Guipúzcoa deberá empezar a devolver el dinero de sus peajes "ilegales" a más de un millar de transportistas

La “cruzada” entre los transportistas y la Diputación Foral de Guipúzcoa parece no tener fin. En enero de 2018, se estableció un nuevo peaje para los camiones de más de 3,5 toneladas que circulasen por la N-1 y la A-15. Tras la intervención de las organizaciones nacionales de transporte, el caso llegó tanto al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, como al Tribunal Supremo, cuyas sentencias declararon dichos peajes como “ilegales”. No obstante, los peajes siguieron activos hasta finales de 2021. Tras casi cuatro años afrontando el pago de los mismos, los transportistas afectados empezarán a cobrar el dinero recaudado. 

Sin embargo, la Diputación Foral de Guipúzcoa lleva meses trabajando en una nueva Norma Foral, que implica ampliar el peaje a la totalidad de la N-1 y la A-15 en la provincia y triplicar el importe del peaje en comparación con lo que se venía pagando por el mismo hasta octubre de 2021. Ambos peajes se reactivarán el próximo lunes 23 de enero, pese a la negativa de las organizaciones de transportes.

“Los representantes de los transportistas vizcaínos han trasladado en reiteradas ocasiones a los responsables políticos e institucionales forales su rotunda negativa a los peajes, que contribuyen a agravar la situación de las empresas y los autónomos y se suman a otros graves problemas, como la escalada del precio del combustible. Por ello, consideran prioritario que los poderes públicos apoyen a un sector considerado “esencial”, especialmente en situaciones de crisis como la que atravesamos”, declararon desde la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer).

En enero de 2018 Guipúzcoa puso en marcha un nuevo peaje para los transportistas

A finales de 2016, el Pleno de las Juntas Generales de Guipúzcoa acordó aprobar la Norma Foral por la que se establecía un nuevo peaje para los camiones de más de 3,5 toneladas que circulasen por las carreteras guipuzcoanas. Dicho gravamen recaudatorio empezó a aplicarse en enero de 2018, tanto en la N-1 (carretera de Madrid a Irún) como en la A-15 (Autovía de Navarra a Guipúzcoa). Desde la Diputación Foral declararon que tenían “la competencia plena” en materia de infraestructuras viarias, incluida la de implantar gravámenes, cánones o peajes en sus carreteras.

Entre las razones que dieron en su momento desde la Diputación Foral para imponer estos nuevos peajes se encontraba la de “afrontar las ingentes inversiones” en sus vías y en su mantenimiento. 

Ya en su momento, dicha medida contó con la oposición frontal de la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer), por considerar que afectaría “de forma muy negativa” a la competitividad de las exportaciones españolas a la Unión Europea, y porque “vulneraba la normativa estatal sobre traspaso de competencia en materia de carreteras, al romper la unidad de mercado con el resto del territorio español”. 

Cabe destacar que las carreteras guipuzcoanas son utilizadas “de forma importante” por los transportistas españoles en su tránsito hacia Europa, estimándose en más de 7.000 camiones diarios los que transitan por dichas vías. Asimismo, desde la Federación denunciaron que, por su posición geográfica “privilegiada”, Guipúzcoa “ya recaudaba ingentes cantidades vía tributos procedentes del impuesto de hidrocarburos”, algo que supone en torno a 300 millones de euros anuales. 

Cuando la noticia salió a la luz, las organizaciones de transportistas que integran el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), acordaron en la reunión celebrada en el Ministerio de Fomento, “plantear las acciones judiciales que fueran necesarias para intentar anular la norma foral y, asimismo, consensuar las medidas de fuerza de rechazo a la misma”. 

El Tribunal Superior de Justicia declaró ilegales estos peajes

En abril de 2018, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declaró ilegales los peajes a camiones en la N-1 y A-15, puestos en marcha en enero por la Diputación Foral. Pese a haber sido declarados ilegales “por su carácter discriminatorio”, la Diputación decidió mantenerlos vigentes hasta que el Tribunal Supremo resolviese el recurso de casación interpuesto tanto por el propio Gobierno provincial como por las Juntas Generales de Guipúzcoa. 

Según explicaron desde Fenadismer, el objetivo era “mantener los ingresos millonarios que mensualmente se recaudaban de los transportistas, aún con el riesgo de tener que devolverlo en caso de que el Tribunal Supremo finalmente ratificase la nulidad del peaje”. 

La Diputación de Guipúzcoa promovió entonces un proyecto de modificación de la regulación del peaje, que tramitó por vía urgente. Según Fenadismer, esto se hizo con el fin de “garantizar que en el caso de que el fallo fuera finalmente desestimatorio a sus intereses, pudieran mantener la pervivencia del sistema de cobro a los transportistas”. En esta nueva reforma exprés, que fue publicada en el Boletín Oficial de Guipúzcoa en noviembre de 2018, se establecían dos nuevos pórticos de control de pago del peaje, en Astigarraga y Andoaín, y se ampliaba el tramo sujeto al canon, “para tratar de esta forma de camuflar el carácter discriminatorio de la regulación del peaje”. 

Ante esto, las organizaciones nacionales de transportistas mantuvieron una reunión para “llevar a cabo todas las actuaciones administrativas y judiciales, tanto a nivel nacional como europeo, para tratar de impedir la entrada en vigor de la nueva reforma de los peajes”. 

Los peajes siguieron en marcha pese a la resolución del Tribunal Superior

Durante los dos años siguientes a la puesta en marcha del peaje ilegal a camiones en la N-1 y la A-15, la Diputación Foral de Guipúzcoa continuó exigiendo el cobro de los mismos a los miles de camioneros que diariamente transitaron por ambas vías, alegando “que la decisión no era firme hasta el pronunciamiento del Tribunal Supremo”. 

Las principales asociaciones de transportistas siguieron recurriendo dicho peaje ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. En Mayo de 2020, el TSJPV ratificó que la reforma exprés se trataba de una versión “maquillada” de la norma anterior ya anulada y condenó de nuevo en costas tanto a la Diputación como a las Juntas Generales de Guipúzcoa.

Ante esto, y a la espera de que el Tribunal Supremo resolviera el recurso de casación, desde las organizaciones nacionales de transporte se recomendó que “todos los transportistas afectados conservasen tanto las facturas de los peajes abonados como de las posibles sanciones que se les hubieran impuesto”.

El Tribunal Supremo dio la razón a los transportistas 

A principios de 2021, tres años después de la puesta en marcha del peaje a camiones en la N-1 y la A-15, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto por la Diputación Foral de Guipúzcoa y las Juntas Generales. Así, en términos de la propia sentencia, se declaró nula la Norma Foral 7/2016, de 15 de diciembre, por la que se regulaba el canon de utilización de determinados tramos de dichas carreteras. Esta resolución suponía de forma definitiva la eliminación y supresión de los peajes en dicho territorio. 

Tal y como recoge la sentencia, “los peajes gravan en mayor medida los tramos de salida y de entrada al citado territorio, así como a los vehículos pesados de más de 12 toneladas, e incurre en una discriminación indirecta por razón del origen o destino de la operación de transporte, prohibida por el artículo 7.3 de la Directiva 1999/62/CE, relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras”.

Tras la sentencia, valorada positivamente por las organizaciones de transporte, se abrió la puerta a que los transportistas pudieran recuperar el importe “indebidamente” recaudado, así como los correspondientes intereses legales de demora y posibles sanciones que hubieran podido ser impuestas por este motivo. 

Pese a la sentencia, los peajes siguieron en funcionamiento 

Pese a la desestimación del recurso de casación por parte del Tribunal Supremo, el Gobierno provincial decidió mantener el cobro de los peajes. Tal y como explicaron desde Fenadismer, esta decisión fue consecuencia de la reforma exprés puesta en marcha a mediados de 2019, ya que, tras haber sido declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la resolución sobre esta reforma por parte del Tribunal Supremo aun estaba pendiente.

No obstante, tal y como informó Fenadismer, tras la sentencia del Tribunal Supremo en relación con la primera Norma Foral, todo lo recaudado desde su implantación en enero de 2018 hasta la puesta en marcha de la reforma exprés en mayo de 2019, “debía ser devuelto íntegramente a los transportistas”. Según los cálculos de Fenadismer, la cuantía ascendía a unos 15 millones de euros. 

Tras la resolución del Tribunal Supremo, las asociaciones de transportistas que conforman el Comité Nacional de Transporte por Carretera presentaron en junio de 2021 una Querella Criminal contra la Diputada Foral de Infraestructuras, Ainztane Olabide y la empresa pública BIDEGI, que gestionaba el cobro de los peajes, “por seguir cobrando el canon en la N-1 y la A-15 aun teniendo pleno conocimiento de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vaco declaró nula la Norma Foral”. 

Los peajes dejaron de funcionar en octubre de 2021

Tras las sentencias dictadas tanto por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco como por el Tribunal Supremo y la presión ejercida por las organizaciones de transportistas, en octubre de 2021 la Diputación de Guipúzcoa paralizó el cobro de los peajes a camiones. Entonces, según datos facilitados por Fenadismer, aproximadamente unos 1.500 transportistas autónomos y empresas de transporte solicitaron todo lo cobrado durante los casi cuatro años en que estuvo vigente el gravamen. 

“Durante este tiempo, lamentablemente, la Diputación de Guipúzcoa ha mostrado una incompresible actitud de resistencia en acceder al pago de lo reclamado pese a que las sentencias del Alto Tribunal eran absolutamente claras al respecto, lo que ha obligado a los transportistas afectados a tener que reclamar judicialmente dicha devolución, que como era de esperar han empezado a ser resueltas favorablemente por los Juzgados de San Sebastián”, explicaron desde Fenadismer. De hecho, el pasado miércoles 11 de enero de 2023, se notificó la sentencia sobre un recurso planteado por tres transportistas, que condena a la Administración Foral a devolver el dinero correspondiente y a abonar “cuantiosos intereses de demora”.

Según las previsiones de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, se estima que durante las próximas semanas y meses “se produzca una cascada de miles de sentencias condenatoriascontra la Diputación de Guipúzcoa por su negativa a devolver voluntariamente lo cobrado ilegalmente desde 2018”. 

La Diputación Foral pretende reestablecer por tercera vez los peajes

Si bien es cierto que desde octubre de 2021 Guipúzcoa no cobra a los camiones peaje por transitar por la N-1 y la A-15, la Diputación Foral lleva meses trabajando en una tercera Norma Foral, que fue aprobada en diciembre de 2021 por las Juntas Generales de Guipúzcoa. Esta nueva medida implica ampliar el peaje a la totalidad de la N-1 y la A-15 en la provincia y triplicar el importe del peaje en comparación con lo que se venía pagando por el mismo hasta octubre de 2021. 

Aunque esta tercera Norma Foral ha sido recurrida por las organizaciones empresariales que conforman el Comité Nacional del Transporte y dicho recurso ha sido admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Guipúzcoa reactivará el próximo lunes 23 de enero el peaje a camiones en ambas carreteras.

En este caso, la nueva regulación somete a peaje prácticamente todo el trazado de ambas vías, en concreto en 49 kilómetros de la N-1 y 28 kilómetros de la A-15, estableciendo siete pórticos de control y 108 banderolas de paso para el cobro del peaje, frente a los tan sólo cuatro pórticos que había con anterioridad.

“La nueva Norma Foral impulsada por la Diputación guipuzcoana, plantea incrementar sustancialmente el importe de los peajes, llegando a “triplicar” el peaje exigido anteriormente hasta su anulación, en concreto hasta los 0,28 euros por kilómetro recorrido para los camiones de mayor tonelaje, superando con creces el de la media de las autopistas de peaje de alta capacidad del resto del territorio nacional, que se sitúa en una media de 0,19 euros en las autopistas de peaje españolas”, denunciaron desde Fenadismer.