Martes. 25.06.2019

AMENAZA LA VIABILIDAD DEL 30% DE AUTÓNOMOS Y PYMES

Uno de cada cinco morosos reconoce que el retraso en el pago es intencionado

Uno de cada cinco morosos reconoce que el retraso en el pago es intencionado

La morosidad sigue siendo una lacra que amenaza la viabilidad del 30% de los negocios en España e impide a un 16% que contraten empleados, según un informe elaborado por la compañía de crédito Intrum. Una de cada cinco empesas morosas reconoce que el retraso en pagar sus facturas "es intencionado".

Uno de cada cinco morosos reconoce que el retraso en el pago es intencionado

No recibir los pagos a tiempo se ha convertido en una constante en el día de los trabajadores autónomos, hasta el punto de que uno de cada cuatro negocios que cierra lo hace por morosidad. No pagar a tiempo tiene graves consecuencias para todas las empresas, pero en especial para las más pequeñas. Entre ellas destaca que no puedan crear nuevos puestos de trabajo.

Así lo confirma un informe de la compañía de crédito Intrum, que revela que el 16% de los pequeños y medianos negocios españoles contrataría a más personas si cobrase antes sus deudas. Según explica la compañía en el documento, la morosidad hace que los negocios no puedan “predecir los flujos de caja que es una de las claves para cualquier negocio, ya que la estabilidad financiera constituye la base del crecimiento”. Esta falta de previsión de ingresos les impide conocer si van a tener la liquidez suficiente para pagar los salarios periódicamente y cumplir con las obligaciones fiscales que conlleva tener personal.

Se trata de una situación que se repite también en las compañías europeas. “El porcentaje de pymes en España que contrataría a más personas si cobrase antes sus deudas está cuatro puntos por debajo del promedio europeo, que es del 20%” reveló Alejandro Zurbano, director general regional de Intrum en España y Latinaomérica. Y es que los retrasos en los pagos se han convertido en un problema para todo el tejido empresarial, “que puede afectar por igual a empresas de todos los tamaños, aunque las pymes son las que sufren directamente las consecuencias de los plazos de pago muy largos, con la vulnerabilidad que ello conlleva”.

 “La morosidad no solo pone freno a la creación de empleo, también es un detonante del cierre de negocio” afirmó Zurbano. “De hecho, el estudio también refleja que la morosidad amenaza la viabilidad del 30% de los pequeños negocios, lo que hace que sea importante concienciar a las empresas de la necesidad de protegerse de los impagos”.

No estar protegido y no aplicar barreras de protección contra el cliente moroso es “uno de los grandes problemas de las compañías españolas, dado que no se protegen frente a las facturas no pagadas. Concretamente, el 56% de las empresas españolas no aplica las medidas habituales para protegerse de los impagos, lo que puede desembocar en cerrar su negocio” incidió el director general de Intrum.

¿Quién no paga y por qué? Muchos porque les viene mejor

El informe de Intrum también revela quiénes son los morosos. Y señala a las grandes multinacionales (el 68%) como las entidades que más solicitan ampliar los plazos de pago, seguidas de pymes (41%) y sector público (23%). En cuanto a las razones que dan los morosos para no pagar en tiempo sus facturas “es la dificultad financiera (38%)”. Otra de las razones de la morosidad que revela el informe, “y que llama la atención, es que una de cada cinco compañías (el 21% de las 9.600 empresas de los 29 países europeos encuestados) afirma que ese retraso de los pagos sea intencionado” afirma Zurbano.

En este sentido, Zurbano explicó que la razón por la que las multinacionales y grandes empresas alargan tanto los plazos de pago se debe “al volumen de negocio de las mismas, sumado a su picaresca hace que muchas compañías allanen su financiación, en parte, gracias a sus proveedores, que en su mayoría son empresas de menos de 250 trabajadores. Un dato que confirma esta teoría es que el 68% de las pequeños y medianos negocios afirma que son las multinacionales las que alargan más sus plazos de cobro, dada su mayor capacidad negociadora y solo un 23% apunta al sector público”.

El informe de morosidad de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) también identifica a las grandes empresas, de más de 1.000 trabajadores, y a las administraciones locales como las peores pagadoras, ya que incumplen la Ley de morosidad que fija un plazo máximo de 60 días para abonar facturas por entrega de mercancías o prestación de servicios, y el plazo medio de pago de éstas está en 70 días. 

Esta falta de pago a tiempo “podría solucionarse en gran parte con medidas enfocadas a lograr un compromiso por parte de las empresas, con el cumplimiento de los plazos y avanzar juntos hacia una economía sólida y sostenible”. Según explica el director general para España y Latinoamérica de Intrum, el régimen sancionador de la Ley de Morosidad es una medida, “aunque no suficiente para la resolución del problema”. Razón por la que apuestan y animan a que “la gestión de los pagos tenga más peso en la agenda empresarial y sea parte importante de los esfuerzos de la sostenibilidad de las empresas modernas, pues se trata de un proceso que debe iniciarse incluso antes de comenzar la venta, pues una venta no es tal hasta que no se ha realizado el pago y muchos no llegan a término”.

Uno de cada cinco morosos reconoce que el retraso en el pago es intencionado