miércoles. 21.10.2020

CONTINÚAN LAS NEGOCIACIONES Y TODAVÍA HAY DISCREPANCIAS

Si el Gobierno no prorroga los ERTE se perderían más de 200.000 negocios

Si el Gobierno no prorroga los ERTE se perderían más de 200.000 negocios

El Gobierno y los agentes sociales llevan semanas reuniéndose para prorrogar los ERTEs más allá del 30 de junio. A falta de unos días para que termine esta medida, todavía no se ha sacado nada en claro. Las posiciones se acercan poco a poco pero aún no hay acuerdo y se podrían perder más de 200.000 negocios y 500.000 empleos.

Si el Gobierno no prorroga los ERTE se perderían más de 200.000 negocios

Durante las últimas semanas, el Gobierno y los agentes sociales se han reunido en varias ocasiones para negociar la extensión de los ERTEs (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) más allá del 30 de junio. A pesar de ello, todos los encuentros mantenidos hasta la fecha han acabado de la misma forma: sin un acuerdo sobre la mesa.

A falta de unos días para que termine oficialmente la medida, el Gobierno no ha llegado a un punto de encuentro con las asociaciones representativas de autónomos y empresarios. Y esto pone en peligro a más de 500.000 empleos y 200.000 negocios que dependen de estos expedientes por causas de fuerza mayor y de las ventajas que incluyen, tanto para los empleadores como para los trabajadores, según advirtió el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor,  durante su intervención en la Cumbre Empresarial organizada por la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales). A su juicio, la única manera de proteger a estos negocios y a sus trabajadores para evitar cierres y despidos es prorrogar de forma automática los ERTEs hasta el 31 de diciembre.

La extensión de los ERTEs por causas de fuerza mayor más allá del 30 de junio es una opción que desde el principio barajó el Gobierno. La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, al desvincular la medida del Estado de Alarma, ya anunció que la aplicación de estos expedientes sería posible más allá del 30 de junio, pero sólo para los sectores más afectados por la crisis. Razón ésta última por la que creó una comisión tripartita, compuesta por Gobierno, sectores y agentes sociales, a través de la cuál se decidiría cuáles son las actividades que van a poder seguir optando a la ayudas a partir de julio, en el caso de que acaben prolongándose.

Asimismo, Díaz también aseguró durante su comparecencia en la la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica en el Congreso que el Gobierno ha hecho un esfuerzo enorme al flexibilizar los ERTEs, evitando con ello la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo, “para ahora dejarlo caer”. Y encomendó la labor de llegar un acuerdo a la Comisión Tripartita.

Discrepancias en la exoneración de cotizaciones

Sin embargo, y a pesar de las intenciones del Ejecutivo de prolongar los expedientes, la negociación con la patronal CEOE, los sindicatos y  organizaciones representativas de varios sectores no obtuvo, hasta la fecha, los resultados esperados. Al parecer, la clave de la negociación y lo que está generando discrepancias entre todas las partes es el pago de las cotizaciones sociales. Concretamente quién debe asumirlas, si el empleador o la Seguridad Social.

Cabe recordar que prácticamente la única ventaja que presentan los ERTEs por causa de fuerza mayor respecto a los demás es precisamente ésta: que el empleador puede aliviar sus cargas sociales y dejar de pagar las cotizaciones de sus trabajadores mientras éstos estén en el ERTE.

Así, mientras que, por un lado, los agentes sociales son partidarios de que se mantengan las bonificaciones y exenciones de estas cotizaciones a la Seguridad Social de los empleadores, el Gobierno ve el coste demasiado alto como para que tenga que soportarlo al completo el Estado.

Al parecer, ésta fue una de las principales razones por las que el Ministerio de Trabajo rechazó la primera propuesta de los agentes sociales de extender los ERTEs automáticamente hasta septiembre y luego negociar su modificación hasta diciembre.

Según las previsiones del Informe sobre la Actualización del Programa de Estabilidad 2020–2021 de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), los ERTEs habrían costado al Estado un total de 21.414 millones de euros, de los que 15.211 millones corresponderían a  la prestación por desempleo que reciben los trabajadores en ERTE, y 6.203 millones de euros al pago de la exoneración de las previsiones. Eso sí, cabe señalar que el escenario sobre el que la Airef hizo sus previsiones contaba con que el Estado de Alarma terminase el 15 de mayo y no el 22 de junio, por lo que el coste de los ERTEs para el Estado, con casi total probabilidad, sería aún mayor.

Las posiciones se acercan poco a poco

No obstante, y a pesar de ello, las posiciones entre agentes sociales y Ministerio parecen haberse acercado en los últimos días. La reunión celebrada este lunes acabó con una propuesta que, si bien no es la definitiva, sí que tuvo una acogida positiva por ambas partes.

Ésta contempla una extensión de los ERTE, pero eliminando aquellos que son originados por causa de fuerza mayor – y que suponen una exoneración del 100% de los costes sociales a la empresa – y, a cambio, mejorarían las condiciones de los ERTEs por causa económica, técnica, organizativas o de producción; los llamados ETOP. Esto significa que se incrementaría el porcentaje de bonificación y exoneración de los costes sociales de los negocios en este tipo de ERTE. 

Según publicó El Confidencial,  "el Gobierno quiere mantener sólo los ERTE de fuerza mayor parcial, ya que argumenta que no existen restricciones a la actividad en la nueva normalidad que impidan la reapertura". El resto de actividades pasarían a encontrarse en un ETOP y "las empresas de menos de 50 trabajadores tendrían un ahorro de cotizaciones del 65% para los trabajadores reincorporados y del 40% para los que sigan afectados por el expediente. Y las empresas de mayor tamaño tendrán una exoneración del 45% en las cuotas de los trabajadores que se reincorporen y del 30% para quienes se mantengan en el ERTE".

Cabe recordar que, en estos momentos, hay tres tipos de ERTE: dos son por causa de fuerza mayor y el otro es por ETOP.

  1. ERTE por causa de fuerza mayor total: en el se encuentra las empresas que hasta el momento no han podido reiniciar la actividad. Éstas disfrutan de una exoneración del 100% de las cotizaciones si el negocio tiene menos de 50 trabajadores y el 75% para las de más; como ocurría hasta ahora.
  2. ERTE por causa fuerza mayor parcial: con exenciones desde el 30% al 85% en función de las circunstancias de cada negocio, primando la reducción de jornada sobre el mantenimiento de la suspensión.
  3. ETOP o ERTE por causa económica, técnica, organizativas o de producción: con exenciones de hasta el 85% en el pago de la cuota sociales para los negocios que reactiven su actividad en mayo; y del 70% para las que lo hagan en junio. Si tienen más de 50 trabajadores, las reducciones descienden hasta 60% y del 45% en mayo y junio, respectivamente.

Según los últimos datos de Seguridad Social (a 18 de junio),  todavía hay más de 2 millones de personas que en ERTE por causa de fuerza mayor y 310.000 en ETOP.

Quedan pocos días para llegar a un acuerdo

Los expedientes tal y como los conocemos tienen marcada como fecha límite el 30 de junio. Se trata de un medida que el tejido productivo reclama con casi total unanimidad. Sin ellos, las asociaciones representativas coinciden en que los negocios no podrán recuperar el nivel de empleo que tenían en el mes de febrero.

De hecho, y según expuso el III Barómetro de ATA, el 54,1% de los trabajadores autónomos que solicitaron un ERTE todavía no ha dado de alta a ningún trabajador. De ellos, un 28,7% tiene previsto mantener a todos sus empleados en ERTE, mientras que un 25,4% tiene serias dudas de que su economía le permita volver a dar de alta a algún trabajador.

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, se reunió este lunes con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para negociar también la prórroga del cese de actividad extraordinario, que también finaliza el próximo 30 de junio.

En el encuentro Amor pidió que el Gobierno  no esperase hasta el 30 de junio para decidir qué va a pasar tanto con la prolongación del cese de actividad extraordinario, como la extensión de los ERTES. Su objetivo es que sea el próximo viernes 26 de junio, durante el Consejo de Ministros extraordinario, cuando el Gobierno tome una decisión sobre el futuro de estas medidas.

Si el Gobierno no prorroga los ERTE se perderían más de 200.000 negocios