Miles de negocios trabajarán a pérdidas para la Administración si sube de nuevo el SMI
Ante la negativa de la ministra de Hacienda a aprobar la indexación de los contratos públicos con las subidas del SMI, desde ATA afirmaron que el Gobierno “está asfixiando a los autónomos" al congelar el precio de las licitaciones que ya firmaron.
Los autónomos y pequeños negocios que trabajan para la Administración tienen un problema cada vez que sube el Salario Mínimo Interprofesional. No pueden repercutir el aumento de los costes salariales en el contrato que firmaron porque la administración se niega a actualizarlo al nuevo SMI. Es decir, se les imposibilita para poder repercutir el nuevo incremento de los costes salariales que han supuesto las sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Esta cuestión, que tiene un importante impacto en las cuentas de los trabajadores por cuenta propia, parece el principal escollo entre la patronal y el Gobierno para pactar una nueva subida del salario mínimo en 2024.
Se trata de un asunto que la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) llevan tiempo denunciando, del mismo modo que la congelación de las tarifas que las administraciones públicas pagan a las empresas por los contratos, que llevan años sin actualizarse mientras el SMI ha crecido un 47% desde la entrada en el Gobierno de Pedro Sánchez.
A pesar de ello, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado contraria a conceder una indexación de las subidas del SMI a los contratos que los autónomos y pequeños negocios firman con la Administración para, por ejemplo, realizar una obra o el mantenimiento de las instalaciones públicas. En muchos casos, las empresas que realizan estos servicios son pequeñas subcontratas que sólo pueden pagar a sus empleados el salario mínimo.
Según explicaron los expertos consultados por este diario, la cuestión principal radica en el ajustado presupuesto de las licitaciones públicas. Si un autónomo firma un contrato con la administración o es subcontratado por una empresa más grande y el SMI sube, su negocio deberá asumir individualmente este incremento. Incluso, aunque el precio estipulado previamente en el contrato deje de compensarle. Sin embargo, debe seguir cumpliendo con el servicio al que se ha comprometido.
La indexación de los contratos públicos al SMI impide el acuerdo entre patronal y Gobierno
La modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para permitir indexar la subida del Salario Mínimo Interprofesional a la cuantía de los contratos que los autónomos y negocios mantienen con la Administración parece el principal escollo en la negociación por una nueva subida del salario mínimo, que, según la propuesta del Gobierno, podría alcanzar el 4% a partir del próximo 1 de enero.
Así lo ha mostrado el presidente de ATA, Lorenzo Amor, afirmando que “el Gobierno asfixia a los autónomos y pequeñas empresas que prestan servicios a las administraciones, al obligarles a subir el SMI un 47% en los últimos años, pero sin aumentar nada la prestación que pagan las administraciones”. Ante esta situación, “es una irresponsabilidad volver a subir el SMI y no aplicar la misma subida a los contratos públicos”, afirmó.
En la misma línea, la vicepresidenta de ATA, Celia Ferrero, manifestó hace unos días que “la Administración española es hoy la que más precariza el mercado laboral, compitiendo de forma desleal con el sector privado, mermando su capacidad de inversión, innovación y transformación para incrementar su competitividad y adelgazando deliberadamente su peso en nuestra economía”.
El debate sobre este asunto está siendo especialmente llamativo, teniendo en cuenta que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se mostró favorable a conceder esta reclamación de los autónomos y empresarios, mientras que la de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó que “no tendría ningún sentido”, al considerar que la subida del SMI “no puede ser a costa de la propia recaudación del conjunto de los españoles y suponer que ahora pagaremos por esos servicios más de lo que veníamos pagando anteriormente.”
Ante estas diferencias dentro del Consejo de Ministros, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, manifestó que la indexación de los contratos públicos al SMI es una cuestión “de justicia. Creo que no estamos diciendo que nadie gana, lo que estamos diciendo es que nadie pierda. Hay miles, cientos de miles de pequeños empresarios, de autónomos, que realmente se ven afectos por esto", explicó el presidente de la patronal.
Miles de licitaciones públicas quedan desiertas cada año por sus bajos precios
La negativa de la ministra de Hacienda a subir los precios de los contratos públicos e indexarlos a las sucesivas subidas del SMI se produce en un contexto en el que, cada año, miles de licitaciones públicas quedan desiertas por esta cuestión. En concreto, alrededor del 10%, según el último informe de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon).
Además, en el 47% de las ofertas de contratación pública sólo se presenta uno o ningún negocio. Ello es debido, en parte, al bajo precio que las administraciones suelen ofrecer por estos servicios, que en ocasiones llevan décadas sin actualizarse. En estos casos, “si una licitación, por falta presupuestaria, queda desierta – es decir, nadie se presenta -, la administración vuelve a lanzarla para acogerse al precio de mercado u ofrecer un presupuesto más llamativo”, explicó a este diario Gádor Espinosa, fundadora del agregador de licitaciones públicas iTendersPro.
