvase de trabajadores entre negocios y donde, además, los empleados tienen la oportunidad de formarse y recualificarse para adaptarse a la demanda actual", explicó a este diario Roberto Pereira, presidente del Registro de Economistas Asesores Laborales (EAL) del Consejo General de Economistas (CGE).
Concretamente, el Gobierno tiene la vista puesta en el modelo 'Kurzarbeit', una modalidad de jornada reducida en la que el Estado paga temporalmente hasta dos tercios del salario al trabajador y ofrece formación para reincorporarle al mercado laboral e impedir despidos masivos.
En este modelo -el alemán-, como mínimo la empresa debe solicitar un 10 % de reducción de jornada para al menos un 30 % de la plantilla, pero puede llegar a pedir un reducción del 100 %. Y renovar su petición con frecuencia, cada pocos meses, hasta un período total de un año.
Un modelo flexible, permanente y que ofrezca formación a los empleados
Para explicar de forma gráfica el funcionamiento de este futuro expediente, el presidente de EAL del Consejo General de Economistas puso el ejemplo de un acordeón: "este ERTE sería similar, se estiraría y encogería en función de la demanda de la empresa. Si el negocio recupera la demanda y necesita una plantilla más extensa de trabajadores podría recuperar a su empleado y si necesita un ajuste, se reduciría la jornada del trabajador y, además, se le formaría durante el tiempo que no está trabajando para poder aumentar sus capacidades y sus posibilidades de reincorporación al mercado", comentó Pereira.
Al parecer, la formación sería la clave de este nuevo modelo, ya que los negocios se van a tener que adaptar pronto, cuando termine la crisis y comience la recuperación, a una realidad diferente y transitoria. Habrá empresas y sectores con mayor necesidad de apoyo porque los patrones de demanda ya no serán los mismos.
Si bien el Gobierno todavía no ha precisado ninguna de las condiciones que podrían tener estos nuevos expedientes, cabe recordar que el modelo alemán al que pretenden asemejarse los nuevos ERTE requiere, entre otras cosas, que la empresa que se acoja demuestre tener unos determinados beneficios en el año previo.
Así mismo, cabe recordar que este ERTE estructural se ha enviado a Bruselas para su aprobación y podría financiarse en un primer momento con los fondos europeos. No sería por tanto de extrañar, que uno de los requisitos que impusiera el Gobierno para acceder a este mecanismo fuera que el negocio demuestre ser viable, al igual que sucederá con las futuras ayudas directas.
