Las universidades protestan contra el nuevo sistema de cotización de los becarios en vigor desde el 1 de enero
Los rectores universitarios consideran que son los centros educativos los que están asumiendo el coste de la nueva obligación de cotizar para todos los becarios. Según afirman, la Seguridad Social no está respondiendo a sus dudas.
Tras la entrada en vigor, el pasado 1 de enero, de la obligación de cotización para los estudiantes en prácticas curriculares, la Conferencia de Rectores de Universidades (CRUE) ha emitido un comunicado en el que protesta por el modo en el que se está implementando el sistema.
Así, según explicaron, en la mayoría de casos están siendo los centros educativos quienes están gestionando el alta en la Seguridad Social de los estudiantes que realizan prácticas curriculares obligatorias -en las que es obligatorio cotizar desde el pasado octubre-, así como el abono de sus cotizaciones, obligatorias desde el pasado 1 de enero también en los casos en los que las prácticas se realizan sin contraprestación económica.
Además, el Gobierno estaría dirigiéndose a las universidades directamente -y no a los negocios que contratan becarios- para hacer efectiva esta obligación, que podrá alargarse, en el caso de los nuevos alumnos contratados en prácticas desde este año, hasta el 31 de marzo.
Los rectores de las universidades calculan que pagarán 9 millones de euros por las cotizaciones de los alumnos en prácticas
Según afirmaron desde el CRUE, A pesar de que la ley atribuye principalmente la responsabilidad de gestionar y pagar estas cotizaciones a los negocios o entidades que contraten a los becarios, “tanto las empresas como las administraciones públicas se han desentendido de esta obligación y han sido las universidades las que hemos tenido que asumir estas tareas. En el caso de las empresas, más de un 98% han eludido el pago de las cotizaciones y un 100% su gestión administrativa”, explicaron.
Además, los rectores de las universidades españolas recordaron que la Seguridad Social todavía no ha respondido algunas dudas sobre la nueva obligación de cotizar por los becarios que realicen prácticas en los negocios. Por ejemplo, sobre “cómo actuar con el estudiantado en movilidad saliente o entrante o con el estudiantado que en este momento recibe tratamiento médico dentro de la cobertura que se proporciona a sus progenitores a través de MUFACE.”
Por otro lado, “las universidades nos sentimos agraviadas, en términos comparativos, al conocer cómo desde el Gobierno se ha asumido la gestión y coste de las prácticas correspondientes al estudiantado de Formación Profesional, sin dar el mismo tratamiento al estudiantado universitario, lo cual establece un evidente principio de discriminación”, valoraron desde el CRUE.
Las universidades, “a pesar de sus muchas dificultades financieras”, han asumido el coste de estas cotizaciones -unos nueve millones de euros anuales siempre que se mantenga la bonificación- y, sobre todo, el enorme esfuerzo de gestión administrativa que representan las 400.000 prácticas estimadas y que “nos está obligando a incrementar nuestras plantillas de personal técnico, de gestión, administración y servicios, a adquirir plataformas digitales y a formar a nuestro personal”, destacaron.
Ante esta situación, las universidades españolas quisieron “dejar constancia de su plena disposición para que el nuevo sistema se pueda aplicar con todas las garantías y quieren trasladar tranquilidad a sus estudiantes, pues seguirán actuando con la responsabilidad y el compromiso institucional que las caracteriza y velando siempre por la mejor formación y empleabilidad de su estudiantado”, concluyeron.
Los alumnos en prácticas curriculares deben cotizar a la Seguridad Social desde octubre
Las empresas que contraten en prácticas curriculares -las necesarias para obtener el título- estudiantes universitarios o de formación profesional deben comenzar a pagar cotizaciones sociales desde el pasado 1 de octubre. Así se recogió en el decreto ley publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado viernes, y en el que también se articula el segundo paquete de medidas de la reforma de las pensiones.
De esta manera, el Gobierno adelantó la inclusión de los llamados becarios en el sistema de Seguridad Social, una medida que, a priori, iba a enmarcarse dentro del Estatuto del Becario, una promesa de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que todavía no ha visto la luz. Aunque, tal y como establece el decreto, autónomos y empresarios podrán deducirse hasta el 95% de las cuotas de estos estudiantes.
A pesar de la deducción, ya se dijo en su día que las empresas no estaban muy por la labor de asumir un coste en cotizaciones de unos alumnos que iban a los negocios a aprender, como si fuera la universidad o el centro de formación profesional, y a adquirir unos créditos obligatorios para finalizar sus estudios de grado.
