¿Por qué la morosidad de las administraciones que sufren los autónomos siempre crece en agosto?

Este agosto, la Administración publica tardó más días de lo normal en pagar a sus proveedores, muchos de ellos trabajadores autónomos. La dilatación de los pagos del sector público se acentúa en verano y es una situación, como reconocen desde el Estado, “habitual” en el periodo estival. Sin embargo, para los expertos se trata de un modus operandi un tanto “injusto” porque todo apunta a que se produce por la mala gestión del funcionariado y que parece que hay que "asumir" como "normal". 

Los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública sobre los Periodos Medios de Pago a Proveedores (PMP) de agosto, reflejan un incremento de los niveles de morosidad en el sector público procedentes principalmente de la actuación de la Administración central y de los ayuntamientos. Cuyos plazos medios de pago superaron en ambos casos los 30 días que marca la Ley de morosidad. Sólo se salvan las entidades autonómicas, que abonaron sus facturas dentro de lo que dicta la normativa, si bien muy cerca del límite, con una tardanza media de 29,44 días.

Así, el Período Medio de Pago a Proveedores (PMP) de la la Administración Central alcanzó en agosto los 36,76 días. Son 7,48 días más que en julio de este mismo año. Según detalla el comunicado del Ministerio, “el ratio de operaciones pagadas se ha situado en 31,9 días, mientras que la ratio de operaciones pendientes de pago ha alcanzado los 41,97 días”. En cuanto a las entidades locales, el PMP se sitúa por encima del doble de lo que marca la Ley: 77,08 días. Ambos PMP aumentaron en el octavo mes del año.

La particularidad de estos datos no reside en que tanto la Administración central como la local, se saltan la Ley de morosidad perjudicando gravemente a los pequeños negocios, sino en que el Estado reconoce una habitualidad en el retraso del abono de las facturas porque es verano. España es uno de los pocos países de Europa en donde se "admite" y se "justifica" que la función pública se ralentice durante el periodo estival aunque esto perjudique al administrado, aseguraron desde las organizaciones de autónomos. 

Si trabajas con la Administración, que sepas que en agosto te van a pagar más tarde

En el comunicado emitido por el Ministerio explican que es un hecho que la morosidad del sector público se incremente en agosto. Según dicen, “se debe” a que se trata de un “período estival, cuando los pagos se ralentizan”. Algo que catalogan de normal: “de hecho, la evolución habitual del PMP es que repunta en los meses de verano, sobre todo en agosto”.

Para los expertos consultados por este diario digital se trata de una "normalidad" que no debería ni producirse. Y que sería una actuación impensable en otras instituciones gubernamentales europeas. El presidente de la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (Fettaf), Joan Torres, explicó que aunque no hay una confirmación oficial del Gobierno de que el aumento de la morosidad en los pagos se produzca por falta de personal, “ésta es, al menos, la excusa que te dan los funcionarios públicos”.

Según Torres, desde las administraciones públicas se da por hecho de que se tiene que producir una ralentización en su funcionamiento por el simple hecho de que es verano y hay menos personal. “Desde el sector público no lo reconocerán, pero estoy casi seguro de que uno de los motivos del aumento de la tardanza en pagar es la falta de trabajadores. Porque cuando hablas con los funcionarios en verano, te explican que no pueden atender tu petición o que no pueden realizar ciertos trámites porque la mayoría de sus compañeros están de vacaciones” dijo el presidente de Fettaf. Que apuntó que es algo que ocurre muy especialmente en los ayuntamientos.

A su modo de ver, ello se ha convertido en una “excusa” del comportamiento de la Administración, que no debería ni siquiera producirse, y menos dar por hecho. “Es una situación que no tendría que pasar. Es absurdo” criticó Torres.

Las administraciones pueden incumplir la ley en verano pero el autónomo no

Por último, este experto comentó el daño que esta forma de actuar del sector público causa en los autónomos y negocios que son proveedores de servicios de la Administración. A los que no sólo se les paga fuera del tiempo permitido por la ley, sino que encima no le abonan una factura antes porque es verano. “Todo ello, cuando si la situación fuese a la inversa, el autónomo tendría que abonar casi al instante su deuda con el Estado, mientras que las administraciones públicas pueden dilatar sus pagos e incumplir la ley, sin recibir ningún tipo de perjuicio. Es algo que tristemente siempre ha ocurrido” se lamentó Torres.

Las comunidades autónomas están mejorando

Otro de los datos que destacan de los PMP de agosto publicado esta semana por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, es que las autonomías llevan nueve meses seguidos pagando a sus autónomos y negocios proveedores de servicios por debajo de los 30 días. Esto es, cumpliendo con los plazos de tiempo que estipula la Ley de morosidad, con 29,44 días de tardanza el pasado agosto.

Se trata de un hito para la Administración pública. El comunicado del Ministerio recoge que “de esta forma, el PMP de las comunidades autónomas mantiene la tendencia de meses anteriores de situarse por debajo del plazo marcado por la norma”. Y explica que “estos datos históricos se deben, en gran parte, a los recursos transferidos por el Gobierno central a los gobiernos autonómicos, que han logrado atenuar el impacto de la crisis en las empresas y pymes que son proveedoras de estos gobiernos”.

Si bien, al igual que ocurre con la central y la local, la administración autonómica también aumentó sus PMP en agosto en 5,47 días. Subida justificada nuevamente por el Gobierno como “consecuencia del periodo vacacional".

Un régimen sancionador que actúe también contra la morosidad pública

Entre los proyectos de Ley que hay pendientes de discusión en el Congreso de los Diputados, se encuentra el de la reforma de la Ley de Morosidad para conseguir dotarle a la norma de un régimen sancionador que penalice a todos los organismos que paguen fuera de los plazos de 30 días o 60 días, depende de si es una entidad pública o privada, establecidos. Sin embargo, y pese a la importancia de la norma para el colectivo de autónomos y los pequeños negocios -se dice que uno de cada cuatro cierres de negocios se debe a la morosidad tanto pública como privada- ésta parece estar atascada en la Cámara Baja.

La vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Celia Ferrero, explicaba a este diario al terminar el periodo de enmiendas de la norma el pasado septiembre, que la Federación presentó sus alegaciones. “Ahora empieza el procedimiento formal (debe volver al Congreso, a la comisión, al Congreso y al Senado, antes de ser publicado en el Boletín Oficial del Estado -BOE-), proceso que puede tardar meses. Todo dependerá de la agenda del Gobierno” apuntó Ferrero.