Los pequeños negocios de la Construcción también deberán crear planes de pensiones para sus empleados

A partir del próximo 1 de febrero, todos los negocios de la Construcción, independientemente de su tamaño, deberán realizar aportaciones mensuales al plan de pensiones de empleo sectorial en nombre de sus asalariados, tal y como se recoge en el nuevo convenio colectivo del sector.

Según comentaron los expertos, es el primero que recoge esta obligación, y “seguro que marca el camino a seguir para extenderse a otros sectores.” En este caso, los graduados sociales estiman que supondrá un incremento del coste salarial de unos 20 euros por empleado.

Tal y como explicaron a este diario desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), el plan de pensiones sectorial estará gestionado por VidaCaixa, una de las entidades que primero puso en marcha estos de ahorro para la jubilación, por ejemplo, con la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).

Estas aportaciones, según los graduados, podrán ser rescatadas por los asalariados en caso de jubilación, defunción o incapacidad permanente; están bonificadas a efectos de cotización a la Seguridad Social “prácticamente en su totalidad”; y pueden deducirse en el Impuesto de Sociedades, con un límite del 10%.

Además, esta obligación tiene carácter retroactivo, por lo que los negocios tendrán que realizar las aportaciones correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023, siempre que el asalariado siga dado de alta en el negocio a partir del 1 de febrero.

La obligación supondrá un incremento de costes para los negocios, pero atraerá a nuevos trabajadores, según la CNC

Sin embargo, aunque las condiciones recogidas en el convenio permitirán que los autónomos y negocios recuperar parte de las aportaciones -en forma de bonificación o deducciones-, la obligación de aportar al plan de pensiones de empleo de la Construcción supondrá “un sobrecoste y mayor operativa de gestión” para estos negocios, según reconocieron los graduados sociales consultados por este medio.

Por su parte, fuentes de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) valoraron a este diario que las aportaciones acordadas entre patronal y sindicatos en el nuevo convenio tienen la intención “hacer el sector más atractivo para superar el problema de falta de mano de obra que afecta a la construcción en particular y a la economía en general.” Por ello, “es lógico que haya un incremento de costes dentro del papel llamado a jugar por las empresas del sector”, afirmaron.

Estas son las condiciones que tendrán que cumplir todos los negocios de la Construcción al aportar a un plan de pensiones por sus asalariados

Según explicaron los graduados sociales, la obligación de los negocios de la Construcción de realizar aportaciones a un plan de pensiones de empleo simplificado es una importante novedad recogida en el nuevo convenio colectivo del sector, y podría fijar las líneas para la negociación entre empresas y trabajadores por cuenta ajena en otros sectores.

Daniel Blas, graduado social y consultor laboral de la asesoría Afiris, respondió algunas de las preguntas que los autónomos con asalariados y negocios de la Construcción se hacen más frecuentemente, ante la inminente entrada en vigor de esta nueva obligación:

• A partir del 1 de febrero, todas las empresas tendrán que realizar contribuciones mensuales, las cuales se efectuarán o ingresarán a mes vencido el día 22 de cada mes.
• Si se incorpora una persona a la empresa a partir del 1 de febrero y aunque sea un contrato temporal de escasa duración -por ejemplo, de un solo día-, habría que cumplir con la obligación de aportar.
• Tanto la empresa como el asalariado podrán realizar aportaciones voluntarias.
• Si el asalariado termina su relación laboral con la empresa, podrá trasladar los fondos a otro plan de pensiones.
• Los fondos cubrirán las contingencias de jubilación, fallecimiento e incapacidad permanente. Es decir, los asalariados “podrán rescatarlas cuando concurra cualquiera de estas circunstancias”, explicó Daniel Blas.
• Las empresas podrán deducir del Impuesto de Sociedades el 10% de las contribuciones, con el límite de la retribución anual de 27.000 euros.
• Las aportaciones cotizan a la Seguridad Social como retribución en especie, “pero están prácticamente bonificadas en su totalidad”, afirmó Daniel Blas.
• Las contribuciones no están sujetas a IRPF.
• Los asalariados no podrán renunciar al plan a cambio de una compensación económica.

Además, desde el Colegio de Graduados Sociales recordaron la obligatoriedad de estas aportaciones, una cuestión que será vigilada por la Inspección de Trabajo, quien puede imponer sanciones a los negocios que no se inscriban en el plan de pensiones o no realicen las aportaciones debidas.

Para darse de alta, los autónomos con asalariados y negocios de la Construcción deberán rellenar el anexo facilitado por la entidad gestora -en este caso, VidaCaixa-, “que estará disponible en su página web”, según afirmaron desde la Confederación de Empresarios de Albacete.

Los negocios deberán realizar retroactivamente las aportaciones correspondientes a 2022 y 2023

En este caso, el convenio de la Construcción establece que los negocios deberán realizar las aportaciones con efecto retroactivo desde 2022, y da de plazo 90 días a las empresas -desde su entrada en vigor- para ponerse al día con estos pagos. Por tanto, tendrán hasta el 1 de mayo para realizar las contribuciones correspondientes a 2022 y 2023.

Con respecto a las cantidades a aportar, el convenio recoge las siguiente:

• En 2022, el 1% de los sueldos recogidos en las tablas salariales que se recogen en el convenio provincial correspondiente durante 2021.
• En 2023, la misma cuantía.
• En 2024, serán las mismas cantidades, sumando un 0,25% de las tablas salariales correspondientes a 2023.

Estos porcentajes dependen de las tablas salariales recogidas en los respectivos convenios provinciales, por lo que las cantidades a aportar podrían variar entre un territorio y otro. Según afirmó a este diario Daniel Blas, las previsiones del sector pasan “porque la aportación media sea de unos 20 euros al mes por asalariado.”

Tomando como referencia las tablas salariales del convenio provincial de Albacete, que recogieron desde la Confederación de Empresarios de la provincia, los negocios de la construcción en este territorio deberían regularizar su situación, a partir del próximo 1 de febrero, de la siguiente forma:

Poniendo como ejemplo a un negocio que tuviera un asalariado dado de alta antes de 2022 en el grupo XII del convenio, debería aportar a su plan de pensiones, antes del 1 de mayo, 415,04 euros, correspondientes a las contribuciones de 2022 y 2023. Esta cantidad se incrementaría hasta los 657,50 euros, en caso de que el empleado se encuentre en el Grupo II del convenio.

Sin embargo, esta retroactividad sólo afecta a “las personas dadas de alta a partir de la entrada en vigor del Plan, el 1 de febrero. Es decir, los negocios no tendrían que aportar por los asalariados que hayan cesado antes de esa fecha en la empresa”, aclaró Daniel Blas.

Por su parte, los negocios deberán aportar este año, el día 22 de cada mes, las mismas cantidades de 2022 y 2023, sumando un 0,25% de las tablas salariales del año pasado, lo que incrementará las aportaciones entre 3,84 y 4,46 euros mensuales. Así, en 2024 deberán contribuir al plan de pensiones de empleo con entre 21,13 y 31,86 euros por asalariado. O, lo que es lo mismo, entre 253,56 y 382,32 euros al año, dependiendo de su categoría profesional.

Los autónomos también pueden realizar aportaciones en su nombre y deducir hasta 4.250 euros en el IRPF

Además, los autónomos de la Construcción también podrán realizar aportaciones al plan de pensiones de empleo simplificado en su propio nombre. Estas contribuciones les permitirán deducir hasta 4.250 euros anuales en sus declaraciones de RENTA, después de la entrada en vigor de este producto de ahorro para la jubilación, a mediados de 2022.

Así, estas deducciones podrían sumarse al límite de 1.500 euros permitido por Hacienda en el caso de los planes de pensiones individuales, para alcanzar una reducción de hasta 5.750 euros al año en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).